El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) es desde hace días el eje de las críticas de numerosos sectores que observan con descrédito las posibles consecuencias de la aprobación de este capítulo trascendental en la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Orientado a la promoción de la inversión extranjera, el RIGI ha sido objeto de cuestionamientos de diferentes sectores: desde la oposición política hasta las cámaras Pymes, pasando por productores locales e incluso sectores de la poderosa Unión Industrial Argentina. ¿Qué hay detrás de la fachada de un régimen especial para atraer capitales?
El RIGI postula una serie de beneficios para proyectos que inviertan más de 200 millones de dólares. Ofrece un compendio de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para que las grandes inversiones en minería y energía lleguen al país. Hasta ahí todo bien. Pero atentos a la letra chica.
Los proyectos deben concretar el 40% de la inversión en los próximos dos años. A cambio, tienen beneficios tributarios por los próximos 30 años. Un manotazo de ahogado para acumular dólares en el corto plazo.
El RIGI implica que las grandes empresas tributen menos: la tasa de impuesto a las ganancias se reduce del 35% al 25%. Lo más grave es que, después de los primeros siete años, las utilidades que giren al exterior pagarían 0% de impuestos. Es decir, pasado ese plazo las grandes empresas explotarán nuestros recursos sin dejar siquiera una migaja.
Se suma que, a partir del tercer año, las grandes empresas podrán hacer un uso totalmente libre de los dólares generados por exportaciones, lo que reduce la disponibilidad de divisas a futuro. Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina.
Además, el RIGI exime a estos grandes proyectos de pagar impuestos para comprar maquinaria usada importada. Quiere decir que la inversión no impactaría en otros sectores como la industria pesada nacional y facilitaría la importación de máquinas y piezas que incluso se producen en el país.
Por último, el RIGI establece que en caso de litigio entre Estado y empresas, los diferendos se resuelvan en el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial y sumamente hostil a las posiciones nacionales. Una pérdida declarada de soberanía.
