La Mesa de Enlace convocó a un cese de comercialización de granos y hacienda para faena entre el lunes y el jueves en respuesta a la decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a la soja, del 30 al 33%. «Basta de ajustar al que produce, que ajuste el Estado», afirmó el sector integrado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y CONINAGRO. La medida del Ejecutivo fue acompañada de un sistema de compensaciones para unos 42 mil productores pequeños y medianos -de hasta 1000 toneladas anuales de soja-, que representan el 74% de los agricultores del cultivo y el 23% de su cosecha.
En ese marco, el llamado al primer lock out contra el gobierno de Alberto Fernández fue rechazado por las bases que combaten históricamente los privilegios del sector. La conducción nacional de la Federación Agraria, que se dirime en una fuerte disputa interna más acentuada desde el conflicto por la Resolución 125 en el año 2008, planteó que -frente a la aparición de diferentes posturas- se «decide resguardar la unión de la entidad y deja a sus bases libres de acción ante el paro convocado». Cabe destacar que Bases Federadas, el principal sector de oposición que tiene como cara visible al ex titular de FAA Omar Príncipe, sostuvo que «los productores más chicos, las cooperativas y mutuales de las que formamos parte, hemos sido víctimas de un modelo de concentración y exclusión que otras veces se ha intentado imponer en nuestro país y por eso ya sabemos que llevará tiempo revertirlo y ponernos en marcha, y que para eso se necesitan políticas públicas que alienten la producción y el desarrollo».
En el mismo comunicado, los chacareros destacan que «la propuesta rebaja las retenciones para la mayoría de los cultivos y las economías regionales, al igual que la compensación a los productores de soja de menos de 10.000 quintales. Este es el camino que proponemos y que estamos empezando a transitar».
Hasta el propio Eduardo Buzzi, quien era titular de Federación Agraria durante el conflicto con el kirchnerismo en 2008, sostuvo que «es lamentable la decisión de ir al paro». La Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe) también se mostró abiertamente en contra de la medida y destacó la segmentación para los pequeños productores como una «demanda histórica del sector». «La producción agropecuaria necesita dejar atrás la dinámica del conflicto, para lograr entablar una mesa de diálogo con el gobierno, destinada a resolver las cuestiones que hoy requiere la actividad como el financiamiento y el acceso a la tierra», dijo la cooperativa.
El «campo» no es un agente monolítico y también evidencia contradicciones, pero en la actualidad está atravesado por una notable concentración. La presencia del capital extranjero en áreas claves del agronegocio se tradujo en una crisis profunda de la pequeña producción. En los últimos 25 años la producción agraria se triplicó, pero en dicho marco la soja pasó de representar el 25% al 50% de la producción. Este proceso le quitó 10 millones de hectáreas a la ganadería y ha provocado un fuerte daño ambiental a partir del desmonte de bosques nativos, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Por esta razón, los reyes de la soja -un pequeño universo de 2800 sobre 75000 productores- resisten una medida gubernamental que busca aminorar desigualdades estructurales.
«El aumento de las retenciones debidamente segmentadas y dirigidas a la gran burguesía agraria no sólo es una estrategia fiscal justa en un contexto de dificultades como el que vive hoy el país. Es también un mecanismo que al capturar parte de esa renta extraordinaria que promueve el monocultivo sojero, permite impulsar políticas más equilibradas y razonables en el sector agropecuario», concluye el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano.
