Más de una decena de negocios permanecen en conflicto porque fueron desalojados y perdieron su mercadería.



Gabriela trabaja desde hace 12 años, 6 como empleada y 6 como trabajadora independiente, y a principios de este mes le fue arrebatado su puesto de trabajo en uno de los locales aledaños a la estación del tren del barrio porteño de Liniers. Luego de pagar alrededor de 300 mil pesos para conseguir la habilitación de su negocio, fue brutalmente sacada de su lugar de trabajo junto al resto de los y las trabajadoras del complejo de aproximadamente 15 locales ubicados sobre Rivadavia en sentido paralelo a la estación.

La tensión inicia el 2 de Marzo cuando la Fiscalía 21 montó un megaoperativo de conjunto con el Gobierno de la Ciudad y la Policía Metropolitana autorizado por la Dra. Celsa Rodríguez. Labraron un acta de intimación y otra contravencional que obliga a habilitar los locales y además dispone el secuestro total de la mercadería que se encontraba en el lugar. En medio del operativo hubo agresiones y lesiones a trabajadores y trabajadoras que se negaban a abandonar su fuente de trabajo diaria.

El problema de fondo comienza mucho antes. El “Centro Comercial a cielo abierto” tiene más de 30 años y es propiedad de la empresa SOFSE, a cargo de Rodolfo Ercibella. Uno de los principales inconvenientes radica en que los contratos firmados con los comerciantes resultaron ser truchos o eran firmados entre los comerciantes y un tercero al que la empresa le alquilaba los negocios para que éste lo subalquile a los y las trabajadoras. Lo que empezaba de esta manera terminó desencadenando un sinfín de conflictos que dejó a 24 familias en la calle.

Desde que iniciaron las obras en la estación de Liniers, la empresa SOFSE fue notificada de que los comerciantes que permanecían trabajando en los alrededores debían buscarse un nuevo lugar en un plazo de 12 meses. Esta información no sólo nunca fue notificada a los y las laburantes sino que además la empresa obligaba a habilitar los negocios, para lo que se necesitaba solventar la deuda anterior que va de los 150 mil pesos en adelante por cada local. Al tiempo que pagaban la deuda tenían que seguir abonando el alquiler para seguir trabajando y consiguiendo el ingreso necesario para sostener a sus familias.

Una vez que efectuaron el pago de más de 250 mil pesos (entre deuda y alquiler) fueron despojados de su negocio. Elevaron reiterados reclamos al Gobierno de la Ciudad y la justicia, y en ninguna oportunidad han recibido una respuesta. Aún presentando los comprobantes de pago del alquiler y de la deuda en curso, sus reclamos son desoídos y se encuentran desamparados. Momentáneamente improvisaron una parrilla y un minikiosco sobre la calle, lo recaudado es dividido entre la totalidad de laburantes. Además instalaron una carpa para la que se turnan entre las familias para sostenerla por las noches. De esta forma buscan resistir al ataque sufrido por la empresa que los estafó y encrudecido por el abandono del gobierno porteño.