Lanzan una campaña contra las esterilizaciones forzadas de mujeres con discapacidad

La maternidad será sin capacitismo (y deseada) o no será

En el marco del “Proyecto DeSeAr con Inclusión", un grupo de organizaciones civiles lanzaron la campaña #BastadeEsterilizacionesForzadas para modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica. Desde allí denuncian que el Estado argentino no se atiene a los estándares internacionales.

La conquista del derecho a elegir gestar, parir y maternar (o no) es uno de los temas centrales del feminismo desde hace décadas. Sin embargo, mientras algunas exigen su derecho a interrumpir un embarazo, otras son esterilizadas sin su consentimiento y de forma indiscriminada. En Argentina, el 14% de las mujeres vive con alguna discapacidad y no sólo son estigmatizadas por la sociedad, sino también invisibilizadas por los profesionales de la salud, infantilizadas por su entorno y los feminismos aún no les dan el suficiente espacio como actoras políticas. Así, las mujeres y niñas con discapacidad son hiper o asexualizadas negándosele el acceso al deseo y al placer. En el marco del  “Proyecto DeSeAr con Inclusión», que trabaja sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas con discapacidad, Fusa Asociación Civil y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) lanzaron junto un grupo de organizaciones civiles- la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)- la campaña #BastadeEsterilizacionesForzadas para modificar los artículos 2 y 3 de la Ley 26.130 de contracepción quirúrgica.

A nivel internacional, la Argentina adhiere a la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad de la ONU, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional y explicita que las personas con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su fertilidad. Aún así, la justicia local sigue aplicando la ley 26.130, que si bien dicta que la esterilización solo puede realizarse bajo consentimiento informado, en su artículo 2 deja sentado que “si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica debe ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial”. Esta cláusula limita el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus cuerpos y, al no contemplar el sistema de apoyos que ésta puede necesitar, abre la posibilidad a que la decisión esté viciada por el entorno familiar o que sea directamente tomada por los profesionales de la salud sin previo aviso.

«Conocemos casos de personas que se enteraron de que estaban esterilizadas cuando quisieron ser madres, porque en ese momento les dijeron que era una operación de apéndice o directamente después de una ILE o cesárea les hicieron la intervención sin que supieran”, explicó a El Grito del Sur Malena Correa, médica integrante de Fusa. “No existe ningún motivo por el cual una persona deba ser esterilizada sin su consentimiento, por más grave que sea el caso. Si la persona no puede dar el consentimiento es necesario darle apoyos; éstos pueden ser desde que la información esté en Braille, que se adapte a un lenguaje que pueda entender o que alguien se lo lea. No son mecanismos difíciles, lo que queremos es que sí o sí medie el consentimiento”.

En 2012, el Comité de las Personas con Discapacidad de la ONU -encargado de monitorear la correcta aplicación del Tratado- expresó su preocupación y recomendó a Argentina modificar dichos artículos para adecuarlos a los estándares internacionales. Pero, aún al día de hoy, la práctica continúa vigente avalando una multiplicidad de vulneraciones de derechos y violando los estándares internacionales. “No hay nada por lo cual el Estado no pueda modificar la norma y tiene la obligación de hacerlo. Además debe dar posibilidad a que las personas con discapacidad participen en la modificación legislativa, como explicita el artículo 4 de la Convención, porque obviamente se trata de una decisión que afecta a sus derechos”, aseguró Dominique Steinbrecher, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), otra de las organizaciones que integran la campaña.

Ambas coinciden en que los estereotipos sobre la discapacidad generan una mirada paternalista, por lo cual los y las profesionales de la salud creen estar actuando con buenas intenciones cuando vulneran los derechos y sobrepasan las decisiones ajenas. “La justicia local necesita una capacitación, porque muchas veces entienden las esterilizaciones forzadas como algo para prevenir atentados contra las personas. Es importante aclarar que esta práctica no previene ningun los atentados contra la persona, sino que suma una vulneración de derechos”, agregó Steinbrecher, quien resalta que si no se remueven las barreras actitudinales será más difícil la correcta implementación de la ley.

“No porque alguien no esté en condiciones de maternar tiene que ser esterilizada”, explicó la médica sobre los argumentos que esbozan los mismos antiderechos que bloquean la posibilidad de que el aborto sea legal. “Por otra parte, los médicos dicen que la esterilización sirve para evitar un abuso, pero en caso de que lo haya, hay que poner el foco en el abuso y no promover una práctica indiscriminada».

Aunque no hay cifras oficiales según Correa a nivel mundial, de las mil millones de personas con discapacidad (un 15% de la población), el 80% vive en los países más pobres. En nuestro país se calcula que el 88% de las mujeres con discapacidad de entre 40 y 45 años han sido madres. “Ese 88% ha pasado por el servicio de salud en una fase muy importante de su vida y ni siquiera hay registros de ello. Es una demanda de la comunidad científica y de quienes hacemos salud global que nos den datos, porque está tan invisibilizado el tema que ni siquiera tenemos los datos necesarios. Si no trabajamos con cifras reales, no se puede hacer políticas públicas; de ahí todos los atropellos y que sea tan difícil cambiar las actitudes».

Mil maneras del placer

Cuando se habla de la urgencia de poner el tema en agenda también se busca que el movimiento feminista conciba a las mujeres con discapacidad como sujetas políticas, algo que no sucede incluso cuando los grupos presentan sus reclamos por escrito en las asambleas: “En cierta manera consideramos que dentro del feminismo (las personas con discapacidad) siguen estando invisibilizadas. En las asambleas feministas no tienen casi peso y no es que sea un número chico, hay un montón de mujeres con sus derechos vulnerados y no tiene la trascendencia que por ahí tienen otros debates”.

En un mundo justo, igual que las mujeres y niñas que no lo desean no son madres, aquellas que lo eligen deben poder maternar. Es por eso que resulta urgente que la normativa argentina se adapte a los estándares internacionales, y los feminismos abran la cancha a otras sujetas para que el pañuelo verde sea señal de libertad, elección y deseo para todas y todes.

Foto de portada: Fusa Asociación Civil