“Terrorismo”, “caos” e “incendios” es el tridente de ataque con el que el gobierno de la provincia de Río Negro apunta contra el pueblo mapuche. Después de que se desatara un incendio en El Bolsón, la gobernadora Arabela Carreras señaló a los indígenas como principales responsables. “Hay muchos intereses detrás de la tierra desde siempre y es más fácil demonizar al pueblo mapuche, como se ha hecho históricamente, para deslegitimar sus reclamos territoriales”, dijo Orlando Carriqueo, werkén (vocero en mapudungun) de la coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro, a El Grito del Sur y reclamó que las autoridades provinciales no han accedido a sus pedidos de diálogo.
Carriqueo aseguró que le preocupa la inseguridad “jurídica y territorial, la militarización de la zona, la negación de la Justicia a reconocer leyes y derechos indígenas, derechos humanos”. “Nos pone en las puertas del terrorismo de Estado y hay fuertes intereses. Cuando se toma la dinámica de la violencia es difícil volver”, lamentó.
El miércoles 20 se incendió en El Bolsón el Club Andino Piltriquitrón (CAP). Con las llamas todavía humeando, Carreras y el intendente local, Bruno Pogliano, denunciaron un “ataque terrorista mapuche” y como toda prueba mostraron un panfleto A4 a color con consignas y nombres de empresarios y políticos que compraron tierras en el sur. Lo mismo hicieron con otro incendio a principios de octubre.
La gobernadora pidió al Gobierno nacional que envíe a Gendarmería para “patrullar la zona”, pero el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se negó. “Me parece que el camino de Río Negro es que esto se va a resolver cuando se sienten en la mesa. Se piensan que la solución es como Julio Argentino Roca, yendo a la ‘campaña del desierto’ y me parece que se equivocan feo”, dijo Fernández en declaraciones radiales y repudió “prender fuego lugares públicos” porque “no tiene nada que ver con reivindicar un derecho”.
“No es la primera vez que nos acusan. En febrero pasó lo mismo”, recordó Carriqueo y agregó que los peritajes luego arrojaron que ese incendio “se generó por la caída de un transformador e incluso había testigos y filmaciones”.
Mientras tanto, algunos medios de comunicación -con titulares rimbombantes que anuncian que “los nuevos terroristas” reclaman “la mitad de la Argentina”- se hacen eco del discurso del gobierno rionegrino, que suma también el apoyo del Ejecutivo de Chubut, en especial del ministro de Seguridad, Federico Massoni.
“Hoy Chubut y Río Negro reeditan la alianza que funcionó con Neuquén después del 2017, el comando unificado que creó (la exministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, una alianza antimapuche que consistía en el trabajo conjunto de las tres fuerzas de seguridad de las provincias para actuar contra las comunidades”, apuntó Carriqueo.
Desde 2012, Río Negro es gobernada por un partido provincial, Juntos Somos Río Negro, cuya figura principal es la del senador Alberto Weretilneck y expresa los intereses de sectores económicos, principalmente inmobiliarios -quizás el más conocido es el de Joe Lewis- y forestales.
“La provincia de Río Negro tiene 70 años. Mientras se producía la territorialización del Estado, se producía la desterritorialización de las familias mapuches”, agregó el werkén.
En 2006 se sancionó la Ley 26.160 o Ley de Tierras, que obliga a los Estados a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan y su relación histórica con ellas, para que algún día se les entreguen los títulos de propiedad originaria. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Río Negro es la única provincia que se niega a cumplir con la ley.
“Hay comunidades autónomas que respetamos, aunque no compartimos su visión política. Nosotros planteamos que el diálogo es una obligación del Estado, nos hemos sentado a la mesa y no para la foto y la gobernadora toma el camino de la represión y la persecución -afirmó Carriqueo-. Nosotros repudiamos los incendios, pero el Estado debe investigar”.
