Este jueves será de fiesta para el sector inmobiliario porteño. Es que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobará la construcción de torres en Costa Salguero, el barrio náutico «Costa Urbana» en la Costanera Sur y once convenios urbanísticos que permiten excepciones a las normas de construcción en la mitad de las comunas de la Ciudad. En busca de respuestas a esta vorágine privatizadora, El Grito del Sur habló con Bárbara Rossen, arquitecta e integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las tierras públicas.
¿Qué es la plusvalía urbana y por qué se escuchó tanto este concepto en las audiencias y el debate por Costa Salguero?
La plusvalía es el valor diferencial que se obtiene cuando se le da norma urbanística a una tierra. En el caso de Costa Salguero, como en Costa Urbana, al darle norma a una tierra donde hoy no se pueden construir viviendas, el precio de la parcela pasa a valer muchísimos miles de dólares más. El tema es quién gana esa plusvalía: ¿La gana el Estado? ¿La gana el privado? ¿La ganan los vecinos y vecinas? En general, el mecanismo que está implementando la Ciudad es bastante discrecional y, si bien se está pensando que el Estado se quede con una ganancia, no se sabe cómo van a administrar esos fondos, de qué manera, ni tampoco nos queda muy claro que sea de forma equitativa y social. De todas formas, lo primero que queremos nosotros es que esas tierras sean públicas, con lo cual no es el lugar para generar plusvalía. Está bien que exista esa plusvalía cuando en determinados barrios se modifica la norma (porque sino el privado se queda con ese valor) pero en la costa del río no corresponde el debate, corresponde recuperar las tierras que son públicas para el dominio público.
También se estarán discutiendo 11 excepciones a la norma para construir torres. ¿Qué implica esto como precedente de acuerdo entre el GCBA y sus grupos amigos inmobiliarios?
Es preocupante. El convenio urbanístico es una figura que está bien, pero que mal implementada puede ser muy grave. Es un instrumento de gestión que está en el Código Urbanístico para resolver situaciones imprevisibles y de bien común y que solamente se pueden resolver por una excepción. Pero claramente no es para promover emprendimientos discrecionales, como ahora está haciendo el GCBA, mediante el uso arbitrario de una herramienta, cambiándole el sentido, y lo que termina haciendo es vulnerar derechos. Porque las leyes tienen un espíritu relacionado con el bien común, con preservar lo que es de todos, con ciertos criterios de igualdad y el uso discrecional lo convierte en excepciones. En un barrio donde todos nos atenemos al Código Urbanístico, estas excepciones lo que hacen es generar disrupciones morfológicas con el entorno y claramente los que tienen plata poseen el beneficio de poder comprar norma. Voy a decirlo un poco groseramente, pero pareciera que en este momento hay tráfico de normas en la Legislatura. Y por esto mismo fue que el Honorable Consejo Deliberante se pasó a llamar el Palacio de la Corrupción. El debate en una ciudad se da por el uso del suelo, allí es donde se gestiona el poder real. Y nosotros queremos que el Estado encauce al mercado, pensando en el bien común, y que no sea el mercado el que esté tironeando para sacar beneficios propios.
¿Cómo se cruza el derecho a la ciudad, la construcción de barrios de lujo y la creciente exclusión de grandes sectores del acceso a la vivienda?
Es expulsivo. Lo que modifica es el valor de la tierra y genera viviendas cuyo objetivo no es garantizar el derecho al hábitat digno sino construir reservas de valor de grupos económicos que alteran completamente el mercado y los valores de los alquileres. Además dificulta muchísimo el acceso a la primer vivienda. Y va modificando algo que es central en la identidad de la Ciudad de Buenos Aires, que es la diversidad. Buenos Aires se caracterizó siempre por tener diversidad de clases sociales, de tipologías, de usos. Una gran mixtura y riqueza que se va perdiendo y se va polarizando en guetos de ricos y guetos de pobres. Avanzan con la inclusión socio-urbana de las villas, pero en realidad es para que los pobres no salgan de sus propios barrios. Y, al mismo tiempo, construyen otros barrios para que los ricos no se vayan a Nordelta. Es una ciudad de guetos y la riqueza histórica de Buenos Aires siempre ha sido la diversidad.
¿Cómo explicarías la trama de desigualdades que se genera detrás de la aprobación de los convenios urbanísticos?
Cuando se aprobó el Código Urbanístico se habló de previsibilidad morfológica, de un código donde prevalezca la manzana por sobre la parcela y ahora, con los convenios urbanísticos, están haciendo exactamente lo contrario. Porque si vos tenés toda la zona que es una área ambiental que permite construir 24 metros, si vos hacés un convenio urbanístico y comprás capacidad constructiva, podés construir 70 metros y producís una disrupción. El objetivo del bien común no se está cumpliendo, el único fin es recaudatorio y no tiene que ver con una mejora en la calidad de vida de la Ciudad o de los vecinos. Es una naturalización de las excepciones, algo muy grave, porque están permanentemente violando leyes: el Código Urbanístico con los convenios, el Plan Urbano Ambiental y la Constitución con Costa Salguero. Es preocupante que vayan avanzando de manera tan prepotente sobre acuerdos y pactos que están por encima de una gestión de gobierno. Cuando uno piensa en términos urbanos tiene que pensar en las generaciones futuras, en el largo plazo y por eso se escriben leyes, para que exista un marco de igualdad ante la ley.
¿Cuál es la importancia de las tierras ribereñas para la Ciudad de Buenos Aires?
La costa del río primero es nuestra fuente de agua potable, nuestro lugar de reserva y nuestra área ambiental natural. Además de los valores paisajísticos que reclamamos, donde todos tenemos derecho a la belleza, estamos defendiendo el acceso a nuestro río, una costanera y un disfrute de nuestro paisaje, es un área ambiental que tenemos que preservar porque vivimos una crisis climática y ambiental y nada puede ser igual después de la pandemia. Si nosotros no entendemos que las ciudades se enferman y nos enfermamos las personas por cómo construimos, cómo consumimos y cómo vivimos, es muy preocupante el futuro para todos. Por eso hablamos de ecologizar la vida urbana, recuperar los paisajes naturales, tener una vida urbana más amigable con el ambiente y recomponer la relación de la Ciudad de Buenos Aires con su río a partir de una mirada urbano integral con un programa y un manejo del territorio con mirada ambiental. La política tiene que asumir la sustentabilidad como compromiso con la vida. Por eso hay que fijarse cómo ha movilizado la audiencia pública, la juntada de 53 mil firmas: claramente la legitimidad de los proyectos los da la ciudadanía y estos proyectos no tienen licencia social.
