El recambio en la integración del Consejo de la Magistratura porteña abrió el clásico período de negociaciones de fin de año entre las principales fuerzas políticas que conviven en la Legislatura, que pugnan por ubicar a sus dirigentes en ese organismo clave para la designación y remoción de jueces.
Además de la Magistratura, las negociaciones también incluyen cargos relevantes en la Auditoría General y en el Banco Ciudad, sumando entre las tres dependencias unos 17 puestos codiciados por los legisladores que están a punto de finalizar sus mandatos.
De acuerdo a lo que afirmaron fuentes legislativas, las conversaciones están atadas al resultado de las elecciones nacionales y los comicios porteños del 22 de octubre, ya que varios de los aspirantes a consejeros podrían ser convocados eventualmente a ocupar sillas en ministerios de alguna de las dos jurisdicciones.
En el caso del Consejo de la Magistratura, los miembros propuestos por el estamento de la Legislatura son tres y deben ser designados antes del 14 de noviembre, fecha en la que finalizará el mandato de cuatro años de los actuales representantes Francisco Quintana -que está a cargo de la presidencia-, Ana Salvatelli y Alberto Baglieri.
Para cumplir con los tiempos, la ley 31 porteña, que regula el funcionamiento de la Magistratura, establece que los tres postulantes sean votados por al menos dos tercios del total de los diputados y diputadas que componen el Parlamento local en una sesión pública, la cual debe convocarse especialmente un mes antes de la fecha de jura, es decir, el 14 de octubre.
A su vez, establece que con una “anticipación no menor a los 40 días a la fijada para la sesión, deben publicarse los antecedentes de los candidatos y las candidatas que hayan propuesto los diferentes bloques de la Legislatura”. Y dispone la realización de una audiencia pública para que los postulantes den cuenta de su idoneidad para el cargo.
Con este cronograma por delante, esta semana debería comenzar la presentación formal de los pliegos de los candidatos y las candidatas en la Legislatura. Sin embargo, el proceso electoral podría generar una prórroga de los mandatos de los consejeros actuales hasta después de los comicios.
Los tres sectores de poder que históricamente se reparten estos cargos en la Justicia porteña son el PRO -que estuvo controlado por Horacio Rodríguez Larreta pero que está en una transición política hacia Jorge Macri-, la UCR con influencia del operador Daniel “El Tano” Angelici, y el PJ referenciado en el vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos.
Por el macrismo, el nombre que circula como candidato es el de Gabino Tapia, exsecretario de Legal y Técnica de la municipalidad de Vicente López y exsenador bonaerense, un hombre de confianza de Jorge Macri, a tal punto que es mencionado como aspirante a presidir el Consejo.
No obstante, Tapia podría ocupar el cargo de jefe de Gabinete porteño en el caso de que Macri gane las elecciones para el Ejecutivo. Así surge el nombre de Diego García Vilas, actual legislador porteño alineado con Graciela Ocaña, quien podría sumarse a la campaña del candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad como parte de un acuerdo para incorporar a un dirigente de sus filas al Consejo.
En tanto, el sillón de la UCR podría ser para Martín Ocampo, aunque también figura entre los nombres probables la dirigente radical Lorena Clienti, cuyo pliego sería promovido si el actual legislador y exministro de Seguridad porteño fuera convocado a un rol ejecutivo a nivel nacional de ganar Patricia Bullrich las próximas elecciones presidenciales.
Por último, el PJ impulsaría a un referente del sector de Juan Manuel Olmos cuyo nombre no trascendió, ya que la intención de esa fuerza porteña es aguardar los resultados de los comicios de octubre. Esta posición es la que justamente fomenta la especulación de que se postergaría el proceso de designación de los consejeros más allá del 14 de noviembre.
Los otros cargos
Superadas las elecciones, las negociaciones en la Legislatura por los cargos antes del recambio parlamentario de diciembre se intensificarán para elegir a los siete miembros que ocuparán el directorio de la Auditoría General de la Ciudad y de los cinco que harán lo propio en el Banco Ciudad.
Para el organismo destinado al control de las políticas públicas porteñas, se requiere de una votación del Parlamento de los representantes potenciales, los que serán seleccionados a propuesta de cada partido o alianza en base a su proporción dentro del recinto. La presidencia, no obstante, es ejercida por el espacio de la oposición que tenga mayor representación numérica.
Para el Banco Ciudad, en tanto, el directorio está compuesto por un presidente, vicepresidente, cuatro vocales y un síndico. Todos los puestos para la entidad financiera deben ser impulsados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad dentro del plazo de los 30 días posteriores a asumir en su función y para ello debe remitir al Poder Legislativo la propuesta junto con sus respectivos pliegos.
