Eugenio Casielles, el legislador porteño que va por un segundo mandato al encabezar la lista de candidatos de La Libertad Avanza, cuenta en su historial de proyectos uno para que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires pueda decidir, de manera autónoma, la implementación de la pena de muerte como condena a quienes hayan cometido “delitos graves” como “asesinatos, tratos inhumanos a niños o adultos mayores y violaciones”.
“Una persona que viola a dos nenes, prefiero que esté muerta”, aseguró Casielles al ser consultado por su propuesta, ingresada al Parlamento en 2022, que plantea que la Legislatura de la Ciudad Autónoma se muestre en favor de “liberarse de los instrumentos jurídicos nacionales que imposibilitan que la ciudadanía decida sobre la aplicación de la pena capital”.
El diputado remarcó que el proyecto corresponde al mandato en curso como legislador, que inició en diciembre del 2019 por el frente Consenso Federal que lideró por entonces Roberto Lavagna como candidato a Presidente y Ramiro Marra a senador. Casielles siempre tuvo una postura de derecha en materia de seguridad, que profundizó con su pase a las filas de Javier Milei, que hizo de la mano de Marra, con quien cursó estudios secundarios y actualmente comparten oficinas en el microcentro porteño.
La aclaración del legislador intentó despegar al partido libertario de la polémica iniciativa. Sin embargo, anticipó su voluntad de ponerlo en la mesa de debate si es que, tras las elecciones del domingo, resulta electo y su banca, con lo que pasará a conformar el bloque que responde a Milei en la Legislatura porteña de manera oficial y no como aliado, como lo es en la actualidad.
Desde que asumió, Casielles presentó 124 proyectos y acompañó como coautor otros 30. Entre lo que fueron propios se encuentra una gran cantidad de iniciativas tendientes a bajar las cargas impositivas a sectores de la producción afectados por la pandemia del coronavirus, también los vinculados a cuestiones sanitarias y a la atención de personas en situación de calle.
En lo que va del 2023, solo ingresó por Mesa de Entrada del Parlamento seis expedientes. El más reciente fue la declaración de “Sitio de Interés Cultural” al estadio Movistar Arena, situado en el barrio de Villa Crespo, donde Milei hizo los actos de cierre de campaña. Fue aprobado en la sesión de mayo pasado.
La propuesta para instaurar la pena capital
La idea para que en el distrito porteño pueda aplicarse la pena de muerte sostiene que “frente a los peores delitos imaginables, el castigo de la privación de la libertad bajo un régimen de reeducación no es suficiente como respuesta estatal”.
“Los asesinatos, los tratos inhumanos a niños o adultos mayores y las violaciones son actos cuya represalia no se puede asemejar a otros distanciamientos de la Ley. El régimen de castigo que como sociedad le damos a delincuentes que cometen semejantes actos debe ser cercano al mal que ellos produjeron, no únicamente para aleccionar y desincentivar, sino para ser moralmente justos”, advierte.
Hace hincapié en el “federalismo que manda a respetar las autonomías locales”; no obstante observa que es “el Estado Nacional Argentino el que se ha encargado de sobrepasarse de sus competencias invadiendo la libertad y la autodeterminación de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”.
“El tema que nos convoca es un claro ejemplo de esta vulneración a los principios federales”, agrega y señala que “la decisión sobre la implementación de la pena capital debe ser exclusiva de la ciudadanía porteña”. “Necesitamos poder decidir autónomamente en materia penal y dejar de sufrir los impedimentos nacionales para tener una efectiva democracia en nuestro distrito”.
A más de un año de la presentación en el Parlamento porteño como diputado del monobloque de Consenso Federal, Casielles aseguró que mantiene vigente la defensa de los argumentos esgrimidos en mayo del 2022, aunque admitió que sería “muy compleja” su implementación debido a que “hay que salir de los pactos internacionales”. Más allá de ello, dijo estar decidido a “discutir e ir hasta las últimos consecuencias”.
Los vaivenes de planteos anteriores
La pena de muerte fue derogada de hecho en 1994 cuando se le otorgó jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la pena capital fue eliminada definitivamente del sistema jurídico argentino con la supresión de la ley 14.029 del Código de Justicia Militar.
Además, la Constitución Nacional, en su artículo 18, prohíbe la sanción de leyes que establezcan la pena de muerte por causas políticas.
Sin embargo, en el Congreso se presentaron varios proyectos en las últimas décadas relacionados con el restablecimiento de la pena de muerte, pero que no tuvieron tratamiento parlamentario. Uno de los más resonantes fue en 1990, enviado por el entonces presidente Carlos Menem para reformar el Código Penal y reinstaurar la pena de muerte para ciertos delitos graves. Aquella propuesta generó una ola de cuestionamientos que hizo que el mandatario retirara la propuesta pocas semanas después.
El último, el menos conocido públicamente a nivel nacional, fue impulsado por el diputado nacional del PRO por Neuquén Francisco Sánchez.
