El 31 de enero pasado, los directores ejecutivos de las plataformas Meta, Discord, TikTok, X y Snapchat fueron interrogados en el Congreso estadounidense por los daños que estas redes producen a los usuarios más jóvenes. Existen millones de casos de acoso y violencia digital que toman distintas formas (grooming, cyberbullying, filtración de imágenes o información sin consentimiento, entre otros) y que afectan la vida de millones de personas pero aún más a niños, niñas y adolescentes.
Esta audiencia ocurrió en el marco de una demanda colectiva inédita impulsada por 33 fiscales generales de distintos estados de Estados Unidos. Una de las demandas fue presentada por el Distrito Escolar de la Ciudad de Seattle, donde plantean que existió un aumento del 30% entre 2009 y 2019 en casos de depresión y ansiedad en jóvenes y que se encuentra directamente relacionado a los efectos perjudiciales y adictivos de las redes sociales. Para dimensionar el problema: un estudio de Gallup habla de un promedio de 5 horas diarias de las y los adolescentes estadounidenses en las redes sociales.
En Argentina, el debate no se encuentra aún en agenda aunque hubo algunos avances legislativos como la ley N° 26.904 que incorpora el delito de grooming al Código Penal y la ley N° 27.950 (conocida como ley Mica Ortega en homenaje a una joven asesinada en 2016) que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Este problema en nuestro país no es menor, teniendo en cuenta que Argentina es -según un estudio de Electronic Hub de 2023- el cuarto país en el mundo con más tiempo en pantalla por persona con un promedio del 53,8% del día en alguna pantalla, superando por lejos a Estados Unidos que tiene un 42,5%. Según Grooming Argentina, 4 de cada 10 niños tiene su primer móvil con acceso a internet antes de los 9 años.
¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas?
En Estados Unidos, la sección 230 de la ley de telecomunicaciones sancionada en 1996 plantea que los proveedores de servicios de comunicación no son responsables de los contenidos que los usuarios circulan en los mismos excepto que violen las leyes. Este artículo se encuentra en debate hace años por favorecer la impunidad de las grandes empresas tecnológicas. El objetivo actual de un grupo de congresistas es modificarlo o derogarlo y sancionar nuevas reglamentaciones para poder controlar más a las plataformas y que las mismas tengan mayor responsabilidad por los ciberdelitos y los efectos negativos de sus aplicaciones en la población.
Zuckerberg dijo en el Congreso, después de pedir disculpas a los padres de los chicos que sufrieron grooming y cyberbullying, que su empresa está desarrollando en el último tiempo herramientas para el control parental y la limitación del uso de sus aplicaciones. Este discurso se contradice con testimonios y filtraciones desde Meta: el ex ingeniero de la empresa, Arturo Bejar, testificó haber planteado los riesgos del grooming en la plataforma en varias oportunidades y no ser escuchado por las autoridades. Por otro lado, Meta fue acusada por un mail que se filtró en 2018 donde decía que el valor de cada usuario adolescente para la plataforma era de 270 dólares. Esa filtración generó indignación por ponerle precio a la vida de los jóvenes y un grupo de activistas participó de la audiencia en el Congreso con una remera con la leyenda “Yo valgo más que 270 dólares”.
Finalmente, si hablamos de X (antes Twitter), desde que fue adquirida por Elon Musk despidió o dejó ir a cientos de especialistas en seguridad de la plataforma y amnistió a muchas de las cuentas que habían sido baneadas por discursos violentos y de incitación al odio. En Australia, X está siendo demandada por este motivo.
¿Las redes sociales son las nuevas tabacaleras?
En 1964 el Director General de Salud Pública de Estados Unidos, Luther Terry, publicó el primer estudio oficial sobre el riesgo del tabaco en la salud de las personas y a partir de ese momento se sucedieron distintas prohibiciones y reglamentaciones que cambiaron para siempre el consumo de tabaco no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. ¿Puede pasar lo mismo con las redes sociales? Si bien es pronto para afirmarlo, en este momento están ocurriendo hechos inéditos, como la ya mencionada demanda conjunta de 33 fiscales generales y la unidad de acción interpartidaria entre republicanos y demócratas inédita en este contexto -los acuerdos entre el republicano conservador Lindsey Graham y la demócrata progresista Elizabeth Warren que propusieron una agencia federal del gobierno para controlar a las Big Tech son un buen ejemplo en este sentido-.
La disputa por la regulación de las plataformas está relacionada con el debate de la libertad de expresión. En países como China, Irán o Turmekistán existe un control estatal muy férreo de las redes sociales, a tono con la fuerte intervención del Estado en muchas áreas de la vida cotidiana, algo que parece imposible de pensar en democracias liberales de occidente. La pregunta planteada es qué forma podría tomar un mayor control y regulación en países como el nuestro o Estados Unidos.
En Argentina necesitamos avanzar en una mayor visibilización de esta problemática. El alto uso de redes sociales por parte de la juventud debe vincularse con un conjunto de problemáticas más profundas de esta generación e, incluso, con el crecimiento de los discursos y figuras de ultraderecha para que podamos tener una comprensión más acabada del fenómeno. No podemos ignorar que, en cualquier caso, es una batalla muy compleja ya que se trata de empresas que tienen un poder que, en muchos casos, supera al de la mayoría de los Estados nacionales. Por esta razón, el primer paso debe ser una campaña de concientización y de instalación pública de la gravedad de los problemas de adicción y violencia digital a los que nos exponemos todas las personas (independientemente de si habitamos las redes o no) y haciendo especial énfasis en la protección a niños, niñas y adolescentes. Sin este acuerdo social, ninguna batalla legal o judicial será suficiente.
