Apenas entrada la noche del miércoles 8 de mayo se conoció públicamente la noticia de la muerte de Mercedes Figueroa, la segunda víctima fatal que se cobró el ataque lesboodiante en el hotel del barrio de Barracas. Mercedes se encontraba internada en el hospital del Quemado, al igual que Pamela Cobos, quien falleció a raíz del mismo episodio el lunes por la tarde. Figueroa tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado, luego de ser atacada con una botella con nafta prendida fuego y arrojada por un hombre de 62 años. El hecho ocurrió el lunes por la madrugada en una habitación del primer piso de un hotel familiar ubicado en Olavarría 1600. Según expresaron las sobrevivientes, previamente ya se habían sentido acosadas y hostigadas por el agresor.
“Es importante visibilizar que los discursos de odio generan violencia y evidenciar cómo esto tiene repercusiones en los cuerpos de las lesbianas especialmente y en las diversidades en general”, dijo en diálogo con este medio María Rachid, militante por los derechos humanos, activista de la diversidad y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo CABA.
Actualmente, el sospechoso quedó detenido a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14. Luego del incendio, el mismo se habría autolesionado en el cuello con una sierra afilada que incautó. Las otras dos víctimas, Andrea Amarante y Sofía Castroriglos, se encuentran internadas: Sofía en el Hospital del Quemado y Andrea en el Hospital Penna, de donde no pudo ser trasladada por la gravedad de sus heridas.
Entre los grupos e instituciones que repudiaron el ataque está la Coordinadora Cromañon, ya que Andrea era sobreviviente del trágico incendio en el barrio de Once. «Desde la Coordinadora Cromañón seguimos exigiendo una ley de asistencia definitiva y un programa de salud integral para las víctimas, para todxs y para siempre», declararon. Además, la organización 100% Diversidad y Derechos, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, y el colectivo Ni Una Menos dieron a conocer su repudio al ataque. “No fue una pelea entre vecinxs aislada. No es solo el producto de una condición habitacional o económica. Es un crimen de odio. Es la expresión de violencia machista de un sistema patriarcal”, explicó la Asamblea de Barracas en sus redes sociales.
“Por ahora estos grupos son minoritarios. La sociedad argentina es la que apoyó el matrimonio igualitario, la que hizo lo mismo hace doce años con la ley de Identidad de Género. También la que acompañó el nuevo Código Civil que respeta a todas las familias. La sociedad argentina responde cuando hay agresiones contra las diversidades. Estos son pequeños grupos que cobran más fuerza por los discursos que se avalan desde el oficialismo y van dirigidos directamente a los sectores vulnerables, entre ellos las disidencias”, continuó Rachid.
Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en el año 2023 ocurrieron en Argentina 133 crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas. En ese sentido, desde los colectivos feministas expresaron que no resulta un ataque aislado, sino la materialización de un eslabón trágico más en la seguidilla de quita de derechos por parte de un gobierno que apunta todos sus cañones a las mal llamadas “minorías”. Cuando este discurso de odio se instala, permeando en distintas capas de la sociedad, las vidas de quienes no se encuentran dentro de la matriz heterosexual -parafraseando rápidamente las ideas de Judit Butler- se vuelven menos vivibles, fáciles de descartar.
“Desde la Federación Argentina LTBGQ+ lanzamos una campaña que se llama ‘ejército de troles’, que tiene que ver con responder a los discursos de odio en las redes. Ahí trolos, trolas y troles vamos a responder con respeto y amor a los argumentos discriminatorios y los prejuicios. La idea es que las personas que están leyendo tengan otra información y sepan lo que pensamos”, señaló la entrevistada.
“Las crisis económicas afectan primero a los sectores más vulnerados”, explicó Rachid respecto a la emergencia habitacional en la que se encuentran mujeres, lesbianas y especialmente travestis y trans, quienes suelen vivir en pensiones y hoteles por falta de dinero para costear el alquiler o la dificultad para conseguir garantías. “No es casual que esto sucedió en un hotel donde vivían cuatro mujeres juntas. Esto tiene que ver con la situación que estamos viviendo, con la desigualdad económica, con la pobreza que agudiza estas realidades”.
A partir de lo sucedido, se convocó a una asamblea que intentó traducir la bronca en acciones concretas. Desde este espacio llaman a concentrar el viernes 11 de mayo en el Congreso a las 17 horas para hacer una acción conmemorativa. Además, dentro de la Feria del Libro algunos integrantes de la asamblea se expresaron sobre el incendio en la presentación a la biografía de Javier Milei a la que estaba convocado Nicolás Márquez, escritor y abogado libertario. “Los discursos de odio de este gobierno expresan violencia y la violencia toma estas formas. El gobierno está avalando que un sector -que repito que por suerte aún es minoritario- se sienta empoderado y busque organizarse, no solo verbalmente sino a través de este tipo de acciones. Los discursos de odio se expresan de diferentes maneras, que van desde un insulto hasta un asesinato”, agregó María Rachid.
Rachid planteó que no resulta casual que el hecho haya sucedido luego del desmantelamiento del INADI, un ente gubernamental creado especialmente para abarcar este tipo de situaciones de discriminación y violencia. “El INADI es el único lugar al que todos los sectores marginados pueden recurrir ante una discriminación que no sea la Justicia. Si efectivamente se cierra el INADI, solo queda la ley Antidiscriminación que es de 1988 y no incluye a todos los grupos vulnerados. Para recurrir a la justicia, tenés que contratar a un abogado que genere una demanda y pagar las tasas judiciales porque la única solución que nos deja la ley Antidiscriminatoria es un juicio patrimonial que pueda pedir el cese de la discriminación y un resarcimiento civil. Es muy complicado llegar a ganar un juicio por discriminación porque tenés que probar las intenciones de una persona y eso se complica más aún cuando la legislación no garantiza la inversión de la carga de la prueba, como sucede en algunos casos. En la Justicia argentina muy pocas personas, que en general tienen mucho dinero, llevan a cabo estos procedimientos. En cambio, el INADI interviene directamente ante una denuncia, lo que hace mucho más probable que haya una reparación”, concluyó la también integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT.
