Luego de enterarse que el Gobierno de la Ciudad pretende instalar centros de detención en los hospitales neuropsiquiátricos, sindicatos y profesionales de la salud dieron un rechazo unánime.

Hospital Borda

El gobierno porteño vuelve a la carga sobre el Hospital Borda, esta vez con la intención de levantar un centro de detención para la flamante policía de la Ciudad sobre las ruinas de lo que fue la unidad penal 20, cerrada desde la muerte por asfixia de dos presos en mayo de 2011. Así lo denunciaron trabajadores y trabajadoras del hospital durante la última asamblea gremial, a finales de abril, en la que resolvieron rechazar públicamente la iniciativa. “Ya la Unidad Penal 20 era una vergüenza para el hospital. El proyecto de una nueva cárcel es una aberración, más teniendo en cuenta que lo largaron por lo bajo justo cuando se cumplen 4 años de la represión de la Metropolitana”, le dijo a El Grito del Sur el secretario de acción política de ATE Capital, Marcelo “Nono” Frondizi.

Las alarmas se prendieron tras las sucesivas visitas que funcionarios de la justicia porteña y del Servicio Penitenciario Federal realizaron en el último mes, no sólo a las instalaciones abandonadas de la unidad 20 del Borda, sino también de la unidad 17, que funcionaba en el Moyano. “El martes previo a la Semana Santa, la dirección del Hospital nos comenta que se presentaron un grupo de personas del Tribunal Penal Contravencional de Ciudad junto con el Servicio Penitenciario a ver las instalaciones de lo que era el pabellón Estévez Balado. Además de manifestar que el lugar les gusta, aparentemente la idea era llevar allí personas en conflicto con la ley. A partir de ahí enviamos al Ministerio de Salud lo que decidió el Consejo Asesor Técnico del Hospital, que era oponerse a que los terrenos del Hospital Moyano sean utilizados para cualquier cosa que no tenga que ver con la salud mental”, relató a El Grito Silvia Allocati, trabajadora del departamento de Servicio Social del establecimiento.

En una circular difundida tras la denuncia de los gremios, el Ministerio de Salud desmintió que esté en los planes del gobierno porteño reutilizar los pabellones en desuso, aunque reconoció que funcionarios de la justicia de la Ciudad –que recibirá pronto la administración de la justicia federal– recorrieron ambos hospitales para analizar si los dos ex centros de detención son viables para derivar presos en tránsito hacia otros penales federales.

El proyecto es “totalmente inviable”, sostuvo el secretario general de la Junta Interna de Delegados de Talleres Protegidos de ATE Capital, Gustavo Fernández Ferro. “Hay que tener en cuenta que esto es un hospital, no nos parece prudente ni adecuado. El panorama de tener a la policía adentro del hospital, con las características represivas que ya mostró en 2013, es complicado”, agregó.

La ex Unidad 20: una historia de terror

Las unidades psiquiátricas penales de los hospitales Borda y Moyano fueron durante años objeto de denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Una visita ocular a la unidad 20 del Borda (donde se alojaban varones) y a la unidad 27 del Moyano (donde se alojaban mujeres), encabezada por el CELS, el Mental Disability Rights International (MDRI) y Human Rights Watch, detectó entre 2004 y 2005 “sobrepoblación”, “trato cruel, inhumano o degradante” y “vejaciones”. Las celdas de aislamiento, decía el informe elaborado tras la visita, “no poseen luz natural”, “no tienen suficiente ventilación”, “tampoco tienen agua corriente ni instalaciones sanitarias”. Los detenidos eran llevados allí como castigo, bajo el pretexto de una descompensación psicótica, y se les daba “una botella de plástico cortada para comer y otra para orinar”. Pese a todas las denuncias de maltrato y que exponían las pésimas condiciones de los calabozos, las unidades funcionaron hasta el 31 de mayo de 2011. Ese día, el recubrimiento de poliuretano de una de las celdas del sector de aislamiento ardió durante horas y dos jóvenes de entre 19 y 23 años murieron asfixiados.

Aquella masacre “desnudó una serie de prácticas y falencias estructurales en la unidad, que incluyen negligencias del personal penitenciario previas, concomitantes y posteriores al incendio. Entre ellas, no es posible obviar las condiciones materiales y de seguridad del sector de aislamiento, la deficiente requisa previa de los pacientes psiquiátricos alojados allí, y las irregularidades en la toma de decisión de su derivación”, según la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, querellante en la causa por homicidio doloso que hoy tiene cuatro funcionarios penitenciarios procesados, entre ellos el ex director del establecimiento.

Hospital Moyano

Tras el incendio, las unidades fueron desalojadas y los internos trasladados al penal de Ezeiza. La masacre motivó la creación en ese penal del proyecto PRISMA, implementado por el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación. Desde entonces, los calabozos de las Unidades 20 y 17 permanecen vacíos y sus estructuras, emplazadas dentro del perímetro de los terrenos del Borda, pasaron a ser codiciadas por distintos funcionarios de las sucesivas administraciones del PRO, debido su alto valor inmobiliario. Formaron parte del proyecto de Centro Cívico, a cuya resistencia el entonces gobierno porteño de Mauricio Macri opuso la represión del 26 de abril de 2013, hace ya cuatro años. Cajoneado el Centro Cívico, las celdas fueron concebidas como parte del Polo de Neurociencias impulsado por el doctor Facundo Manes, de fuertes lazos políticos con Cambiemos y quien sonó más de una vez como el candidato a encabezar las listas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. No hace mucho, la última iniciativa del PRO fue realizar allí un “Geronto psiquiátrico”, rechazado por la comunidad del Hospital.