El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca dar nacimiento al Complejo Hospitalario Sur a partir de la fusión de cinco nosocomios de distinto tipo en los terrenos del Hospital Muñiz. A pesar de que fue presentado como una "idea superadora", el "5x1" genera más rechazo que aprobación en la comunidad de la salud.

La construcción del Complejo Hospitalario Sur es un viejo plan del antecesor de Horacio Rodríguez Larreta, el actual presidente Mauricio Macri, para mudar establecimientos sanitarios a los terrenos del Hospital Muñiz. Durante los últimos meses el plan revivió y el Gobierno porteño decidió enviar en abril un proyecto de ley a la Legislatura -donde el oficialismo cuenta con mayoría propia- para trasladar el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP), el Hospital Udaondo, el Hospital Municipal de Oncología “María Curie” y el Hospital Ferrer al barrio de Parque Patricios.

El “5×1”, tal como lo llaman despectivamente sus detractores, prevé la construcción de 50 mil cuadrados junto a la remodelación y mejora de otros 10 mil. La obra costaría un total de 160 millones de dólares -de los cuales 20 millones se destinarían a equipamiento-, aunque su financiación estaría parcialmente cubierta por la venta de los activos inmobiliarios que pertenecen hoy en día a los hospitales Udaondo, Curie, IREP y Ferrer. Estos cuatro terrenos fueron tasados en conjunto por un valor de 123,7 millones de dólares.

El principal argumento utilizado por el gobierno porteño para justificar el proyecto no es nuevo: ya en el año 2010, el entonces ministro de Salud de CABA, Jorge Lemus, cuestionaba la antigüedad de instalaciones con más de 100 años y su incompatibilidad con los requerimientos de la tecnología de última generación. Casi una década más tarde, la tan mentada “modernización” implica la integración de 5 hospitales -el proyecto anterior incluía solamente al Muñiz (especializado en enfermedades infecciosas), el Udaondo (gastroenterología) y el Ferrer (neumología)- “manteniendo su identidad en forma de institutos de cada especialidad, la oferta de servicios de alta complejidad en las líneas de cuidado jerarquizadas en estos hospitales en forma integrada a toda la red, la organización de acuerdo a cuidados progresivos, y estructura, procesos y tecnología apropiados para cumplir con su propósito, y que agregará nuevas prestaciones a la red”, de acuerdo con el documento oficial firmado por el subsecretario de Salud del GCBA, Daniel Ferrante. “Desde lo personal creo que es una idea superadora, que es un antes y un después en el sistema de salud, que para nada es un cierre. Al contrario, es aumentar la capacidad en accesibilidad y tecnología”, añadió la ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez.

La iniciativa no tiene el visto bueno de las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores y trabajadoras de la salud. El rechazo al proyecto se manifestó en asambleas, abrazos a los hospitales, notas dirigidas a los funcionarios del GCBA y juntadas de firmas que se multiplicaron en las últimas semanas. En un escrito presentado a la Comisión de Salud de la Legislatura porteña, los trabajadores del IREP denunciaron que “la inclusión tardía (en el proyecto) del Instituto de Rehabilitación Psicofísica se realizó de manera unilateral, sin ningún tipo de análisis previo ni programa médico definido y sin considerar la orientación del proyecto, la población para la cual fue creado el IREP: discapacidad neuro-motora de niños y adultos”. En tanto, la comunidad del Hospital Muñiz plantea que este proyecto “implica el cierre de cinco hospitales y la concentración de la atención en la zona sur, generando desigualdades en el acceso”. Al mismo tiempo, la asamblea de trabajadorxs de este hospital sostiene que el Complejo Hospitalario Sur “esconde detrás de discursos de modernización y eficiencia un recorte y achicamiento de la política de salud pública, puesto que no tiene en cuenta las especialidades de cada hospital y la necesidad de su continuidad como Monovalentes para la correcta atención de la población”.

El GCBA difundió un power point en el que presenta la creación del Complejo Hospitalario Sur.

¿Ajuste encubierto en salud?

Los recursos destinados al área de Salud para este 2018 representan en la Ciudad de Buenos Aires un 15,7% del presupuesto total. El aumento previsto en el cálculo presupuestario con respecto a 2017 fue de un 12,93%, con lo cual quedó demasiado lejos de la pauta inflacionaria de casi el 30% que estiman la mayoría de las consultoras privadas tras la corrida cambiaria y la devaluación de mayo pasado. En este contexto de achicamiento de las prestaciones sanitarias, se estima que el Complejo Hospitalario Sur tendrá apenas 500 camas de internación para los cinco hospitales. Otro de los riesgos inminentes sería la reducción de los planteles de todos los trabajadores y profesionales de cada institución, dado que se plantea reconvertir a los cinco hospitales en “Institutos”.

La delegada general de la Junta Interna de ATE en el Hospital María Ferrer, Fabiana Demuro, expresó a El Grito del Sur que “el Estado está achicando gente en todos lados. Este es un proyecto de hace 10 años en el que ahora dicen que van a poner cinco hospitales en el predio del Muñiz. No sé si da el espacio. El IREP, por ejemplo, es un hospital muy especial con otras dimensiones y necesidades, con lo cual no van a caber todas las demandas de los pacientes ni el personal. ¿Quién nos garantiza que van a seguir todos los trabajadores o que se van a abrir todas las camas? Mirá lo que está pasando en el Hospital El Cruce. Estamos seguros que se trata de un achique del Estado o que lo pueden llegar a privatizar”. En cuanto a la continuidad de los puestos de trabajo, Demuro planteó que “la idea de ellos, por como viene la cosa, es descartar toda la gente posible que sea de planta: por ejemplo, el que tiene mucha carpeta médica u otros problemas. Uno pierde la salud en el hospital trabajando y te sacan por esos mismos motivos. Esa es la triste realidad”.

El macrismo ve al Complejo Hospitalario Sur como un proyecto a largo plazo. Su intención es iniciar la mudanza a fines del 2019 y terminar el proceso en 2023, aunque para ello apuesta a que no haya ningún tipo de consulta con los directamente afectados como ya ocurrió en los casos de la llamada “Secundaria del Futuro” o la UniCABA con la que se cerrarán los 29 institutos de formación docente. Detrás de esta intención asoman nuevos negocios inmobiliarios con los predios vaciados, que engrosarían la cuenta a las ya más de 200 hectáreas que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta entregó al sector privado a lo largo de su gestión. En esa línea se manifestó el coordinador de Salud de ATE, Rodolfo Arrechea, quien cuestiona que esta medida busca que “desaparezcan estos hospitales, que se van a terminar convirtiendo en servicios hospitalarios. Acá lo que hay es un gran negocio inmobiliario, como ya lo han intentado hacer con el predio del Hospital Rivadavia”.