Si la historia argentina nos enseñó algo, es que en los contextos de crisis económica y social primero pierden los trabajadores y las trabajadoras, particularmente si son de sectores populares. A pocos meses de asumida la presidencia, Javier Milei aplicó una batería de medidas de ajuste, devaluación, desregulación de la economía y retiro del Estado que agudizaron la situación de sectores que ya venían golpeados. La inflación, que en estos últimos dos meses suma 46,1%, impacta ferozmente en el poder adquisitivo de los que menos tienen.
El sector de trabajo en casas particulares es uno de los más afectados por la crisis. En esta actividad se emplean alrededor de 1,4 millones de personas, un 99% son mujeres y es una de las principales ocupaciones para las trabajadoras asalariadas en entornos urbanos. Está compuesto principalmente por mujeres de sectores populares, migrantes, madres y, muchas de ellas, jefas de hogar.
Histórica y estructuralmente, las actividades de cuidado de personas, limpieza y mantenimiento del hogar, preparación de alimentos, entre otros, se destacaron por ser trabajos precarizados, inestables, con bajos salarios e informales. Si bien este sector cuenta con un Régimen Especial (Ley 26.844), que otorgó derechos laborales, se estima que casi 8 de cada 10 trabajadoras no está registrada. Una obviedad, entonces, que hoy la situación de estas trabajadoras invisibilizadas y desvalorizadas penda de un hilo. Vayamos por partes.
Sube todo menos los salarios
Los aumentos desmedidos en los precios de los alimentos, medicamentos, alquileres, tarifas de los servicios o del transporte van a una velocidad que no se compara con los aumentos salariales de una amplia cantidad de sectores. El 21 de febrero, luego de dos meses de retraso, se reunió la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, integrada por representantes del Ejecutivo, sindicatos de trabajadoras y representantes de empleadores/as para fijar la escala de salarios mínimos. Si bien los sindicatos pedían un 100% de recomposición salarial, se estableció un aumento del 35%. Un 20% en febrero y 25% en marzo.
En lo que respecta a las dos categorías mayoritarias, sin calcular el adicional por zona desfavorable ni antigüedad, a partir de marzo, la hora por el cuidado de personas es de $2109 (con retiro) y $2358 (sin retiro) y el pago mensual, que va de 32 hasta 48 horas, es de $266.639 (con retiro) y $297.142 (sin retiro). Y para tareas generales (limpieza, mantenimiento, lavado, etc.), la hora ascendió a $1958 (con retiro) y $2109 (sin retiro), mientras que el salario mensual es de $239.786 (con retiro) y $266.639 (sin retiro). Aclaramos que estos montos son mínimos, lo que quiere decir que empleadores y trabajadoras pueden negociar un monto superior. Cosa que, según afirman muchas trabajadoras, no es lo más habitual y los empleadores terminan pagando el valor mínimo.
Si tenemos en cuenta el Salario Mínimo Vital y Móvil, que a partir de este mes se fijó en los lastimosos $202.800, las trabajadoras domésticas quedaron solo un poco por arriba. Además, tenemos que considerar que es un sector en el que existe un fenómeno generalizado de trabajo “por horas”, donde muchas veces no llegan a cubrir la cantidad de horas necesarias para tener un ingreso que les permita sobrevivir. Entonces, terminan trabajando extenuantes jornadas yendo de una casa a la otra. O eventualmente suman la venta de comida en su barrio, la venta en ferias los fines de semana, planchando por encargo o haciendo changas, es decir, verdaderos malabares de ingresos para poder “llevar un plato de comida”, como dicen. Y, a su vez, compatibilizar todo esto con el cuidado de su familia, si tenemos en cuenta que hay un gran porcentaje de trabajadoras con hijos e hijas a cargo.
Es el caso de Cristina, que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires limpiando hace 17 años para los mismos empleadores durante 7 horas, donde le pagan 200.000 pesos mensuales. En este contexto nos comenta que tuvo que sumar un trabajo más “en negro” para poder ganar algo extra. Un día de trabajo le implica salir a las 5:20 de la mañana de su hogar en el conurbano bonaerense para terminar volviendo a veces a las 19 horas de limpiar todo el día. Ella vive con su hija y su marido, que trabaja también de manera informal. Comenta bastante indignada que la plata “no alcanza nada, como todos, nos ajustamos en muchas cosas. La comida la venimos comprando con tarjeta de crédito”.
Efectivamente, si calculamos lo que cuestan, por ejemplo, los alimentos: “no hay plata”, como le gusta decir al Presidente. Según el informe elaborado por el INDEC, para enero de 2024 la canasta básica alimentaria aumentó un 18,6% respecto al mes anterior. Se calcula que para que una persona adulta no caiga en la indigencia se necesitan $92.415 mensuales solo para comprar alimentos y $193.147 para la canasta básica total, que suma bienes y servicios no alimentarios como el transporte, la salud, la vivienda, etc. ¿Cómo hacen las trabajadoras domésticas con esos salarios? ¿Cómo elegir entre pagar la luz, comprar una garrafa o comer?
Recortar lo esencial: alimentos y medicación
La lamentable respuesta es que terminan recortando lo esencial: reducir gastos en compras de alimentos, abultar deudas que luego se tornan impagables, acercarse a comedores populares o comer menos veces en el día. Esta es la realidad de Lucía, de 50 años, que vive sola en la provincia de Catamarca. Trabaja como cuidadora durante 7 horas diarias y le pagan 140.000 pesos por mes. Un dinero que, como dice, le alcanza para dos semanas. Ella tuvo que recortar los gastos en cosas básicas, con el agravante de que padece diabetes e hipertensión. “Desayuno en mi casa, como soy diabética cada 3 horas tengo que tomar una colación. La colación mía es un mate cocido con galletitas. Hasta que llega la hora del almuerzo y como en mi trabajo. Y a la noche no ceno porque no tengo con qué comprar la comida. Mi cena es eso, un té o un mate cocido y a la cama”, comenta.
Además, otro de los recortes esenciales tiene que ver con la compra de medicamentos. Ambas entrevistadas nos comentan que tuvieron que prescindir de la compra de algún medicamento o “estirarlo”. Por ejemplo, Lucía dice que tiene una obra social pero que solo le cubre el 30% de su costo. Así, se lamenta que “hay meses que estoy tomando la mitad de la medicación para la hipertensión. La cajita trae 30 pastillas y tomo la mitad para que me quede para el otro mes. Mirá lo que tengo que hacer exponiendo mi salud, mi bienestar”. Esta situación no es aislada, sino que se está convirtiendo en algo habitual entre los sectores de menores recursos y con graves consecuencias a la salud. Según indica el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR), en los últimos tres meses los medicamentos recetados aumentaron un 110%, un 40% por arriba de la inflación. Y se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades mensuales.
Tarifa social y el transporte
Otra de las artistas del problema tiene que ver con los aumentos de las tarifas del transporte. Si bien las trabajadoras domésticas pueden acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE, deben estar registradas en la Agencia Federal de Impuestos Públicos (AFIP) para solicitar este beneficio. Si mencionamos que una gran mayoría se encuentra en la informalidad, podemos inferir que los aumentos en el boleto de trenes, colectivos y subte hace que cada vez sea más costoso ir a trabajar. Algunas veces tienen que tomar más de un transporte para acercarse al hogar de sus empleadores o para ir de un trabajo a otro.
En el caso de Cristina, tiene una hora de viaje de ida y una de vuelta desde una localidad del conurbano hasta su trabajo. Sus empleadores se hacen cargo del viático. Sin embargo, para Lucía, que vive a 16 kilómetros de la casa de sus empleadores, tiene que tomar dos colectivos que le cuestan 700 pesos cada uno y los paga de su bolsillo. El pago de viáticos a las trabajadoras depende de la buena voluntad de la parte empleadora o que la trabajadora “se plante” o “exija”, pero tampoco es algo generalizado. Un gasto que a toda costa se hace cada vez más impagable si se le suman los otros aumentos a la vida diaria.
Empleadores y empleadoras que recortan
Otro fenómeno frecuente este último tiempo son los casos de despidos, reducción de horas o de días que deciden hacer los empleadores. Ángela, de 52 años, trabaja limpiando por hora en diferentes casas de manera informal. Dice que, desde que asumió este Gobierno, el trabajo fue disminuyendo. Una de sus empleadoras primero comenzó pidiéndole que vaya un día menos de los tres que iba. Luego, con el aumento del transporte y las nuevas escalas salariales, le dijo que no vaya más y sin ningún tipo de indemnización. “Hay un tiempo que les servís y después ya no les servís más. En vez de reducir gastos que ellos tienen, reducen a la empleada doméstica. Somos descartables”, reflexiona.
Es un hecho que a algunos sectores de empleadores pertenecientes a la clase media cada día les cuesta más sostener este tipo de empleos. Pero el absoluto retiro del Estado, con la intención de una reforma laboral mediante que pretendía eliminar la doble indemnización por despido, deja absolutamente desamparadas a estas trabajadoras.
Milei decía que iba a terminar con “la casta”. Luego de casi tres meses de Gobierno, con lo único que está terminando es con el poder adquisitivo y con la calidad de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, que cada día tienen menos trabajo. ¿Resulta que el significante vacío de “la casta” terminó virando para los sectores más vulnerables de la sociedad como son las trabajadoras domésticas? Algunas de las cuales seguramente lo votaron con la ilusión de una mejora en su vida. Sin embargo, hoy parece que la situación es la opuesta.
