La Delegación Argentina presentó el saldo de su trabajo en Bolivia

«Represión, muerte y discriminación racial»

La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano realizó ayer una conferencia de prensa en la sede del sindicato Sipreba para dar a conocer las conclusiones preliminares de su trabajo en el país vecino y anunciar los pasos a seguir.

Desaparición forzada de personas, asesinatos, torturas, delitos sexuales, discriminación racial, ataques contra funcionarios y legisladores del MAS: el primer informe de la delegación de militantes argentinos que pisó suelo boliviano la semana pasada da cuenta de «severas violaciones a los derechos humanos» cometidas por el gobierno de facto en el marco del golpe de Estado. Más de 40 militantes de organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales viajaron la semana pasada a la ciudad de La Paz como parte de la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano y presentaron hoy en conferencia de prensa las conclusiones preliminares.

«Hay mucha conmoción en la delegación por la situación de hostigamiento que están viviendo nuestros hermanos bolivianos, no quedan dudas de que hoy en Bolivia gobierna una dictadura y que quienes más están sufriendo sus consecuencias son los sectores populares», aseguraron les integrantes de la Delegación, que durante la breve estadía recibieron innumerables provocaciones violentas y amenazas de ser encarcelados por el delito de «sedición». En ese marco realizaron esta mañana una conferencia de prensa en la sede del Sipreba para dar a conocer los primeros reportes y conclusiones del trabajo realizado en el país vecino y a su vez anunciar los pasos a seguir.

En la conferencia de prensa, que duró cerca de una hora, se leyeron las conclusiones preliminares de la misión de observación sobre la situación de derechos humanos, sociales, políticos y culturales que atraviesa el pueblo boliviano. En el apartado Derechos Humanos, se registraron las situaciones más preocupantes a partir de las masacres perpetradas contra la sociedad civil: «Socaba (Cochabamba) con al menos seis muertos, centenares de heridos y detenciones arbitrarias tras el accionar de las Fuerzas Armadas; y Senkata (Ciudad del Alto) con al menos nueve muertos, personas desaparecidas, centenares de heridos y detenciones arbitrarias, consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas».

La comitiva argentina en Bolivia, integrada por referentes de organismos de derechos humanos, sindicatos y movimientos sociales.

La Delegación también constató situaciones de desapariciones forzadas de personas; situaciones de torturas y delitos sexuales; ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares. Esto último incluyó «la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos». Además hallaron una restricción manifiesta de la libertad de prensa, dado que periodistas de medios locales fueron «víctimas de hostigamientos, amenazas y restricciones a la necesaria libertad para ejercer su profesión» y parecida situación sufrió la prensa internacional.

«Hemos constatado la utilización de discursos racistas y de odio, por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales. Se han verificado prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión». En ese sentido han encontrado al Poder Judicial «subordinado al gobierno de facto», dado que «para esta Delegación fue imposible reunirse con funcionarios del Poder Judicial, a pesar de los reiterados requerimientos realizados».

Cabe destacar que, durante la estadía de la Delegación en este país, el Ministro de Gobierno de facto Arturo Murillo recomenzó que «anden con cuidado» a aquellos extranjeros y extranjeras que visitaran el país. «Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que hacen», amenazó.

De la conferencia de prensa participaron Roberto Carlés, Victoria Freire, Daniel Catalano, Natalia Zaracho, Pablo Pimentel y Federico Fagioli, entre otres. «No hay salida institucional sin un proceso de verdad y justicia. Hemos visto situaciones y recibido denuncias que configuran crímenes de lesa humanidad. Lo que hace falta es la actuación de un órgano supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que un país abra una instancia de juicio, como fue Argentina con el tema de las víctimas del franquismo o España con la dictadura chilena”, resumió el abogado Carlés, destacando la complicidad de ciertos organismos internacionales con el golpe de Estado producido el 10 de noviembre.

La Delegación anunció que en las próximas dos semanas estará listo el informe final de la misión en el Estado Plurinacional de Bolivia para entregar a los organismos de derechos humanos locales y extranjeros.