A tono con la querella, el fiscal general Pablo Ouviña solicitó 25 años de prisión para los tres imputados por privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos agravados cometidos en el ex centro clandestino Virrey Cevallos.

Fueron siete horas de audiencia en la sala AMIA, en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. El alegato fue una exposición extensa e impecable en la que el fiscal general Pablo Ouviña explicitó el funcionamiento de la casona de Virrey Cevallos 630 como base operativa de la Jefatura de Inteligencia II, dependiente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, a cargo de Omar Domingo Rubens Graffigna, uno de los tres imputados, y solicito tanto para él como para los hermanos Monteverde 25 años de cárcel común por privación ilegítima de la libertad, en sintonía con la querella.

Casualmente, ayer, en la amplia sala del juicio, Graffigna se ausentó. Tanto él como los hermanos Monteverde, los restantes imputados, se habían negado a dar testimonio en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de la casa del barrio de Monserrat como centro de torturas. La defensa de Graffigna había solicitado la suspensión de los cargos contra su cliente, alegando incapacidad de defensa. El pacto de silencio de los represores evidencia que el brigadier general continúa totalmente lúcido, consciente de sus actos y firme en la decisión política de llevarse sus crímenes en silencio y a la tumba. Los Monteverde, por su parte, contemplaban en silencio.

Hermanos Monteverde

Los hermanos Monteverde durante la audiencia inaugural del juicio. Foto: Andrés Wittib

La alocución del fiscal comenzó evidenciando el plan sistemático de desapariciones y circuitos de centros clandestinos de detención de los que se valió la dictadura para llevar adelante la “guerra contra la subversión”. Luego detalló el rol de la Fuerza Aérea en este proceso y desglosó la estructura de inteligencia con la que contaban, hasta llegar a la Jefatura II. Allí se detuvo en las condiciones en las que se reestructuró el sistema de contrainteligencia a partir de 1976, sus antecedentes inmediatos y sus nuevas formas: la creación de seis regionales y específicamente de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, la encargada de gestionar las desapariciones y torturas en Cevallos. “No hay dudas de que estas incorporaciones (RIBA y SIFA) tuvieron el objetivo de brindar herramientas a la Fuerza Aérea en la llamada ´lucha contra la subversión´”, expuso Ouviña.

En este marco, entre 1976 y 1977, el inmueble de Virrey Cevallos 630 comenzó a funcionar como una casa operativa al servicio de la Jefatura de Inteligencia II de Fuerza Aérea. En sus orígenes, la casa había sido donada por su propietario para la construcción de una maternidad. Sin embargo, al terminar bajo la administración de la Policía Federal, las intenciones altruistas del dueño viraron hacia la utilización de la casa para la tortura y la desaparición. En su alegato, el fiscal explicó el modo de funcionamiento de la casa, la división de roles entre civiles y militares, la composición de las guardias, los grupos operativos y las cadenas de mando.

Omar Domingo Rubens Graffigna

Omar Domingo Rubens Graffigna

Ouviña destacó el papel que tenía la contrainteligencia militar en los tiempos previos al WhatsApp. El fiscal probó que existían “comunidades informativas a nivel nacional, regional y local”, constituidas por militares y civiles y encargadas de compartir y solicitar información. Memorandos, pedidos de captura, solicitudes de informes, constancias de legajos: las pruebas expuestas por el fiscal general de la cusa acreditan que la estructura de inteligencia existía y el modo en que operaba.

25 años para los tres imputados, el máximo de la pena para los delitos cometidos por funcionarios públicos. Ahora resta esperar la decisión de los jueces en una causa con más de 40 años de memoria acumulados.