«Cuando la lucha es territorial o de clases, la legalidad de los opresores es relativa. Aún cuando provenga de los votos. Los votos no pueden legitimar la opresión y las masacres. Cualquiera sea el medio empleado en su defensa o resistencia por el pueblo o las comunidades mapuches, nosotros los bancaremos». El testimonio del pueblo mapuche es revelador de una Argentina construida sobre el genocidio de indios, negros y criollos hace ya más de cien años.
Luego de padecer las muertes de Santiago Maldonado en Cushamen y de Rafael Nahuel en la comunidad Winkul, ambas ocurridas en la segunda mitad del año 2017, el lunes 18 de marzo se dio un golpe histórico a décadas enteras de impunidad: un fallo del Juzgado de Esquel absolvió a todos los integrantes de la Pu Lof Cushamen acusados por el empresario italiano Carlo Benetton y el gobierno de Chubut de los delitos de usurpación y abigeato. Al mismo tiempo, la jueza Carina Estefanía cuestionó el accionar de jueces, fiscales y comisarios, a quienes pidió que se investigue por una cantidad considerable de irregularidades en los procesos anteriores al comienzo del juicio.
Fernando Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala -éste último fue condenado por el delito de tenencia de armas- fueron los seis absueltos por la jueza Estefanía de la ciudad de Esquel, quien además ordenó la conformación de una mesa de diálogo para que el Estado Provincial se reúna con todas las partes involucradas bajo el propósito de resolver esta cuestión territorial de la cual es víctima la comunidad originaria de la Pu Lof.
La abogada Sonia Ivanoff es especialista en derecho indígena y formó parte de la defensa de una de las imputadas, Andrea Millañanco. En diálogo con El Grito del Sur, Ivanoff analizó las implicancias del fallo y la continuidad de una disputa territorial que ha tenido hasta ahora a los grandes terratenientes como vencedores. «Éste es un viejo conflicto territorial que no se resuelve por el ámbito penal, como se ha pretendido. Este juicio por usurpación duró 4 años, cuando en realidad se parte de un hecho histórico que es el despojo territorial. Más allá que uno de los puntos en la sentencia absolvió de los delitos a los sujetos autorreferenciados con los mapuches, quien hace la reivindicación territorial es una comunidad reconocida por la Constitución, una persona jurídica independiente de las personas físicas. En la mesa de diálogo que planteó la Dra. Estefanía, pensada como una solución alternativa, debe haber indudablemente interés en las partes: desde siempre las 34 naciones indígenas vienen pidiendo diálogos genuinos y no extorsiones ni criminalizaciones», expresó la abogada representante de Andrea Millañanco.
«La jueza fue bastante crítica con el accionar de la Justicia, con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y con el juez federal. Aquí existió un mal servicio de justicia. Fue tal la criminalización en 4 años que se buscó judicializar el conflicto, que en este caso no es judicializable desde el punto de vista penal. Esta causa ha tenido tratos crueles y degradantes, vejaciones en comisarías, aplicación de la Ley Antiterrorista, espionaje ilegal y agentes de la AFI investigando la causa mapuche», analizó.
Por último, Ivanoff se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad en los territorios históricamente poblados por los mapuches desde que se produjeron los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017. «Hay muchísimo control y se destaca el racismo, el hostigamiento y la persecución desenfrenada porque hay un aval por parte del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hay una criminalización del derecho a la identidad, a decir ¨soy mapuche¨. Sólo por ser indígenas, ya tienen la responsabilidad penal de autor».
