El relato no es nuevo: la privatización de tierras en nuestro país alcanza cifras alarmantes. En Argentina hay casi 15 millones de hectáreas en manos extranjeras, el 5,22% del país y equivalente a la mitad del tamaño de Italia. Los nombres en la lista de terratenientes son tristemente célebres: desde Joe Lewis hasta Luciano Benetton, pasando por Peter Lee Mc Bride y los herederos de Douglas Tompkins.
Esta vez, el tema es noticia porque un grupo empresario chileno busca adueñarse de una de las zonas más valiosas de Santa Cruz a través de un listado de testaferros que incluyen a la familia Braun y se vinculan al buffet de abogados de Martínez de Hoz.
La historia es así: tres estancias administradas por accionistas vendieron sus propiedades a un magnate chileno escondido detrás de la fachada de una empresa regenteada por testaferros argentinos. Ocho ríos, 50 kilómetros de vera del Lago San Martín y una buena porción de bosque nativo en una zona sensible: es parte del territorio demarcado por los acuerdos con Chile que casi conducen a un conflicto bélico al inicio de la década de 1980.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat está al frente de la querella. «La estancia está cerrada y sin realización de trabajo alguno hasta su destino en sede judicial», explicó en diálogo con El Grito del Sur. Es el Juzgado Nacional 9 en su Secretaría 18 el encargado de velar por el patrimonio nacional. Son 60 mil hectáreas que incluyen un lago interno de grandes proporciones –laguna Corazón– y más de 60 lagos o lagunas chicas. El lago en cuestión, el San Martín (llamado O´Higgins del lado chileno), es el más profundo del territorio americano y alberga una flora y una fauna única.
El dueño y sus secuaces
Maximiliano Ibáñez Bulnes es un empresario chileno, dueño de Córpora Sociedad Anónima, tal como relata la investigación del diario La Opinión Austral. Es hijo, nieto y bisnieto de empresarios vinculados al rubro alimenticio, pero en los últimos tiempos se dedicó a comerciar con tierras patagónicas bajo el amable mote de «empresario turístico». Aunque no figure en los papeles, es el verdadero dueño de las tres estancias en cuestión.
Quien sí aparece con nombre y apellido y prestando su firma es Ezequiel Braun Pellegrini, el titular fiduciario de Inversiones Aluquina S.A., la empresa con la que el magnate chileno intenta avanzar sobre suelo santacruceño.
Si se habilita la venta «sería un fraude tanto a la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre las tierras rurales como a la legislación sobre zonas de frontera», señaló Barcesat. «De hecho este territorio fue parte del laudo arbitral llamado Laguna del Desierto tras el conflicto con Chile, al punto de que hay un hito demarcatorio de la frontera que está instalado en uno de los bordes del predio».
Ahora, los socios clase A (miembros sin voto de la sociedad que puso en venta las estancias) deben brindar declaración testimonial, ya que los dueños y accionistas clase A habrían recibido los pagos a través de transferencias desde el exterior por medio de bancos chilenos y norteamericanos. Los titulares de las cuentas están vinculados a la familia Ibáñez Bulnes y el abogado querellante Eduardo Barcesat alega esto como prueba irrefutable de la vinculación del chileno con sus testaferros locales.
En el intento de borrar su propia huella, la empresa Córpora de Ibáñez Bulnes creó el fideicomiso que compró las tierras y contactó a Ezequiel Braun Pellegrini para poner la firma, un hombre vinculado a la familia Macri, familiar de los dueños de los supermercados La Anónima y de uno de los financistas de la campaña de Javier Milei.
En materia legal, todo lo actuado contraviene nuestro marco normativo vigente. El artículo 124 de la Constitución establece que el dominio originario de las tierras pertenece a la provincia de Santa Cruz, pese a que la querella quedó instalada en Capital Federal, donde se llevó a cabo toda la maniobra de la venta fraudulenta. La pregunta de fondo es cómo los organismos argentinos permitieron la inscripción y la compra del terreno.
La provincia de Santa Cruz se sumó a la querella dirigida por Barcesat, en la figura del procurador general de la provincia. Lo mismo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), que busca investigar la maniobra de omisión a cargo de los organismos de contralor encargados de velar por los bienes argentinos.
El dato de color es que el directorio de la empresa constituida para operar la compra tiene domicilio en Suipacha 1111, en el estudio Pérez Alati, propiedad del abogado homónimo y sus socios Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz. Cualquier relación de estos apellidos con la venta del país a extranjeros, es pura coincidencia.
