Llegó el informe final de la Delegación en Solidaridad con el Pueblo Boliviano

Para que vuelva la democracia a Bolivia

La Delegación Argentina, compuesta por dirigentes sociales y representantes de organismos de derechos humanos, presentó su informe final para mantener viva la denuncia del golpe de Estado en Bolivia. "Sin la participación plena de los pueblos indígenas y de la nación pobre, no hay democracia posible", destacaron.

La Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano presentó esta mañana en la Cámara de Diputados el informe final de su visita al país andino los días 28, 29 y 30 de noviembre. Al igual que en la publicación del trabajo preliminar, sus integrantes hicieron énfasis en el «retroceso brutal» que significa el golpe de Estado y llamaron nuevamente a investigar todos los crímenes cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Añez. «Sin la participación plena de los pueblos indígenas y de la nación pobre, no hay democracia posible en Bolivia», aseguraron.

Luego de proyectar un vídeo con imágenes de la situación política que se está viviendo en Bolivia, el equipo de la Delegación destacó que, por la cantidad de denuncias que recibieron en los últimos días, no hubo tiempo para procesar la totalidad de éstas y seguramente «este informe va a tener una segunda edición». Los principales conceptos vertidos apuntaron, por un lado, a denunciar el marco represivo en que se desarrolló el accionar de las fuerzas de seguridad poco más de un mes atrás: «Se constató el uso absolutamente desproporcionado de la violencia para reprimir manifestaciones públicas. Se observan diversas violaciones a los DD.HH., entre las que se destacan lesiones graves, hechos de tortura, violación y abusos sexuales por parte de integrantes de las FF.AA.». Por otro lado, se resaltó «el rol de la OEA y de la administración de EE.UU. en el golpe de Estado, organizado junto con actores sociales institucionales como la policía y el Ejército boliviano, entre otros».

El informe final dejó como saldo una serie de conclusiones y recomendaciones. Allí se hizo un llamamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para «iniciar los procedimientos necesarios que determinen la responsabilidad internacional de las actuales autoridades de facto del Estado boliviano frente a las gravísimas violaciones de derechos humanos, como así también se acompañe desde diferentes organismos la búsqueda de la verdad y la justicia para juzgar a los responsables de las masacres que hemos denunciado en este informe».

Al mismo tiempo, se pidió por la vuelta de las garantías democráticas al país vecino de cara al proceso electoral que se avecina: «la apertura de tal proceso en los próximos 120 días -que pretenda la recuperación de la plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho en Bolivia- sólo será posible en la medida que se garanticen los derechos políticos que hoy son sistemáticamente vulnerados. Sin el cese de los hostigamientos judiciales, mediáticos, personales y familiares, sin la posibilidad del retorno al país de todos los asilados, sin la libertad de los presos políticos, sin la participación plena de los pueblos indígenas y de la nación pobre, no hay democracia posible en Bolivia».

La actividad contó con la participación de referentes de la comunidad boliviana, del Frente Patria Grande, ATE Capital, APDH Nacional, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Sipreba, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, y CTA de los Trabajadores, entre otros.