“Los policías entraron a mi casa temprano, cerca de las 7, antes de que yo salga a trabajar. Rompieron la puerta, nos golpearon a mi y a mis dos amigos, y nos esposaron como si fuéramos asesinos. Nosotros solo trabajamos para ayudar a nuestras familias”, dice Souley, un joven senegalés que vive en el país hace casi cinco años. El 25 de noviembre, en el municipio de San Martín (partido de Tres de Febrero), se llevaron a cabo nueve allanamientos a casas, departamentos y hoteles donde viven residentes oriundos de Senegal. Souley, de 35 años, fue uno de los que sufrió el atropello y la violencia policial en el marco de una causa que, como siempre, tiene como objetivo confiscar prendas “truchas” y, de paso, criminalizar y discriminar a la comunidad senegalesa. “Los policías fueron irrespetuosos. Rompieron muebles, fotos, apoyaban las botas sobre la cama o nuestras alfombras de oración”, completa Souley.
Desde que comenzó la pandemia y mientras rigió el aislamiento obligatorio, la venta ambulante se redujo de forma considerable, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Capital. Pero desde finales de julio, los vendedores senegaleses -que, casi en su totalidad, no han recibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) u otro tipo de ayuda estatal- tuvieron que salir otra vez a las calles. La respuesta de las fuerzas de seguridad y ambos gobiernos fue -y sigue siendo- la de siempre: racismo, represión, detenciones arbitrarias y robo de la mercadería. El caso de Souley y sus compañeros se repite en forma constante.
Los allanamientos realizados ese día están enmarcados dentro de una causa caratulada “SALIOU DIOUF S/INFRACCIÓN LEY 22.362”, y que lleva adelante la Secretaría Penal Nº2 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella y Pablo Ezequiel Wilk. La ley a la que hace referencia es la tristemente célebre Ley de Marcas, sancionada en 1980, con el aval de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. En ella, se establece que “será reprimido con prisión de tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de cuatro mil pesos a 100 mil pesos” a quien, entre otras cosas, “ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada”. Sin dudas, es una ley que busca favorecer a los grandes empresarios. Por este mecanismo, el Estado protege a una élite económica y, a la vez, se desliga de las responsabilidades con respecto a las clases populares.
En su libro Crítica de la Razón Negra, el filósofo y teórico político camerunés Achille Mbembe sostiene: “Producto de una maquinaria social y técnica indisociable del capitalismo, de su emergencia y de su expansión planetaria, el negro fue inventado para significar exclusión, embrutecimiento y degradación, inclusive para significar un límite conjurado y aborrecido al mismo tiempo. Despreciado y profundamente deshonroso, en el contexto de la modernidad fue el único ser humano cuya carne fue transformada en cosa y su espíritu, la cripta viviente del capital, en mercancía”.
Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, los mecanismos de exclusión, represión y degradación son varios: allanamientos violentos, insultos racistas en la vía pública, provocaciones verbales y físicas, detenciones arbitrarias en la vía pública por portación de rostro o portación de bolsa. “Los policías saben dónde vivimos. Muchas veces nos esperan -vestidos de civil- en las plazas o cerca de nuestras casas para detenernos cuando llegamos o cuando salimos a trabajar”, cuenta Galaye, referente de la comunidad en el barrio porteño de Once. Desde que la cuarentena se flexibilizó, hubo más de 100 detenciones a miembros de la comunidad senegalesa y africana en el territorio, según los registros de organizaciones sociales.
A pesar de la persecución, el racismo y el allanamiento sufrido, Souley rescata la organización de la comunidad puertas adentro: “Cuando uno pierde todo, nos organizamos y entre todos aportamos para que esa persona pueda comprar algo de mercadería para volver a empezar y seguir vendiendo”. Este fenómeno se explica por la organización religiosa que tienen los senegaleses en su país. Como explica la socióloga e investigadora del CONICET Gisele Kleidermacher: “En Senegal, la religiosidad musulmana se manifiesta principalmente a través de las hermandades religiosas sufíes (también llamadas dahiras), que poseen un enorme poder de unión entre la población senegalesa, fenómeno que se reproduce en la emigración en el exterior”. En nuestro país, las dahiras están encargadas de llevar adelante este tipo de acciones de colectas, ayudas o préstamos sin interés, y se establecen como redes transnacionales.
La comunidad también recibe ayuda y asesoría legal por parte de organizaciones como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), o de espacios como Agenda Migrante y el Bloque de Trabajadorxs Migrantes. Algunos docentes organizados en UTE han empezado a dar clases a miembros de la comunidad, y hace pocos días finalizó la cursada de español en la UTEP. En el último tiempo, han podido organizarse en distintas cooperativas o emprendimientos: La Tiendita Migrante -venta de barbijos y alcohol en gel-, El Emporio Migrante -venta de comida senegalesa- y Feria Desde Casa -venta de ropa.
Según los últimos registros -que datan de 2018-, en Senegal hay un 56 por ciento de pobreza y más de un 40 por ciento de desempleo. En un contexto de allanamientos y maltratos policiales, muchos de los senegaleses que han llegado en los últimos 5 años -avión desde Dakar a Brasil, de ahí pasar por la Triple Frontera en la mayoría de los casos- no piensan permanecer en Argentina por mucho tiempo más. El presidente de Senegal, Macky Sall, que antes fue primer ministro, es una suerte de Macri para la gran mayoría de los senegaleses. “Nos endeudó, no hay mejora en el empleo y la pobreza. Ustedes tuvieron a Macri, nosotros todavía tenemos a Macky Sall”, detalla Abdul mientras le vende café a un paisano. “No sé si es por el allanamiento. Creo que sí, pero también extraño mucho a mi familia, a mi mamá, mi papá y mis hermanos. Por eso quiero volver cuanto antes”, completa Souley. El joven guarda las mallas que vende en una bolsa de forma parsimoniosa y va camino al tren para ir a su casa, comer, dormir, y volver al día siguiente a Bogotá y Argerich, su esquina en el barrio de Flores.
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