El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, tiró la primera piedra el martes pasado: «Ya no va a haber extensión del DNU». El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de marzo y son miles de inquilinos e inquilinas endeudadas las que no saben dónde van a vivir cuando el Gobierno deje atrás la medida. Este anuncio motivó la preocupación de las organizaciones inquilinas a lo largo y ancho del país, que planifican medidas de fuerza a partir de esta semana con el objetivo de que se extienda nuevamente el decreto y se lleve adelante un plan de desendeudamiento en los alquileres.
«Durante la pandemia, el decreto evitó que muchas familias quedaran en la calle extendiendo automáticamente los contratos de alquiler y el mercado inmobiliario respondió a esa medida con aumentos de precios que hoy, a un año de la pandemia y sus consecuencias económicas, son imposibles de afrontar para las familias. El panorama de hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle», disparó Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN).
Desde esta entidad anticiparon nuevas protestas a nivel nacional bajo el lema #NosQuedamos. «Vamos a hacer lío en todo el país. Se profundizarán las asambleas inquilinas en los barrios y pediremos la extensión del decreto y un plan de desendeudamiento», confiaron a El Grito del Sur. Si bien Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento «podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables» y al mismo tiempo «empezar a poner en función la Ley de Alquileres», este planteo resulta insuficiente porque -de acuerdo con la última encuesta de la FIN- el 35,7% (1.249.500 hogares inquilinos) no pudo pagar el mes de enero o pagó parcialmente, por lo que están en una situación de posible desalojo.
Crecen los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires
La semana pasada se produjeron al menos dos desalojos en el mercado de vivienda informal de la Ciudad. El martes 2 de marzo, una madre fue desalojada junto con sus dos hijas menores en el barrio de Once con el argumento de adeudar dos meses de alquiler. El viernes 5 de marzo, 22 personas fueron desalojadas de la vivienda que alquilaban hace más de 15 años en el barrio de Boedo (Av. San Juan 3365/67). Si bien había un juicio de desalojo civil en curso en este último caso, les habitantes jamás fueron informados de que se iba a llevar a cabo el procedimiento.
«En CABA los desalojos están a la orden del día: también quedaron previamente en la calle 22 familias de Vespucio 65 en La Boca, mientras que una vecina de la Villa 31 y sus 8 hijes sufrieron un violento operativo que terminó con la mujer detenida. Cabe resaltar que no todos los desalojos llegan a nuestro conocimiento, con lo cual seguramente haya más de estas situaciones en hoteles, pensiones, conventillos y villas de toda la capital», informaron desde Consejerías de Vivienda.
El panorama hacia delante es aún menos alentador: bajo la probabilidad de que no se extienda el DNU 320, se espera que los juzgados agilicen expedientes que venían paralizados por la normativa gubernamental y para abril podría ocurrir una ola de desalojos, lo cual intentará ser impedido por las organizaciones para que nadie más se quede en la calle en medio de la crisis económica y sanitaria que el país atraviesa.
