Contra su voluntad, la jueza María Victoria Pereira, a cargo del Juzgado Nacional Civil 39 de la Ciudad de Buenos Aires, firmó esta semana una resolución sin precedentes en el país: acató una medida provisional dictada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU y frenó el desalojo de seis familias de la Villa 15 que estaban al borde de quedar en la calle luego de agotar todas las instancias judiciales locales. Es la primera vez que un tribunal de estas características respeta un fallo a nivel internacional que protege el derecho a la vivienda por sobre el de la propiedad.
“El desalojo era inminente cuando entramos en contacto con las familias, a inicios de 2020. Todas las instancias judiciales estaban agotadas y, estudiando las alternativas, recurrimos al Comité DESC de la ONU, que ya había fallado a favor de otras familias también con desalojos en España, y conseguimos esta resolución favorable, que sienta un precedente en materia del derecho a la vivienda en nuestro país”, describió en diálogo con El Grito del Sur el abogado Leonel Bazán, del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP).
En la vivienda, precaria, viven unas 26 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, todes en condiciones de extrema vulnerabilidad. La mitad ya había sido desalojada con anterioridad del edificio conocido como el «Elefante Blanco», donde hoy funcionan oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. De allí se fueron con un subsidio y la promesa de un plan de viviendas que el Ejecutivo porteño jamás cumplió.
A mediados de 2020, ante la inminencia del desalojo, las familias afectadas de Villa 15, junto con CEJIP, denunciaron al Estado Nacional, y en especial a su Poder Judicial y al Gobierno de la Ciudad, por no adoptar medidas para garantizar su derecho a una vivienda adecuada. La ONU les dio la razón a principios de mes, y la jueza Pereira terminó por acatarlo.
“La solución de este caso requiere compromisos y acciones concretas del Estado, tanto a nivel nacional como local, para garantizar el derecho a la vivienda de las familias afectadas. Al mismo tiempo, es necesario reformar las normas que admiten este tipo de desalojos y crear un protocolo para la tramitación judicial de estos casos. Asimismo, se deben poner en marcha políticas de regularización dominial e integración socio-urbana en la Villa 15”, concluyen desde CEJIP.
