En la última sesión de la Legislatura porteña, el jueves pasado, los legisladores Diego García Vilas (PRO), Sergio Abrevaya (GEN) y Martín Ocampo (Evolución) plantearon “cuestiones de privilegio”, con indignación extrema y sobreactuación, para denunciar que el Poder Judicial les impedía debatir un proyecto de ley y aprobarlo. Querían ejercer su “derecho a votar”. Relatado de esta forma parecería razonable el planteo de estos representantes, pero yendo al contenido de qué se pretendía votar, cómo se quería hacerlo y por qué la Justicia había suspendido el debate, descubriremos que nos encontramos ante la mayor genuflexión y connivencia del oficialismo parlamentario frente al poder inmobiliario representado en el rostro del Grupo IRSA.
Tratamiento Olímpico para el Proyecto Costa Urbana en la Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors
En una nota anterior describimos cómo nos despojaron de 71 hectáreas de tierras públicas, en plena costanera sur de la Ciudad de Buenos Aires, frente a Puerto Madero y al sur de la Reserva Ecológica, cuando se cedió gratuitamente por ley estos predios al Club Atlético Boca Juniors para construir una Ciudad Deportiva. Luego se autorizó al club a vender estas tierras, sin haber finalizado la construcción de la ciudad deportiva, e intermediario mediante, el predio fue comprado por IRSA por 50 millones de dólares en 1997. Así, el conjunto de la ciudadanía perdió un sector gigantesco de la Costanera Sur sin recibir nada a cambio.
Desde esa fecha, IRSA ha intentado la modificación de la planificación urbana para poder extender Puerto Madero hacia el sur en dichos predios. Tuvo reiterados fracasos legislativos con diversas composiciones parlamentarias. Pero la pandemia, la crisis económica y sanitaria, y la época electoral habrían alineado los astros para que avanzara la mega propuesta inmobiliaria.
El Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta e IRSA acordaron que un nuevo Puerto Madero sería lo mejor para la ciudad y que el inicio de las obras no podía esperar.
En un tratamiento VIP y exprés, demostraron que el Estado lejos de ser burocrático es más eficiente que el sector privado. En dos semanas consiguieron todos los dictámenes del ejecutivo, firmar el convenio y votar el proyecto de ley en la Legislatura.
El sábado 17 de Julio, el Director General de Planeamiento Urbano, Sr. Luis Oscar Cabillon emitió su dictamen. El domingo 18 de Julio de 2021, el Asesor Nicolás Fernández, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, emitió dictamen con relación a las contraprestaciones de la empresa IRSA. El lunes 19 de julio, la Procuración General emitió su dictamen jurídico. A las pocas horas se firmó el convenio urbanístico. Al día siguiente, el 20 de julio se lo remitió a la Legislatura que inmediatamente realizó dos reuniones conjuntas de las Comisiones de Planeamiento y de Presupuesto (22 y 26 de julio). El jueves 5 de agosto estaba en el temario para ser votado.
Una eficiencia envidiable para autorizar un emprendimiento inmobiliario llamado “Costa Urbana” que implicaría la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura. La superficie total construida alcanzaría los 900 mil m2, destruyendo el actual humedal costero y al lado de uno de los humedales con mayor proyección mundial por ser sitio Ramsar, la Reserva Ecológica Costanera Sur. La densidad constructiva superará a la que actualmente tiene Puerto Madero.
El proyecto es la síntesis de un absurdo ambiental y social. Los consensos globales, en el marco de la agenda climática, definen la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar el ascenso del nivel de las aguas, recuperar y preservar los humedales costeros y generar bio corredores que permitan el acceso de los vientos desde las costas para atenuar el efecto de isla de calor urbana. A contramano del mundo, la propuesta del GCBA de ocupación del borde costero, no sólo va a destruir el humedal costero, sino que va a generar un conjunto de impactos negativos en relación a los vientos y al escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas.
La velocidad que nos debería dejar atónitos, se opaca por la calidad de la evaluación técnica del proyecto. El GCBA autorizó Costa Urbana con sólo un “Informe Técnico” de 19 páginas a simple faz (5 son el marco normativo, 11 con imágenes y 3 de conclusiones).
La falta de seriedad se explica porque de aprobarse este convenio urbanístico el grupo IRSA ganaría más de 1000 millones de dólares. Su presidente, Eduardo Elsztain recuperaría los 900 millones de dólares que perdió en Israel con la quiebra de su empresa radicada en Tel Aviv.
Democracia Inmobiliaria o Democracia Participativa Ambiental.
Obnubilados por estas cifras siderales, al GCBA y a la Legislatura se les pasó convocar a audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo de este proyecto de ley por modificar sustancialmente la planificación urbana (art. 63 Constitución de la Ciudad) y realizar la Evaluación de Impacto Ambiental previa a la firma del convenio urbanístico como exigen el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Por este motivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (UBA), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, acudimos a la justicia con una acción de amparo colectivo en defensa de la democracia participativa y ambiental al advertir que se estaban violando la regulación constitucional e internacional que establecen cómo se debería dar un debate con relación al destino de la Costanera.
El 24 de Julio de 2021, el Juez Scheibler, en la causa judicial caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros c/ GCBA s/Amparo – Otros”, Expte. N° 166469-2021/0, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley N° 123 respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).
Luego de recusar al siguiente juez de feria (Dr. Converset) por la muestra de una clara parcialidad en defensa del GCBA, la jueza López Vergara ordenó a la Legislatura que acredite el cumplimiento de la medida judicial. Ésta continuó como si la causa judicial no existiera y en la última labor parlamentaria incorporó el proyecto de Costa Urbana en el temario para ser aprobado en la sesión legislativa.
Frente a este incumplimiento flagrante de la medida judicial, el juez natural de la causa (finalizada la feria judicial), Dr. Aurelio Ammirato, decidió notificar personalmente de la orden judicial al, todavía, presidente de la Legislatura, Sr. Diego Santilli (que renunció a su cargo el jueves) y al vicepresidente 1ro, Sr. Agustín Forchieri, en su calidad de máximas autoridades legislativas y responsables de que la medida judicial se respete. Ante la posible comisión del delito de violación de una sentencia judicial, decidieron reservar el proyecto de ley en secretaría hasta que se “resuelva” la cuestión judicial.
Durante la sesión, las “cuestiones de privilegio” planteadas por les legisladores por no poder ejercer su “derecho a debatir y votar” pone de manifiesto dos visiones de concepción de la democracia en plena crisis civilizatoria y climática.
Por una parte, los bloques que plantearon las cuestiones de privilegio sostienen que el Poder Judicial no debe interferir en el debate parlamentario y que la Legislatura no tiene ninguna limitación. La democracia se reduce a unas cuantas personas que ocupan el rol institucional de legisladores.
Por otra parte, cientos de asambleas y colectivos interpretan que la mejor forma de organización de la comunidad porteña es una Democracia participativa y ambiental. Esta postura está avalada por la Constitución de la Ciudad, el Acuerdo de Escazú y hasta ahora por la justicia. En la democracia participativa, el rol preponderante en el debate público lo tiene la ciudadanía con el reconocimiento de su derecho político a discutir colectivamente en espacios de participación (audiencia pública u otros formatos) y a ejercer su participación contando con la mayor información (Estudio diagnósticos, Estudios de Impacto Ambiental, Evaluación de Impacto estratégicos y acumulativos, etc.). La participación debe ejercerse en los primeros inicios del debate no cuando todo está arreglado, firmado y votado, transformando las audiencias públicas en mera formalidad.
La defensa legislativa corporativa en la sesión reiteraba el pedido de “déjennos votar” y el argumento de que si violaban derechos luego la justicia tenía la facultad de declarar inconstitucional la ley votada.
Una absoluta falta de autocrítica de los antecedentes inmediatos de esta Legislatura. En el caso de Costa Salguero la justicia declaró inconstitucional la Ley N° 6.289 por no haber respetado el procedimiento de sanción de leyes, otra vez se olvidaron de convocar a audiencia pública. La Justicia también frenó la venta de 86 hectáreas de tierras públicas de la ciudad por falta, también de audiencia pública. En ambos casos estas decisiones judiciales fueron ratificadas por la segunda instancia.
Esta medida judicial, en lugar de conducir a la reflexión a estos bloques legislativos, lso llegó a anunciar un jury de enjuiciamiento al Juez Guillermo Scheibler tan solo por pedir que acrediten si cumplieron las instancias que exige la democracia ambiental y el procedimiento de sanción de leyes. Pregonan su defensa de una justicia independiente del poder a nivel nacional pero a nivel local, la persiguen.
Proyecto de Ley para Recuperar la Costanera
En cumplimiento del mandato de los arts. 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad que establecen que se debe recuperar este predio para su uso común y gratuito, de libre acceso y circulación, y que su dominio debe ser público, más de 100 espacios colectivos con miles de firmas presentarán el día lunes un proyecto de ley para expropiar este predio y destinarlo a la creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río.
Para apoyar y sumar adhesiones al Proyecto de Ley de Recuperación de la Costanera Sur y Creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río pueden dejar sus datos en https://forms.gle/rHBLqLRR5hoZdnuC7. El texto de la propuesta de Proyecto de Ley está accesible en este enlace https://buff.ly/3BTPhyg.
