Jorge Macri y el «siga siga»: garantía de continuidad para los negocios inmobiliarios en la Ciudad

💰 Adicto a las excepciones inmobiliarias, Jorge Macri promovió a lo largo de una década en Vicente López un modus operandi marcado por las violaciones al Código Urbanístico. Propiedades carísimas, construcción de torres lujosas y ausencia de espacios verdes. Ahora el sucesor quiere adueñarse de la inmobiliaria porteña Pro.

En la campaña electoral del año 2011 para la intendencia de Vicente López, Jorge Macri habló de las excepciones inmobiliarias como «corruptas e injustas» y aseguró que se terminarían durante su gestión. Sin embargo, lejos de concretarse esta promesa, el primo de Mauricio superó con creces a Enrique «Japonés» García: si su antecesor -intendente entre 1987 y 2011- fue acusado de realizar unas 350 excepciones, Macri llegó a más de 500 (según denuncian diversas ONG) en apenas una década de gestión.

Organizaciones vecinales del distrito explicaron en múltiples oportunidades un modus operandi marcado por violaciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU), permitiendo -voto de concejales mediante- que grandes empresarios se vean beneficiados.

La figura legislativa de la excepción funciona de la siguiente manera: vender o comprar una propiedad con ese permiso multiplica su valor, puesto que el desarrollador podrá edificar con una oferta habitacional muy superior. Grupos empresariales se ven seducidos por esta lógica de negocios y, al igual que en las normas de la Ciudad, el mecanismo de la excepción contempla que el desarrollador dé a cambio una contraprestación en beneficio de los vecinos y las vecinas.

En un reciente informe firmado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros espacios vecinales, se planteó que «el 17 de diciembre de 2020, a escondidas y en plena época de DISPO cuando los vecinos no podían acudir a las sesiones del Concejo Deliberante (HCD), la mayoría automática de Juntos por el Cambio votó tres escandalosas excepciones. En dos de ellas, contaron con el respaldo de los opositores cómplices. A dieciséis años de la escandalosa sesión del 23 de diciembre de 2004 -que produjo un daño irreversible en el perfil urbano de Vicente López- se volvió a repetir la historia. En efecto, la mayor cantidad de excepciones fueron votadas en diciembre de cada año».

Una de esas excepciones mencionadas es para el Barrio Olivos Golf, ubicado en zonificación R1, donde se permitiría la construcción de 9 dúplex en un predio que sólo permitía dos viviendas unifamiliares. La segunda excepción afecta a la zona residencial R1 de Olivos, en la calle Alberdi y Tucumán, donde se construiría un edificio de altura a pesar de que el Código no lo permite.

También se puede mencionar el caso de las torres Barlovento en La Lucila (sobre Av. del Libertador y Vicente López), con vista privilegiada al río y un total de 66 departamentos.

Excepciones inmobiliarias en Vicente López. Foto: Pedro Pérez

«Vicente López está padeciendo un fenómeno muy grave: la planificación ha quedado en manos de la especulación inmobiliaria con la complicidad del gobierno municipal, transformando el perfil urbano de la ciudad. Desde el año 2004 hasta la actualidad, los vecinos luchamos para frenar este mal desarrollo que no tiene en cuenta las verdaderas necesidades y resulta caótico. Las excepciones inmobiliarias se han incrementado durante los mandatos de Jorge Macri y detrás de éstas viene el colapso urbano-ambiental porque se construyen torres donde no se deberían. Se vienen destruyendo espacios verdes tanto públicos como privados y tampoco se tiene en cuenta el valioso patrimonio histórico-arquitectónico que tenemos», señaló a El Grito del Sur Flavia Affanni, de la Asociación Civil Pro Vicente López (PROVILOP).

Propiedades caras y falta de espacios verdes

En un contexto de fuerte especulación inmobiliaria, no es casualidad que Vicente López tenga el más alto precio promedio de las propiedades en la Zona Norte: 3200 dólares/m2. Donde se concentran la mayor cantidad de quejas es en la localidad de Olivos. Actualmente, vecinos y vecinas reclaman que se derogue un proyecto aprobado por el Concejo Deliberante en los terrenos que todavía pertenecen al colegio San Andrés, alrededor de la Estación Olivos del Ferrocarril Mitre. Allí se prevé edificar tres torres de entre 15 y 18 pisos, un polo gastronómico y un centro comercial.

Otra particularidad del distrito ahora gobernado por Soledad Martínez (PRO-Juntos por el Cambio) es que cuenta con la menor cantidad de espacio verde por habitante en toda la Provincia: 0,8 metros cuadrados. Es decir, cuatro veces menos que la Ciudad de Buenos Aires y muy lejos de los 10 m2 que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con un informe de la UNSAM, titulado Accesibilidad a Espacios Verdes Públicos, «en el partido, la población que se encuentra a menos de 5 minutos de caminata de un espacio público está en torno al 48%. Dentro de ese universo, los que se encuentran cerca de un EPV de 10.000m2 no superan el 5%. Así, si comparamos con Tres de Febrero (donde dicho valor se encuentra en torno al 15%), podríamos inferir que la oferta de Vicente López se caracteriza por tener una menor dimensión en sus espacios públicos».  

Un sucesor a imagen y semejanza

Diferentes sectores políticos -desde el Frente de Todos hasta el Partido Obrero- plantean que la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad, por la cual tanto insistió su primo Mauricio, responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los negocios inmobiliarios en la metrópolis porteña. En ese sentido, el ex intendente de Vicente López se erige en un sucesor a imagen y semejanza de Horacio Rodríguez Larreta: éste último batió el récord de privatización de tierras públicas al vender y entregar en concesión 208 hectáreas entre los años 2015 y 2019.

«Durante la gestión de Jorge Macri en Vicente López han prevalecido los negocios inmobiliarios sobre el interés de la ciudadanía; con estos antecedentes -y sabiendo que su designación es a pedido de Mauricio Macri- no caben dudas que va a continuar e incluso profundizar estas políticas orientadas a la especulación inmobiliario-financiera y a la privatización del espacio público. Esto genera grandes rentabilidades a partir de excepciones inmobiliarias, ya sea a través de resoluciones del Poder Ejecutivo o de convenios en la Legislatura», dijo a este medio el abogado Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.

La transferencia de recursos públicos a los sectores más concentrados del poder económico inmobiliario -la mayoría de las veces a precio vil- tiene como correlato la profundización de la desigualdad urbana que se evidencia en la crisis habitacional, ambiental y económica que sufren los habitantes de CABA.

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Sebastián Furlong

Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación (UBA). Retrato periodísticamente el conurbano y la ciudad de la furia. Agenda popular y política para analizar la realidad y aportar al quehacer colectivo.