Conmocionados por la demolición de decenas de casas y la posterior “proliferación desenfrenada” de edificios en altura en su reemplazo, vecinos y vecinas de más de 20 barrios porteños conformaron un frente de resistencia al fenómeno inmobiliario, desde donde exigieron a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que suspenda el otorgamiento de permisos de obra. El requerimiento de la flamante “Red Interbarrial Buenos Aires” fue acompañado de una declaración de “Emergencia Urbanística Ambiental” en el distrito ante la situación a la que se llegó en términos de planificación constructiva por la aplicación del Código Urbanístico, del año 2018, que extendió los topes para los edificios en toda la Ciudad, sin distinciones.
Sin admitir el conflicto públicamente, el Gobierno porteño inició una ronda de reuniones con los referentes de algunas de las organizaciones vecinales afectadas para abrir una instancia de diálogo, en una convocatoria que coincidió con el último tramo de la campaña con miras a las elecciones primarias del domingo 13 de agosto, cuando se definirán los candidatos para suceder a Rodríguez Larreta.
De hecho, la problemática denunciada, que impacta sobre la identidad de los barrios de casas bajas y sobre la memoria de sus residentes, se coló en el debate electoral porteño con posturas críticas de los principales competidores.
Leandro Santoro, de Unión por la Patria, prometió derogar el Código Urbanístico para terminar “con el principal curro inmobiliario del macrismo en la Ciudad”. Jorge Macri, de Juntos por el Cambio, dijo que no estaba de acuerdo con la normativa porque “pone en riesgo a los barrios residenciales”. Y el radical Martín Lousteau consideró necesario “reducir alturas en un montón de lugares para preservar las fisonomías”.
“No podemos esperar los resultados de las elecciones y que los que ganen se sienten a ver cómo cambian el Código, porque mientras tanto los desarrolladores nos pasan por arriba y se apuran a presentar pedidos de autorización para obras nuevas”, explicaron desde la Red en diálogo con El Grito del Sur en referencia a la solicitud para detener la entrega de permisos.
Afirmaron también que no se trata de una “simple percepción”, sino que “cambió la fisonomía de los barrios” y que alcanza con caminar por cualquier cuadra para constatar la desaparición de viviendas de manera indiscriminada.
A modo de ejemplo, mencionaron la manzana del barrio de Palermo delimitada por Scalabrini Ortiz, Honduras, Gorriti y Malabia en la que “hace un año eran todas casas bajas y en la actualidad hay siete emprendimientos nuevos en simultáneo”.
EL BOOM INMOBILIARIO QUE SE DESTAPÓ EN PANDEMIA
El movimiento que reúne a casi la mitad de los barrios porteños nació como tal recientemente, pero el reclamo vecinal arrancó antes, cuando en abril de 2021 quedó habilitado en la Ciudad de Buenos Aires el regreso de la actividad de la construcción, tras las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
Por entonces, las autorizaciones que el Gobierno porteño entregaba a las desarrolladoras subieron exponencialmente y comenzaron a multiplicarse los negocios inmobiliarios enfocados en los barrios del norte y el oeste capitalino, para la construcción de nuevos departamentos con el aval legal del Código Urbanístico de 2018.
Uno de los primeros barrios en visibilizar el exceso de obras fue Villa Ortúzar, donde vecinas y vecinos comenzaron a reunirse los sábados en la plaza 25 de Agosto para comentar qué nueva casa estaba en venta o cuál había sido demolida. Luego, se sumaron los grupos de Núñez, Bajo Belgrano, Villa Del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Colegiales. Con entusiasmo, aunque con pocos adherentes, aparecieron los primeros “semaforazos” con cortes parciales al tránsito como método de protesta. Después, siguieron los carteles en las fachadas de las casas con las leyendas “Basta de Destruir Nuestras Casas”. Y ya a inicios de 2023 se incorporaron, con nuevas ideas y sugerencias, los colectivos barriales de Chacarita, Palermo, Boedo y Almagro, entre otros. También, al menos una decena de organizaciones elaboraron y presentaron ante la Legislatura proyectos para reformular la vigencia del Código Urbanístico y retrotraer los máximos de altura de las nuevas edificaciones.
No obstante, las propuestas aún no fueron abordadas por los legisladores y las legisladoras en la Comisión de Planeamiento Urbano, aunque no descartan que puedan hacerlo antes de fin de año, cuando haya un recambio de la mitad de los escaños. La posibilidad de tener una respuesta al reclamo fue anticipada por algunos de los referentes barriales luego de ser convocados -durante las últimas semanas y en pequeños grupos- por la Secretaría de Desarrollo Urbano que dirige Álvaro García Resta, la dependencia que tiene a su cargo la planificación urbana en la Ciudad de Buenos Aires.
Según contaron, ese espacio sirvió para exponer sus demandas y explicar los detalles de las iniciativas parlamentarias. A cambio, obtuvieron el compromiso de volver a juntarse en septiembre. Otros participantes de los encuentros, sin embargo, evaluaron que el llamado de los funcionarios porteños solamente respondió a “la intención de bajar el conflicto por la campaña electoral” ya que no avizoran “acciones concretas”.
UN PEDIDO PARA FRENAR LAS OBRAS QUE TIENE ANTECEDENTE EN 2006
La exigencia de las organizaciones barriales a la gestión de Larreta tiene como referencia un decreto firmado en noviembre de 2006 por el entonces jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman, que suspendió, por 90 días y en seis barrios porteños, el otorgamiento de los permisos de obras.
La explicación oficial que dio el exalcalde fue la necesidad de discutir con los vecinos y las vecinas los alcances de la normativa que regulaba las construcciones ante la proliferación de torres. “Mientras evalúan las modificaciones, pedimos que suspendan la entrega de permisos de obras por lo menos en aquellas Comunas o polígonos donde está visto que el nivel de afectación por la nueva normativa ha sido muy grande”, explicó Jessica Polonuer, de Conciencia Urbana de la Comuna 11. La vecina alertó que “un cambio dentro de un año recién no tiene sentido porque, mes a mes, se ven demoliciones en lotes y seguidamente las construcciones”.
Adriana Yurcovich, de la organización barrial “Palermo Resiste”, recordó que “tras la pandemia empezaron a aparecer nuevas construcciones cambiando la fisonomía de los barrios y ocupando los pulmones de manzana a una velocidad que nos llevó puesto. Fue ahí que nos dimos cuenta de que la situación era dramática”. “Pedimos que se hagan cargo, que es urgente”, aseguró. Rubén López, de Amparo Ambiental Chacarita, sostuvo que en la Red Interbarrial “tejimos lazos y estamos todos alineados en la misma preocupación porque consideramos que es una alarma importante”.
“El planteo es que suspendan la entrega de permisos de demoliciones y obras. Y que haya una revisión del Código en términos de democracia participativa con la población, vinculante”, agregó.
