La cruzada por ponerle un freno (al menos temporal) a la inflación alimenticia en nuestro país es uno de los grandes debates polítics y económicos que el Frente de Todos busca saldar no solo de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, sino para los meses posteriores, previendo la posibilidad de un resultado adverso en las urnas. La llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior -quien sucedió a Paula Español- implicó un endurecimiento de la posición del Gobierno frente a dos actores centrales en la definición de los precios de la canasta básica: los supermercados y las compañías alimenticias, que ejercen desde hace varios años una concentración gigantesca en este sector. Finalmente, dicha área del Poder Ejecutivo emitió una resolución que establece la «fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores» de 1432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.
En la actualidad, apenas un puñado de empresas -entre las que destacan Carrefour, Cencosud, Coto y Walmart- dominan casi el 75% de la distribución de los alimentos. Sin embargo, quienes más se oponen a esta medida son las cadenas alimenticias e industriales -nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), donde pisa fuerte Daniel Funes de Rioja (actual presidente de la UIA)- que han mantenido una política de especulación empujando así los precios al alza. Este sector señaló que en la convocatoria realizada por el Gobierno «no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios».
Una de las incógnitas por estas horas es, a partir de este acuerdo, la capacidad gubernamental para controlar los precios sin que se produzcan nuevos abusos. En ese sentido, el secretario Roberto Feletti amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento que rige desde el año 1974 -sancionada durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y modificada en 2014 por el kirchnerismo- y faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando «se elevaren artificial o injustificadamente los precios» o «se acaparen materias primas o productos».
Inflación especulativa
En las últimas horas previas al congelamiento de precios, se dispararon los aumentos con los alimentos secos a la cabeza. «Hallamos que en la última semana hubo una inflación de 1,4%, el valor más alto del año. Solo se había registrado un número similar a principios de este año. Esto significa una recomposición de los márgenes de ganancias porque si no hay aumento fuerte de los costos ni salto del dólar o las tarifas y salarios, se trata de ganar más por unidad vendida», explicó a El Grito del Sur Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Según los datos oficiales publicados por el INDEC, la inflación se aceleró al 3,5% en septiembre con lo cual el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya creció más que en todo 2020. El rubro alimentos y bebidas, la división de mayor incidencia en el IPC, registró el último mes un incremento promedio del 2,9%, por debajo del nivel general pero superior a la suba que había arrojado en agosto. La cuestión estacional también impactó en los alimentos al provocar aumentos de entre 4% y 9% en frutas y verduras.
El impacto de estos acuerdos
Los acuerdos de precios más recientes en la Argentina deben remitir su origen al programa «Precios Cuidados», que entró en vigencia el 1 de enero de 2014 e incluía una canasta básica de 302 productos comercializados en todo el territorio argentino. Si bien Mauricio Macri no se atrevió a desmontar esta iniciativa, sí le quitó valor al reducir la cantidad de productos y la calidad de los mismos. Esta flamante propuesta, en cambio, incluye la ampliación en la canasta con precios congelados hasta el 7 de enero del 2022.
«Para lo que es la inflación en general, no se puede resolver únicamente el problema desde la Secretaría de Comercio. Eso es solo una parte de la cuestión, lo que se hace en todo caso con estos acuerdos es evitar alguna disparada muy brusca en los precios. Pero tampoco vemos que los acuerdos sectoriales sean una solución a la inflación: hace diez años tenemos acuerdos sectoriales, con más o menos productos. No son una garantía de que la inflación vaya a bajar», señaló Pertierra. Respecto a la posición del Gobierno, el economista del CESO esgrimió que «si siguen aumentando los productos más básicos, la respuesta del Gobierno va a ser más dura. Eso es evidente».
Entre la COPAL y la Ley de Abastecimiento
Para frenar la inflación, el Gobierno debe luchar contra intereses concentrados muy poderosos. Éstos se nuclean en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), entidad empresaria que reúne a más de 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas, teniendo una representación sectorial y federal que alcanza a más de 2000 empresas. De allí proviene -entre otros- Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
«Estos empresarios, con una postura más vehemente en contra del Gobierno, trataron de aprovechar el contexto político y de reacomodamiento gubernamental para sacar un rédito económico. Buscan mejorar su rentabilidad en el corto plazo y fuerzan al Gobierno a tener una posición más dura. Si se endurecen las entidades empresarias, deberá pasar lo mismo del otro lado de la negociación», expresó Nicolás Pertierra.
La implementación de la Ley de Abastecimiento es vista por la ortodoxia como un intento de destruir el libre mercado -el cual está lejos de existir en la actualidad con los grados de concentración vigentes- y hasta de «venezolanización» de la economía. Sin embargo, el economista del CESO recordó que «el año pasado se aplicó la Ley de Abastecimiento luego de identificar que algunas empresas estaban funcionando al 20 o 30 por ciento de su capacidad en varias líneas de producción. Cuando se establezca el esquema o el acuerdo, la respuesta de algunas empresas puede pasar por la subproducción de algunas líneas». «Esas cosas ya las han hecho antes y la Secretaría de Comercio va a tener que estar muy atenta», concluyó.
