A lo largo de las últimas elecciones, la derecha en sus distintas vertientes viene militando en contra del gasto público y los beneficios sociales que brinda el Estado. El candidato vencedor en las PASO del 13 de agosto, Javier Milei (La Libertad Avanza), pidió bajar el gasto público en «15 puntos del PBI» y lanzó el «plan motosierra» para achicar en forma abrupta el Estado. En tanto, su contendiente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, señaló que el gasto público consolidado debería reducirse alrededor de 5 puntos del PBI a lo largo del próximo gobierno «para recuperar el equilibrio fiscal a nivel nacional».
Estas propuestas, que suenan bonitas y amigables para organismos como el FMI -éste viene exigiendo una política fiscal más estricta como condición para nuevos desembolsos financieros-, implican un costo social muy alto y una pérdida sensible en la calidad de vida de la población. Lo más preocupante es que tocarían de lleno derechos adquiridos que son definidos por la ortodoxia neoliberal como un «costo», entre ellos los salarios indirectos.
¿Qué es el salario indirecto?
El concepto de salario indirecto deriva de la noción de que el subsidio que paga el Estado es una asignación indirecta al trabajador/a para que no pague de su propio salario esa porción de la tarifa subsidiada. Un subsidio de, por ejemplo, 100 pesos en la boleta de luz, gas o agua representa una suerte de aumento salarial que el Estado otorga al laburante, puesto que con el dinero restante puede comprar otro bien y de esta forma favorecer el dinamismo de otro sector de la economía.
«De las distintas formas que existen de salario indirecto, la más evidente tiene que ver con los subsidios. En general se pueden ubicar en transporte o servicios públicos. El Estado costea parte del costo del servicio, valga la redundancia, haciendo que la tarifa tienda a mantenerse o aumente menos. Si el costo del transporte fuese más alto, las demandas salariales de las y los trabajadores incluirían ese diferencial seguramente», aportó en diálogo con El Grito del Sur Martín Epstein, analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En esa línea, el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa dijo recientemente que los subsidios en el transporte y en la energía «representan un salario indirecto y no un gasto». «No es lo mismo que un trabajador gaste 60 pesos a 600 por el boleto de transporte», señaló.
Si gran parte de los consumidores no pagan el costo real del insumo utilizado, es porque el Estado Nacional se hace cargo de parte del precio. Es decir, la realidad mata el relato neoliberal. Con la privatización de las empresas de servicios públicos que efectuaron Menem y Cavallo, el Estado pasó a tener un rol subsidiario y las tarifas aumentaron su precio permitiendo una rentabilidad extraordinaria para el operador. El llamado Plan ByB, a cargo del entonces ministro Miguel Ángel Roig, implicó un fuerte tarifazo (entre 517% y 680% las naftas, 640% el gas, 600% la electricidad y las comunicaciones, y 335% el transporte). Ya lo hizo Macri, pero ahora Bullrich y Milei se pelean para ver quién logra hacer esto «lo más rápido posible» (en palabras del expresidente que ahora juega al Bridge).
Así como la década de 1990 se caracterizó por reformas sectoriales, con precios formados en mercados y tarifas dolarizadas, el período kirchnerista representó la utilización de la política tarifaria con fines distributivos, de control de la inflación y de aliento al crecimiento. Si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional puede entenderse como una política de ingresos, ya que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, también puede generar algunas inequidades: los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores ingresos y, por lo tanto, reciben un monto mayor de subsidios.
Otro ejemplo de cómo el Estado puede intervenir en materia de salario indirecto para reducir inequidades es la actual construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), proyectados por el Ministerio de Obras Públicas en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta infraestructura libera gradualmente a las mujeres de menores recursos de su carga de trabajo no remunerado, para que puedan incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones y obtener mayores ingresos.
«Lo mismo ocurre con las devoluciones que reciben los jubilados al pagar con tarjeta de débito, que tienen una devolución de hasta 18 mil pesos por mes con respecto al IVA. Esto también se aplicó años atrás con la devolución del 5% del IVA para todos los consumos con débito durante el gobierno de Cristina Kirchner. Son mecanismos de transferencia que permiten que el costo de ciertos consumos pese menos sobre los y las trabajadoras. El gran peligro de una medida de desregulación por completo y de retirada de subsidios es que recaería sobre la espalda de éstos», concluyó el investigador de CEPA.
