Aún no se conocen detalles del proyecto de ley ni tampoco los plazos de presentación. Sin embargo, en una reunión acontecida el pasado miércoles 1 de diciembre, el presidente Alberto Fernández prometió a familiares de víctimas del 19 y 20 de diciembre de 2001 el impulso a una iniciativa parlamentaria para que exista una reparación económica por la responsabilidad que tuvo el Estado ante la feroz represión dejando como saldo 38 muertes en todo el país.
María Arena, quien fuera compañera de Gastón Riva -motoquero asesinado el 20 de diciembre de 2001-, fue una de las participantes de dicho encuentro en la Casa Rosada. En diálogo con El Grito del Sur, Arena señaló que «lo único que tiene a su alcance el Poder Ejecutivo es la reparación económica, así como la reivindicación de nuestros compañeros y compañeras. El Estado fue responsable y debe hacerse cargo. También hay otra parte relacionada con que las condenas queden firmes, en un contexto en el que por primera vez bajo un gobierno democrático fueron acusados y condenados los responsables de ordenar un acto de represión».
No es la primera vez que se busca resarcir a les familiares y víctimas de la represión que derivó en la salida del gobierno de Fernando de la Rúa. En febrero de 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner envió un proyecto de ley que más tarde perdería estado parlamentario. El texto de «reparación histórica» buscó sin mucho éxito ser reflotado en el año 2007 y reconocía la responsabilidad política e institucional del Estado de Derecho, en concordancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que prevén este tipo de «atropellos a la sociedad civil».
«Lo que ocurrió en 2001 es una situación incómoda para cualquier gobierno, justamente porque se trató de un período democrático y De la Rúa murió impune. Se trata de un Estado que mandó a reprimir una protesta social que era pacífica, hasta que la Policía decidió atacar», sostuvo Arena. En la reunión con el Presidente también se habló de la necesidad de una reforma judicial, en el marco de recientes retrocesos en la causa que garantizan impunidad a los responsables. En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 redujo la condena al exsecretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al exjefe de la Policía Federal Rubén Santos.
La revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 se desencadenó en un contexto de fuerte crisis del modelo neoliberal marcado por las políticas de ajuste, el crecimiento de la pobreza y la exclusión social en nuestro país. «Que se vayan todos, que no quede ni uno solo» fue la consigna que se generalizó y daba cuenta de la crisis de representación política que se vivía. María Arena recordó aquellas jornadas del 19 y 20: «Era una situación económica y social muy difícil de levantar, con un gobierno completamente inepto. Nosotros no teníamos ahorros en ningún banco, pero tampoco nos faltaba para comer». «En cuanto al después, como familiares nos cambió la vida de la noche a la mañana. Tuvimos que atravesar situaciones muy difíciles, no solo económicas sino también de gran soledad. Ni el Estado ni los medios nos acompañaron. Es una gran incomodidad para los gobiernos hablar de lo ocurrido en 2001″, agregó.
Les familiares convocan este jueves 9 de diciembre a las 12:30 horas a una conferencia de prensa en las puertas de los Tribunales Federales de Comodoro Py para exigir «el cumplimiento efectivo de las condenas de los acusados, garantizando que los asesinos de nuestras/os seres queridos se paseen libres por las calles de Argentina».
