Leopoldo Moreau es uno de los dirigentes más experimentados del Frente de Todos y con mayor cercanía a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde su banca como diputado nacional y en su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el referente de vasta trayectoria en el radicalismo viene denunciando la persecución política y el espionaje ilegal del cual fue víctima buena parte de la dirigencia opositora durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido asegura que «el espionaje ilegal y la persecución política fueron absolutamente funcionales al sostenimiento de la política económica».
Si ya existían pruebas sobre el espionaje ilegal -según la propia Bicameral de Inteligencia, más de 300 personas y organizaciones fueron espiadas-, el video que apareció en las vísperas de Año Nuevo y muestra al entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, promoviendo el armado de causas contra dirigentes gremiales compromete aún más a la dirigencia de Juntos por el Cambio, pero también pone en cuestión las conductas de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una entrevista con El Grito del Sur, Leopoldo Moreau analiza diferentes temas de coyuntura: la «Causa Gestapo», la necesidad de una reforma judicial y de la ley de inteligencia, el rol actual de la Corte y las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional.
El intento de montaje de causas judiciales contra sindicalistas, lo que el Ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal denominó «Gestapo», revela un entramado mafioso en el que conviven el espionaje y los tribunales. ¿Cuál es su lectura de la falta de autocrítica, el silencio e incluso la actitud negacionista de la dirigencia de Juntos por el Cambio?
El plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política fue una de las piezas más importantes del gobierno de Cambiemos. Se trató de la herramienta a través de la cual pretendían ejercitar la política rompiendo el pacto democrático que esta sociedad había refundado en 1983. Por lo tanto, no es una cuestión marginal o secundaria esta acción del gobierno de Macri, Vidal y Larreta. Con esa persecución, ellos pretendían quebrar emocional, social y políticamente -incluso en algunos casos económicamente- a sus adversarios políticos. El espionaje ilegal y la persecución política fueron absolutamente funcionales al sostenimiento de la política económica, que les permitió durante cuatro años saquear la Argentina y llevarla al escenario de fuerte endeudamiento que hoy estamos atravesando. Hoy están ocultando lo que sucedió y obstruyendo el accionar de la Justicia y del parlamento para terminar de esclarecer de qué modo y con qué alcance se llevó adelante ese plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. En ese sentido, en Comodoro Py encontraron sus aliados más importantes para lograr la impunidad. Esto hay que compararlo con lo que sucedió en la dictadura militar, que cuando estaba en plena retirada dictó lo que se llamó la ley de autoamnistía para tratar de exculpar a los que habían sido responsables de la violación sistemática de los derechos humanos. Ahora no hay ley de autoamnistía, pero sí hay fallos de autoamnistía con la pretensión de exculpar a quienes fueron partícipes de estos delitos contra la privacidad de los ciudadanos en violación del Estado de Derecho y las garantías constitucionales.
Desde la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia decidieron impulsar la investigación de la «Causa Gestapo». ¿Qué otras pruebas podrían aparecer que deriven en el llamado a indagatoria de los exfuncionarios bonaerenses e incluso de la propia exgobernadora?
Venimos trabajando desde marzo de 2020 en la investigación de todo este entramado de espionaje ilegal y persecución política, que es el más grande y el más grave de la historia democrática argentina. En abril de 2021 emitimos un primer informe, donde habíamos determinado que 307 ciudadanos argentinos y 170 organizaciones sociales, políticas, religiosas y comunitarias habían sido víctimas de esta política. Ahora viene a confirmarlo de manera aún más contundente este video, porque -frente a la existencia de un material probatorio de este tipo, donde se ve y se escucha de manera directa cómo funciona una asociación ilícita para llevar adelante la persecución y la creación de causas judiciales para meter presos a opositores- se trata de una prueba irrebatible. A pesar de eso, los llamados republicanos de Cambiemos ahora pretenden decir o sostener que esta prueba del video fue obtenida ilegalmente, que ellos la filmaron pero no valida la acusación que se les está llevando a la práctica. Es como si se hubiera filmado a Al Capone cuando hacía reuniones con todos los jefes de la mafia del territorio norteamericano. La única diferencia es que esa era una organización criminal y la del macrismo una organización estatal.
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, llegó a redactar junto a un grupo de expertos un proyecto para reformar la ley de inteligencia con miras a ponerle fin al espionaje político que se acrecentó durante la gestión macrista. ¿Qué obstáculos existen para el avance de esta iniciativa?
No hay ningún obstáculo. Desde el parlamento también estamos elaborando borradores de proyectos referidos a una nueva ley de inteligencia. Lo que sucede es que previamente hay que llevar adelante, como se está haciendo, una política de saneamiento de los organismos de inteligencia para que no vuelvan a cometer estas tropelías que se cometieron en el gobierno de Macri. Es cierto que otros gobiernos democráticos tuvieron dificultades con los servicios de inteligencia, pero en todo caso -si hubo alguna práctica de inteligencia ilegal en el pasado- era porque se pretendía conocer de antemano cómo podía actuar el adversario político. Nunca hubo, como en este caso, una práctica orientada a destruir al adversario político y encarcelarlo. En esta etapa de saneamiento, ya en la AFI no se practica ningún tipo de espionaje político y además se han blanqueado todos los fondos reservados, de modo tal que eso tenga transparencia. Además nuestra Comisión, que fue creada en 2004 pero nunca cumplió las funciones que debía cumplir, está haciendo lo que debe hacer: ejercitar el control democrático sobre los servicios de inteligencia. No solo sobre la AFI, sino sobre todos los servicios de inteligencia del sistema de seguridad nacional, que incluyen a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.
La responsabilidad del aparato del Estado con el sistema de espionaje contó con la colaboración inestimable del Poder Judicial. ¿En qué aspectos debería centrarse una reforma de la Justicia en Argentina?
Yo creo que la Justicia hay que reformarla de arriba hacia abajo porque tiene, nos guste o no, una estructura piramidal, casi monárquica. Es absolutamente imprescindible que esa reforma empiece de la cabeza del Poder Judicial: me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los proyectos que se intentaron transitar han chocado contra un comportamiento corporativo de ese Poder Judicial, que se defiende a sí mismo. En la Argentina se da la paradoja que hay dos poderes judiciales: uno es Comodoro Py y el otro es el resto del Poder Judicial. Por eso, cada vez que se sustancian causas que afectan particularmente al macrismo, los representantes de quienes han delinquido hacen enormes esfuerzos -y en muchos casos lo logran- por llevar esas causas a Comodoro Py. Allí siguen estando los cómplices del macrismo y del poder económico y mediático. Jueces y camaristas que se entrevistaban con Macri en la Quinta de Olivos o la Casa de Gobierno antes de elaborar sentencia contra los opositores. O fiscales que llevaban adelante prácticas delictivas, como el caso de Stornelli. Y, por otro lado, una Corte que tiene un enorme desprestigio porque avaló todos estos mecanismos. Es una Corte deslegitimada: su actual presidente y el vicepresidente aceptaron entrar por decreto, algo que no había ocurrido en la historia jurídica argentina. La Corte debe renunciar y facilitar la reorganización del Poder Judicial, del mismo modo que hay que hacer renunciar a estos camaristas que de manera ilegal -ejercitando el prevaricato- se juntaban con el Presidente para hacer sentencias contra la oposición. Por eso vamos a acompañar la movilización del 1 de febrero frente a Tribunales, que tiene entre sus consignas “Cortemos con la Corte”. Este empate entre el grupo mafioso de Comodoro Py y el poder constitucional solo lo resuelve la sociedad movilizada en las calles.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró «inconstitucional» la ley que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en el año 2006. Existen coincidencias en que sería «imposible» llevar a cabo una elección en el plazo previsto (14 de abril). ¿A qué está jugando el máximo tribunal y qué implicancias tendría una eventual parálisis del Consejo de la Magistratura?
Este reducido grupo de cuatro personas que integra la Corte, que nadie eligió, quiere jaquear al poder político de la Argentina. Tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Quieren, por lo menos, cogobernar. Por eso llevan adelante sentencias insensatas como ésta: restableció una ley que había sido derogada por el parlamento. La Corte, lisa y llanamente, legisló en nombre del parlamento. De ahí en adelante podemos mencionar infinidad de disparates, como el fallo de Bertuzzi y Llorens diciendo que las tareas de espionaje ilegal fueron llevadas adelante por un grupo de cuentapropistas y que Macri, Arribas y Majdalani no sabían nada. Hay un cúmulo enorme de irregularidades. Es más, la Corte desafía al poder político. Dos domingos atrás, el presidente de la Corte dio un reportaje en el diario Clarín a Daniel Santoro para dar una señal de que este país lo gobiernan Rosatti y Magnetto. Ellos quieren hacer una exhibición de poder, pero se equivocan.
El Gobierno intenta encaminar por diferentes vías las negociaciones por la deuda con el FMI, que hoy se encuentran en un momento crítico. El organismo exige un ajuste fiscal mayor y sectores de la oposición política evitan dar su apoyo a las negociaciones. ¿Hay margen para seguir achicando las cuentas públicas?
De ninguna manera. Nosotros no vamos a ir ni al escenario del déficit cero, que produjo la caída de De la Rúa, ni tampoco vamos a ponerle un techo al crecimiento porque eso no solo sería profundizar los sufrimientos del pueblo argentino -que no tiene responsabilidad de la deuda contraída en forma criminal por Macri- sino que además sería poner en riesgo el sistema democrático. La estabilidad del sistema democrático estaría en riesgo si lleváramos adelante una política de ajuste brutal, como la que pretende imponernos el Fondo Monetario Internacional. Eso no es negociable.
Dentro de los escenarios posibles, aparece en el horizonte la posibilidad de un acuerdo «malo» para el país con el objetivo de evitar el default. Economistas heterodoxos sostienen que la última experiencia de expansión económica sostenida (2002-2011) se produjo en un escenario de default y reestructuración incompleta de la deuda. ¿Por qué un mal acuerdo puede entonces terminar siendo menos perjudicial que la ausencia de acuerdo?
Todo acuerdo con el FMI es malo. Puede ser menos malo o más malo. Lo que importa es el programa que tenga la Argentina y la voluntad política del gobierno de turno para garantizar de la mejor manera los intereses del pueblo que representa. No hay un buen acuerdo con el Fondo, eso no existió en la historia. Por lo tanto, lo que hay que buscar son las mejores condiciones no para el Fondo sino para la sociedad argentina.
