«Estuve con Milagro Sala, que lleva 6 años detenida. Es necesario reconstruir una justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno. Es un principio básico del sistema republicano y la convivencia democrática». Las palabras corresponden a un reciente tuit del ministro del Interior, Wado de Pedro, quien se reunió este martes junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con la referente de la organización barrial Tupac Amaru. En el mismo hilo, De Pedro compartió un artículo del diario Perfil de hace dos años en que el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy reconocía que «Milagro Sala no está detenida por sus delitos».
A pesar de ocupar cargos importantes en el Poder Ejecutivo, De Pedro y Gómez Alcorta -ex abogada de Milagro Sala- jamás mostraron titubeos a la hora de exigir la libertad de la dirigente social. Sin embargo, el tema sigue dividiendo las aguas al interior del oficialismo. El propio presidente Alberto Fernández, quien se había mostrado cerca de la referente jujeña desde 2017, llegó a plantear en los inicios de su mandato el término «preso político» como una «discusión semántica». «El preso político, técnicamente, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del Poder Ejecutivo Nacional», disparó en febrero de 2020. La paradoja, en este sentido, es que el Presidente tiene a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y enemigo acérrimo de Sala, como uno de sus dirigentes predilectos de Juntos por el Cambio producto de su perfil «dialoguista».
El pasado 16 de enero se cumplieron seis años de la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala. En ese marco, referentes de Derechos Humanos, miembros del Gabinete, gobernadores, dirigentes sociales y gremiales, y artistas difundieron una solicitada a través del diario Página/12 en la que apuntaron contra la persecución política sufrida durante el macrismo: «El caso de la líder de la Tupac Amaru se constituyó en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública». Entre los firmantes de la carta aparecen Estela de Carlotto, Taty Almeyda, Adolfo Pérez Esquivel, Vera Jarach, Lita Boitano, Nora Cortiñas, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Aníbal Fernández, entre otros.
El nuevo reclamo por la liberación de la dirigente social llegó en medio de crecientes críticas al funcionamiento del Poder Judicial. Ya en febrero de 2021, Alberto Fernández había planteado que la Corte Suprema de la Nación «debería revisar con cuidado lo que ha pasado en el caso de Milagro Sala, con cuidado y atención». El próximo 1 de febrero se realizará una marcha contra la Corte que cuenta con el aval del Gobierno. La lista de demandas incluye el rechazo a la reforma del Consejo de la Magistratura, un supuesto aval a la “mesa judicial” orquestada durante el macrismo para armar causas contra opositores y la situación procesal de Milagro Sala, que sigue bajo arresto domiciliario.
