Apenas se conocieron las (al menos) 24 muertes por droga adulterada en el conurbano bonaerense, la respuesta de las organizaciones sociales fue contundente: rechazo a la criminalización de los consumidores y exigencia de una ley de emergencia en adicciones donde el Estado brinde mayores recursos a la atención comunitaria de personas con consumos problemáticos en los sectores populares. «Necesitamos un Estado más presente en los barrios, que incluya espacios de tratamiento de adicciones pero que también fortalezca las unidades productivas donde se reinsertan estas personas», señaló a El Grito del Sur Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
En 2019 se cumplieron treinta años de la sanción de la Ley 23.737 de estupefacientes. Ésta tipifica al usuario/a de drogas como una amenaza para la seguridad ciudadana y como autor de delitos, por lo que su enfoque es punitivista. Para la militancia que recorre día a día los barrios más empobrecidos, en cambio, el abordaje de este problema de salud pública debe ser integral y comunitario. «La droga es un instrumento de las clases dominantes para oprimir a los pueblos, puesto que es uno de los principales engranajes de este sistema podrido. Quienes llegan a esta situación es principalmente por haber atravesado una vida de injusticias. Hace falta una gran cantidad de políticas públicas para que los pibes y las pibas no lleguen a esta situación», explicó a este medio Juliana Lualdi, referente del movimiento Ni un pibe menos por la droga.
Entre estas políticas públicas, Lualdi mencionó la necesidad de una partida específica para la ley de emergencia en adicciones y «que se puedan formar preventores con la participación de los mismos pibes que están en los barrios». «Después hay un problema más estructural vinculado a la tierra, el techo, el trabajo y la educación», agregó.
El problema no es solo en los barrios populares
De acuerdo con una reciente encuesta del Observatorio de la Deuda Social (UCA), el consumo problemático de sustancias adictivas penetra en mayor medida sobre los sectores más empobrecidos. «Los datos evidencian mayor presencia de venta y/o tráfico de drogas en los sectores de mayor vulnerabilidad socio-ocupacional. Específicamente, un 41% de los hogares de sectores bajos marginales perciben venta o tráfico de drogas en sus alrededores. Al mismo tiempo, en los hogares que se encuentran en villas de emergencia o asentamientos precarios refieren en casi un 60% que existe venta o tráfico de drogas en su manzana, vecindario o barrio», señala el informe. En tanto, un 52% de los hogares donde viven sectores de trabajadores pobres registra presencia de venta y/o tráfico de drogas en su vecindario.
Sin embargo, quienes están detrás de este negocio millonario y lucran con la venta de droga no suelen vivir en las zonas más humildes. La lujosa vida de muchos narcotraficantes en countries bonaerenses se explica por la complicidad de sectores del Poder Judicial y de la policía. «En los barrios populares no están los grandes narcotraficantes. Y el problema de que cooptan a pibes como soldaditos existe desde hace muchos años», aseguró Dina Sánchez.
El caso de la 1-11-14 como gran shopping narco en CABA
Previo a que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a 12 sospechosos de integrar la banda narco de la Villa 1-11-14, se conoció que este grupo llegaba a facturar entre 500 y 900 mil pesos por día. Esta organización criminal, que históricamente lideraron los hermanos peruanos Estrada Gonzales, lleva más de veinte años asentada en el Bajo Flores.
«En este barrio ya se ve como normal que un pibe empiece a independizarse y, al no haber un Estado presente o cuyos beneficios le lleguen directamente, termine cayendo en la venta de estupefacientes, cuestión conocida como narcomenudeo. Lo que llamaron guerra entre narcos era, en verdad, entre pibes que salían de esta manera a hacer plata porque quedaron fuera del sistema. Esos pibes tuvieron hijos y se fueron pasando el legado de uno a otro», contó a El Grito del Sur Leo Demonty, hermano de Ezequiel (asesinado por efectivos de la Policía Federal) y referente de Unidos y Organizados Comuna 7.
¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Además de mantenerse en silencio durante los últimos días por este tema, ya en 2017 el Jefe de Gobierno reconoció que «la 1-11-14 está totalmente tomada por el narcotráfico». Sin embargo, la única política que implementó la alianza Cambiemos entre 2015 y 2019 fue la construcción de una garita de Gendarmería en el interior de Padre Ricciardelli en el marco del Programa Barrios Seguros. Esta intervención resultó, finalmente, un fracaso. «El Gobierno de la Ciudad jamás acompañó a Gendarmería para realizar algún allanamiento. Y hoy Gendarmería cumple nomás una función de presencia, más que nada porque los vecinos no quieren que se vaya. Mucho no pueden hacer, y cuando hacen se mandan cagadas», concluyó Demonty.
