Después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el concepto de discursos de odio tomó fuerza en la discusión pública como una explicación de las condiciones que decantaron en ese hecho de violencia. Sin embargo, después de la negativa de la oposición a que se incluyera la expresión “discurso de odio” en el texto de repudio al atentado que salió de la Cámara de Diputados, comenzaron a circular comentarios -desmentidos por el gobierno nacional- de que se buscaría discutir y aprobar una normativa que sancione los discursos de odio.
“Creo que hay un sector de la dirigencia política que tiene un problema con aceptar que eso existe. Si aceptás que existe, tu responsabilidad es presentar una solución posible a la proliferación de los discursos de odio”, dijo a El Grito del Sur Ramiro Parodi, investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la UNSAM e integrante del Instituto Gino Germani.
Parodi señaló que los discursos de odio en Argentina “tienen que ver con el autoritarismo post-dictatorial, que son las distintas formas de violencia que se fueron manifestando después del retorno a la democracia” en 1983, como, por ejemplo, la violencia institucional, los casos de gatillo fácil o la desaparición de testigos clave en juicios de lesa humanidad como Jorge Julio López.
“Una solución posible, pero a largo plazo, implica repensar la relación con los otros, cosas de la vida en comunidad, de la educación, pero en lo urgente tiene que ver con prácticas de regulación de la proliferación de los discursos y es importante remarcar que regular no es censurar -agregó-. Creo que quienes no quieren proponer una solución es porque ven sus identidades políticas favorecidas por los discursos de odio. Pero si esos discursos pueden morder en la subjetividad es que tenemos un problema como sociedad que genera una disponibilidad para recibir esos discursos. Por eso regularlos es importante, pero no es la solución total”.
Por su parte, Natalia Zuazo, periodista y especialista en política y tecnología, opinó que la legislación actual de la que dispone Argentina es suficiente para sancionar los discursos de odio. “Sobre todo los tratados de derecho internacional de derechos humanos, complementados con otras normas”, dijo en diálogo con este medio.
Y añadió: “Más allá de eso, creo que es un tema político, de que los propios actores políticos también adopten responsabilidades colectivas porque sino se pretende que todo sea un acto legal y la cuestión del incremento de los discursos de odio no es solamente una cuestión de regulación, es una cuestión de construcción de gobernanza entre distintos actores que requiere acuerdos más amplios que aplicar una ley, que sí es necesaria en determinados casos, pero no es lo único que deberíamos implementar”.
¿Qué son los discursos de odio?
El LEDA define a los discursos de odio como “cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. Estos discursos frecuentemente generan un clima cultural de intolerancia y odio y, en ciertos contextos, pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas”.
Este tipo de discursos, señaló Parodi, pueden variar en su intensidad y tienen cuatro formas en las que aparecen. “La deshumanización, cuando se compara a un ser humano con seres pasibles de ser exterminados como ratas, cucarachas o plagas; la incitación a la violencia, como llamar a acabar con determinada identidad política; el silenciamiento, que es cuando a una persona se la busca callar mediante insultos y agravios sistemáticos y el último tipo es la inhibición de derechos, que es decir que un determinado grupo no debería tener ciertos derechos”, explicó.
También es importante, continuó el investigador, situar cada uno de los casos en su contexto ya que “no es lo mismo un insulto suelto que sistemáticamente dirigir insultos hacia una misma persona”. “Tampoco es lo mismo que personajes relevantes como diputados digan que quien delinque ‘lo tienen que hacer queso gruyere’ a que lo diga alguien anónimo y con cuatro seguidores en Twitter. En la actualidad, con el proceso de aceleración de las crisis que hubo con la pandemia, emergieron personas muy autoritarias en medios de comunicación tradicionales que en otros marcos eran susceptibles de sanción y hoy no lo son”, completó.
De acuerdo a un estudio realizado por el LEDA y publicado en junio de 2021, en Argentina el 26,2% de la ciudadanía “promovería o apoyaría discursos de odio”, el 17% permanecería “indiferente frente a los discursos de odio” y el 56,8% “criticaría o desaprobaría” los discursos de odio”.
Las redes sociales
Les integrantes del LEDA han observado también cómo los discursos de odio han proliferado en las redes sociales. “La regulación de esos contenidos está en manos de las empresas que hay detrás de las plataformas, eso es un problemón en términos civiles. Si los discursos de odio, los videos de gatitos y los goles de Messi son los que más contenido producen, es lógico que las empresas no quieran bajarlos por su racionalidad económica. Es ahí que el Estado debería establecer un diálogo con esas empresas para que tengan políticas de regulación más activas”, afirmó Parodi.
En esa línea, en abril de este año la Unión Europea (UE) sancionó una Ley de Servicios Digitales («Digital Services Act», DSA) que actualiza la directiva de comercio digital aprobada hace 20 años e impondrá a las grandes plataformas como Facebook o Amazon normativas para erradicar los contenidos ilícitos o peligrosos en la red.
“Normas como la DSA son leyes más generales para limitar el poder de las corporaciones tecnológicas y dentro de la ley, que es más antimonopólica, hay algunas cosas de moderación de contenido y discurso”, explicó Zuazo.
La especialista agregó que en países como Alemania existen normas que “tienen algo más concreto sobre discursos de odio y han tenido consecuencias negativas”. “Se han usado para que el Gobierno cuele persecuciones a medios o periodistas que no querían que dijeran ciertas cosas. Creo que ese no es el camino porque se le termina dando mucho poder al intermediario y en Argentina sería difícil de aplicar”, añadió.
Un abrazo en contra de la banalización
Parodi también remarcó la importancia de que no se banalice el atentado contra la vicepresidenta. “Se tienen que dar gestos acompañados de políticas. Nuestra sociedad todavía se enmarca en esos parámetros culturales; entonces es muy preocupante que, por ejemplo, Patricia Bullrich (presidenta del PRO), no haya salido a repudiar el hecho, así como es positivo que Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri lo hayan hecho en primera instancia, pero son preocupantes las variantes de la banalización del hecho”, sostuvo.
Y concluyó: “La dirigencia política debería dar un paso al costado de la banalización, el decir que fue fingido, que como no la mataron no es importante, la reactualización que algunos hacen de la teoría de los dos demonios. La dirigencia política tiene que salir de eso, se tiene que dar un gesto. Recordemos cómo con el levantamiento carapintada el primero en estar con (Raúl) Alfonsín, de poner un límite, fue Antonio Cafiero. Es decir que esa violencia en una sociedad democrática no está permitida. Ese gesto no lo estamos viendo y es preocupante”.
