El caso de La Litoraleña, ubicada en el barrio porteño de Chacarita, es distinto al de otras empresas recuperadas tras distintos procesos de quiebra sucedidos en la historia reciente de nuestro país. No fue la crisis económica de 2001 el origen de la debacle sino la decisión del grupo empresario Deconti S.A. de vaciar entre los años 2014-2015 la compañía sin contemplar la actividad productiva y las fuentes de trabajo.
Aquellos eran tiempos de desenlace de los gobiernos kirchneristas en medio de dificultades económicas, pero lo que vendría hacia delante fue mucho peor. La huida de los entonces dueños de La Litoraleña obligó a sus trabajadores a organizarse y por esta razón lograron constituirse en el año 2016 como cooperativa de trabajo. Actualmente son un total de 50 asociados y asociadas que producen tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas. Tal como se encargan de resaltar sus integrantes, cuentan con una «calidad de excelencia» y «precios accesibles».
«Queremos impedir el desguace y el desmantelamiento de la unidad productiva que hoy se encuentra en estado operativo. También estamos defendiendo 50 puestos genuinos de trabajo, así que estamos poniendo todo el énfasis posible para que en el ámbito democrático de resolución de conflictos pueda resolverse esta problemática. Al ser productores y elaboradores de alimentos, tenemos una responsabilidad social muy importante», explicó a El Grito del Sur Fabián Pierucci, responsable de planificación de la cooperativa.
El conflicto viene desde hace tiempo: ya en 2016, los trabajadores y las trabajadoras de La Litoraleña solicitaron permiso de explotación a la jueza Valeria Pérez Casado, del Juzgado Comercial Nacional Nº 18. Éste fue denegado, lo cual dio lugar a años de reclamos hasta que la Cámara de Apelaciones avaló a la cooperativa dando cuenta que estaba ajustada a derecho. En el medio, se invirtió una gran cantidad de dinero para comprar maquinarias, acondicionar instalaciones, tramitar registros correspondientes como productores de alimentos y recuperar la clientela en el mercado.
Con el fallo judicial que ordena el desalojo de la planta, el inmueble y las maquinarias deberían ser rematados. La orden de desalojo se dio luego de que la jueza negara la propuesta de los trabajadores de adquirir los bienes de la quiebra compensando los créditos laborales -salario impagos, indemnizaciones, etc.- y que esta decisión fuera confirmada por la Cámara de Apelaciones. Cabe destacar que la sentencia firmada por los jueces Miguel Bargalló, Ángel Sala y Hernán Monclá impide a la cooperativa la interposición de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En ese marco, el proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña contempla la declaración de «utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Girardot» del barrio de Chacarita.
«Queremos una fábrica de puertas abiertas a la comunidad. Somos una fábrica sin patrón, que divide los ingresos en forma igualitaria. Tenemos como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de nuestros integrantes. La Justicia nos denegó el permiso de explotación porque dicen que como trabajadores no estaríamos capacitados para llevar adelante un emprendimiento así. Estamos en la antítesis de esa visión», concluyó Pierucci.
