«Esto de la economía popular es muy contrario a la idea del peronismo, del kirchnerismo», lanzó este último fin de semana el exvicepresidente Amado Boudou en señal de fuerte crítica contra el precandidato presidencial Juan Grabois. No fue su primer dardo contra este sector, dado que un año atrás el economista había arremetido también contra los movimientos sociales. Este nuevo discurso desató otro capítulo de tensión al interior de Unión por la Patria (UxP), con respuestas duras y acusaciones entrecruzadas en medio de la campaña electoral rumbo a las PASO del domingo 13 de agosto.
El primero en contestarle a Boudou fue el diputado nacional Itai Hagman, cercano a Grabois. «El peronismo tuvo como principal virtud visibilizar a un sujeto sin derechos e incorporarlo al centro de la escena política. En su momento, los ¨descamisados¨ eran los obreros industriales sin derechos, hoy son los trabajadores excluidos del mercado laboral formal. La propuesta de Grabois en todo caso es hacer peronismo, reconocer que donde hay una necesidad nace un derecho y hacer ese derecho realidad efectiva», afirmó el economista que integra el Frente Patria Grande. Quien también recogió el guante fue Alicia Castro, referenta de Soberanxs, quien aclaró que Boudou ya no es parte de esta fuerza política y lo fustigó por ser «vocero de campaña» de Massa y defensor del reciente acuerdo que el ministro de Economía cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Una historia con desentendimientos
En medio del crecimiento económico y la redistribución del ingreso que caracterizó a los gobiernos kirchneristas (2003-2015), la aparición de la UTEP -antes denominada CTEP- como instancia de organización de los sectores populares fue algo que no siempre cayó bien en los espacios peronistas más tradicionales. La CGT, por ejemplo, siempre se mostró reticente a la vinculación directa con los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a pesar de que la UTEP aún insiste con ingresar en la principal central obrera del país. Uno de los motivos de la tensión es que las diversas ramas en que están divididas los gremios de la CGT -como metalúrgicos, transportistas, construcción, ferroviarios, etc.- tienen un «patrón» con quien se sientan a negociar condiciones laborales, cuestión que no sucede en el caso de las y los trabajadores enrolados en la UTEP.
«Parece que en estas elecciones garpa más contarle las costillas a los pobres que trabajar en construir una Argentina con justicia social. A mí me sorprende que aún haya actores que dicen ser del campo nacional y popular pero ninguneen la labor de las y los trabajadores más humildes de la patria. Los que no tienen los derechos conquistados por la clase obrera y residen en viviendas con las peores condiciones, los que no tienen garantizados los derechos por los que peleó el peronismo. Aún así, nosotras y nosotros nos organizamos por esos derechos», explicó a El Grito del Sur Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
«Lo que piensa Boudou es lo que piensa en general gran parte de la política argentina y del peronismo. Muchas veces, por desconocimiento o falta de información, se termina invisibilizando un sector de la economía que es muy grande, sobre todo en los centros urbanos, y de carácter mundial. Es un fenómeno que viene creciendo, son trabajadores y trabajadoras que se inventan su trabajo logrando así soluciones para sus problemas cotidianos. A través de trueques y ferias, por ejemplo, muchas y muchos logran llevar un ingreso a sus hogares», coincidió en diálogo con este medio Lis Díaz, referenta del Movimiento Evita y precandidata a intendenta de Tres de Febrero por Unión por la Patria.
La cuestión de los planes sociales es otro eje que genera polémica entre distintas fracciones del peronismo. Si bien en algún momento Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, llegó a plantear que «los planes sociales son bien neoliberales», lo cierto es que el crecimiento de este esquema bajo el macrismo le permitió a su organización aumentar en número e incidencia. En tanto, Cristina Fernández de Kirchner pidió el año pasado que haya «menos planes sociales» en el marco de una desocupación del 7%, aunque tampoco siguió insistiendo con esta postura.
Dina Sánchez planteó que «la economía popular no es una teoría ni un análisis, sino que tiene que ver con la realidad que vivimos. Las estadísticas demuestran que una porción cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras están excluidos del mercado formal. Se trata de personas que inventaron su propio trabajo para poder sobrevivir y garantizar un plato de comida en la casa. Este sector excluido ahora está organizado, algunos decían que era imposible pero pudimos construir no sólo cooperativas sino también un sindicato para pelear por nuestra dignidad y futuro», señaló. «Donde hay una necesidad, nace un derecho. Eso decía la compañera Evita y la economía popular llegó para quedarse», remató.
Según un informe publicado en mayo de 2021, había 2.093.850 de personas inscriptas en el Registro Nacional de la Economía Popular. El año pasado esa cifra subió a 3.457.669, un aumento del 65%. Es decir, la economía popular se ha consolidado como el modo de vida de millones de personas en los últimos 15 años y no se puede ignorar. Al momento de observar la distribución territorial de los inscriptos, Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de trabajadores de la economía popular (35,8%), seguida por Tucumán (6,2%), Salta (5,8%) y Santiago del Estero (5,4%). Sus actividades más representativas son los “Servicios personales y otros oficios” y “Servicios socio comunitarios”, que concentran el 62,7% (35% y 27,7% respectivamente).
«La tarea es poder discutir cómo se compone el mundo del trabajo en el siglo XXI y sobre todo seguir ampliando derechos, dado que las más afectadas por la desocupación son mujeres jóvenes. Si no damos derechos, vamos a seguir reproduciendo un sistema de violencia y exclusión social. Esto lo vemos mucho en Tres de Febrero, donde el PRO busca criminalizar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sobre todo aquellos que se desempeñan en el espacio público», concluyó Lis Díaz.
