Movimientos sociales contra la motosierra: antesala de un diciembre agitado y en las calles

😱 Frente a las amenazas de Milei, las organizaciones sociales no se quedarán de brazos cruzados. Unidad Piquetera convoca a una movilización el próximo 20 de diciembre. La UTEP está abierta al diálogo, pero no descarta medidas de fuerza porque reconoce que el ajuste llegará a todos los sectores.

En su discurso de asunción, el flamante presidente Javier Milei arremetió contra cualquier intento de oponerse a sus medidas de ajuste y señaló que «el que corta no cobra», en clara referencia a los movimientos populares que suelen ocupar las calles del centro porteño para reclamar por sus derechos. Las palabras de Milei, si bien no resultaron sorprendentes, marcan la pauta de lo que se viene: un contexto de libertades restringidas para aquellos y aquellas que quieran protestar contra cualquier injusticia.

Frente a las amenazas, las organizaciones sociales no se quedarán de brazos cruzados. Por lo pronto, el Polo Obrero convoca a una movilización el próximo 20 de diciembre, en el marco del 22° aniversario del estallido social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. «El anuncio del presidente Milei constituye una amenaza para el conjunto de los trabajadores: menos trabajo, más miseria, más desocupación y menos salario. Quieren hacerle pagar la crisis a los trabajadores», expresó a El Grito del Sur Eduardo «Chiquito» Belliboni, referente de Unidad Piquetera. «Nosotros nos vamos a organizar con el movimiento obrero ocupado y desocupado, además de otros sectores, y vamos a pelear por los derechos de los trabajadores», agregó.

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) están abiertos al diálogo, pero reconocen que el ajuste llegará a todos los sectores. Por ello se aferran a «la unidad del movimiento obrero» para construir una alternativa al proyecto de país excluyente que intentará aplicar Milei. «Es una mala señal que el presidente Javier Milei haya amenazado en cadena nacional con quitar la asistencia del Estado a las personas que ejercemos el derecho a la protesta. Dentro de la ley todo, pero fuera de la ley nada. En Argentina, el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Nacional«, señaló a este medio Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP. «Si moviliza una madre de familia que está en situación de indigencia, ¿le van a sacar la AUH? Si un jubilado reclama por la falta de medicamentos, ¿le van a sacar la jubilación? Si un pibe se moviliza, ¿le van a sacar el Progresar?», se preguntó. 

Tras el discurso provocador del Presidente, otro de los que respondió fue el dirigente Juan Grabois (Frente Patria Grande): «La estrategia reivindicativa-social le corresponderá a la nueva conducción de UTEP, las organizaciones barriales y los gremios, que siempre ha estado abierta al diálogo». «Todo el movimiento organizado de los trabajadores argentinos ha actuado dentro de la ley y ha sufrido la violencia ilegal del Estado y grupos parapoliciales… y aún así, demonizado y atacado, nunca le han torcido el brazo con amenazas y represión», dijo a través de la red social X.

El Polo Obrero convoca a una movilización el próximo 20 de diciembre, en el marco del 22° aniversario del estallido social que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa.

Milei buscará implementar un ajuste de entre 5% y 5,5% del PBI por parte del Estado, lo que equivale a un monto de entre 20 mil y 25 mil millones de dólares. Esto, sin lugar a dudas, impactará negativamente sobre los sectores más desfavorecidos de la población. «Es un planteo extorsivo desde el punto de vista de la política económica, porque dice que si no se acepta este plan viene la hiperinflación. Es un rumbo político de ataque a los trabajadores, no como Milei decía en campaña de que la crisis la iba a pagar la casta. La devaluación favorece a los sectores exportadores y quieren realizar un ajuste fiscal al servicio del pago de la deuda externa», aseguró Belliboni. 

Las organizaciones sociales señalan que los primeros anuncios del gobierno de Milei referidos a la paralización total de la obra pública podrían dejar a más de 250 mil personas sin trabajo, lo cual engrosará las filas de trabajadores desocupados. Asimismo, preocupa el destino de los programas sociales que reciben más de un millón de beneficiarios y que hoy operan como salvaguarda frente al crecimiento de la indigencia. «Frenemos en las calles la motosierra contra los barrios, los trabajadores, la juventud y las mujeres», concluyeron.

Compartí

Comentarios

Sebastián Furlong

Licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación (UBA). Retrato periodísticamente el conurbano y la ciudad de la furia. Agenda popular y política para analizar la realidad y aportar al quehacer colectivo.