Los logros en materia de institucionalidad y normativas de género y diversidad en nuestro país, construidos al calor de la organización feminista en las calles, están puestos en jaque. Los integrantes de La Libertad Avanza no tienen problema en decir públicamente que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) debe eliminarse bajo una lógica que piensa al Estado como si fuese lo mismo que una empresa privada. En palabras de Victoria Villarruel, vicepresidenta electa: “Es un embudo de ingresos públicos, no sirve para nada”.
A partir de la falta de certezas del Gabinete libertario hacia los trabajadores y las trabajadoras de la institución feminista nacional, y las amenazas de bomba que coronan una escalada de violencia machista desde el triunfo en las urnas de Milei, surgen una serie de preguntas: ¿Cómo cumplirá el Estado sus obligaciones asumidas en tratados internacionales de Derechos Humanos? ¿Cómo continuarán las políticas de género que fueron jerarquizadas con la creación del MMGyD? ¿Qué pasará con las casi dos millones de mujeres y LGBTI+ que fueron beneficiaries de sus políticas? En otro plano de las consecuencias, ¿cómo continuarán articulándose y funcionando las áreas de género y diversidad al interior de las provincias?
El Mapa Generar es una herramienta creada por la Dirección de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales del organismo nacional de género que el presidente electo quiere cerrar. Los equipos técnicos, integrados por profesionales de las Ciencias Sociales, se encargaron de relevar y dialogar con las diferentes áreas de género del país para diagnosticar cuál es la situación de la institucionalidad de las políticas de género y diversidad en todo el territorio.
El objetivo del portal web, de acceso público para la ciudadanía, es ofrecer información actualizada sobre la evolución de programas, organismos estatales y leyes, entre otros, en materia de prevención, asistencia y protección de las mujeres y LGBTI+ frente a las violencias de género, así como la identificación de las medidas locales que promuevan la igualdad de género.
A raíz del diálogo con referentes de provincias, municipios, departamentos y comunas, que son los primeros espacios de escucha y atención a mujeres en situación de violencia, hoy el Estado Nacional reconoce la existencia de 1150 áreas de género y diversidad al interior de gobiernos locales. Cabe destacar que, en cada caso, existen desde diferentes jerarquías que impactan también en la disponibilidad presupuestaria y, consecuentemente, en la posibilidad concreta de llevar adelante políticas públicas: hoy, solamente 257 áreas reconocen tener un presupuesto propio.
Hace algunos años, un informe de CEPAL (2017) declaraba que la Argentina alcanzaba el 22% de institucionalidad de género en los gobiernos locales. La nueva gestión asumirá con la cifra llegando casi al 49%. Su crecimiento se aceleró entre 2019-2022, a través del acompañamiento de un Estado Nacional que reconoció la necesidad de jerarquizar y transversalizar estas políticas al interior de su propio Gabinete. Además, el Programa Generar (política de asistencia a gobiernos para reforzar la institucionalidad, dependiente del MMGyD) creó 64 áreas municipales y fortaleció las líneas de trabajo en género y diversidad de 17 gobiernos provinciales y más de 120 Estados locales.
Según el Mapa Generar, el acceso al Programa Acompañar (política de asistencia económica y psicosocial para mujeres y LGBTI+ que atraviesan violencias de género, dependiente del MMGyD) es contemplado como herramienta en más de 800 municipios. Además, 993 gobiernos reconocen que implementan la Ley Micaela de capacitación a la administración pública en perspectiva de género y diversidad.
El Cupo Laboral Travesti Trans, una deuda histórica que comenzó a ser saldada en esta gestión, también se replica al interior del país. En la Administración Pública Nacional, 955 personas del colectivo cuentan con un trabajo registrado. En los municipios, 320 estados locales ya están implementándolo.
La discontinuidad de las políticas nacionales con perspectiva de género y diversidad, acompañada de un giro político de corte neoliberal, repercutirá en los gobiernos locales. En el Municipio de Ulapes, al sur de La Rioja, a través del Programa Generar se logró fortalecer el trabajo de la Dirección de la Mujer y Equidad de Género. Se trata de una localidad que no llega a tener cinco mil habitantes pero que, aún así, demanda medidas estatales de prevención y abordaje de las violencias.
El cambio de signo político al interior de los distritos también supone desafíos para sostener el trabajo realizado: en el Chaco, la coalición que gobernará presentó un proyecto de ley en el aparato legislativo provincial que desarmará el funcionamiento de la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos. La normativa que se discutirá no contempla la creación de un organismo para abordar las vulneraciones específicas de derechos que padecen mujeres y LGBTI+. Asimismo, según sus trabajadoras, podría suponer dificultades para continuar acompañando a 60 querellas por violencia de género que se llevan adelante en esa institución provincial.
Sin nombres para dirigir la cartera nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, con amenazas del uso de la violencia contra trabajadoras y trabajadores, con la expresión manifiesta de la voluntad de los nuevos funcionarios de cerrar el espacio institucional y sin una hoja de ruta clara sobre cómo será la política de género en los cuatro próximos años, queda una pregunta por hacer: ¿qué pensará hacer el Gobierno Nacional con la realidad inminente de un país donde una mujer es asesinada cada 39 horas? Planteado desde su lógica mercantil: ¿Una mujer muerta no es una empleada menos en las oficinas?
