Cinco de cada diez embarazos en la adolescencia no son intencionales y sólo el 38% de las madres adolescentes completaron el secundario en nuestro país, mientras que apenas el 1% llega a la universidad. A pesar de estas estadísticas, o justamente gracias a ellas, resulta fundamental resaltar que en tres años el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) logró reducir un 49% del embarazo no deseado en la adolescencia.
En 2018 unas 69.803 adolescentes de entre 15 y 19 años fueron madres y en cuanto a niñas unas 1938 menores de 15 años. Tres años más tarde, en 2021, el total de adolescentes de entre 15 y 19 había descendido a 46.236, en tanto que la cifra de niñas o adolescentes menores de 15 había bajado a 1394.
La noticia es agridulce y se pone amarga. Más allá de la poca difusión que tuvo desde su lanzamiento, en el 2017, en estas semanas el ENIA fue noticia por su fuerte desfinanciamiento: 619 de sus trabajadores fueron despedidos, tanto los de Nación como del resto distribuidos en 12 provincias donde se aplicaba. Si bien el Gobierno habla de reestructuración, la amplia cantidad de despidos en un área deja en claro que las políticas no tendrán el mismo impacto.
“Nosotros trabajamos hace seis años de manera informal como monotributistas. A través de muchas luchas se consiguió que algunos compañeros llegasen a ser contratados. El viernes pasado, los gremios a los que estamos adheridos nos informaron sobre el cierre del programa y la no renovación del contrato del total de sus trabajadores”, cuenta a este medio Diana Cancino, integrante del Plan ENIA en la provincia de Catamarca. “El Plan ENIA tenía una estructura gigante, a pesar de que éramos pocos trabajadores y con sueldos mínimos. No solo trabajamos la prevención del embarazo adolescente, sino que atravesamos todas las temáticas que envuelven a los y las chicos/as durante esta etapa de la vida”.
Además de generar una red de referentes y profesionales, el ENIA trazaba un nexo con los centros de salud y los hospitales y formaba a los y las empleados/as estatales que tenían diálogo con este segmento etario. “Los profesionales que formábamos parte del plan teníamos constantemente que renovarnos con información idónea y actualizada. Nos preparábamos especialmente para cada caso difícil. Había acompañantes pedagógicas en las escuelas que atendían las problemáticas de los docentes y un área de salud sexual y reproductiva que se encargaba de la capacitación. En los centros de salud gestionamos los recursos para evitar fallas en el acceso a los métodos anticonceptivos. También hacíamos monitoreo, relevamiento y procesamiento de datos tanto en la capital como en las provincias. Esto permitía replantearnos el funcionamiento del programa y cómo ir sorteando los obstáculos”.
“El adolescente va a perder el acceso a la información y el buen trato en los centros de salud y en otras instituciones que son cruciales en ese camino que realiza hacia la vida adulta. Tomar decisiones sin información clara, sin evidencia científica, es volver a dejarse llevar por los comentarios de la gente, por lo que leen en las redes sociales. Eso impacta negativamente no solo en el embarazo sino en todas las decisiones que vayan tomando”, continúa Diana.
El plan ENIA era una política conjunta entre los Ministerios Nacionales de Salud, de Desarrollo Social y de Educación que trabajaba para garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias. Entre sus metas, el plan buscaba: “Fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción del embarazo según el marco normativo vigente”, además de “potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia”, según explica la página oficial.
Por su parte, Carla Carrizo, diputada nacional de la UCR, envió un proyecto al Congreso para conocer la continuidad y vigencia del plan. “Ninguna motosierra que quiebre, desarticule o interrumpa la continuidad de una política de excelencia pensada, hecha, implementada por profesionales de primera de una estatalidad democrática que es buena y sí, aunque hoy se la niegue, también existe”, publicó en Instagram la diputada.
“El cierre del plan ENIA significa la pérdida de referentes afectivos para estos adolescentes que estaban pasando por situaciones complejas e incluso en algunos casos por crisis de salud mental. Desde nuestros puestos de trabajo no solo hacíamos prevención del embarazo, sino que era casi un apadrinamiento”, repone Cancino.“Los chicos ya no nos van a encontrar en los espacios que habitamos”, subraya. La trabajadora hace énfasis en que cuando no hay acceso a la información fidedigna y comprobada, las decisiones se toman mediadas por la influencia del entorno, sin contemplar el costo que pueden tener en la vida de los y las jóvenes. En Argentina, según informo Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) las estadísticas señalan que 7 de cada 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años son no intencionales, y este número aumenta a 8 de cada 10 en niñas menores de 15 años, en su mayoría como consecuencia de abusos y violencia sexual. El Censo 2022 reveló una disminución del 50% en la cantidad de adolescentes con hijos, pasando del 13,1% en 2010 al 6,4% en 2022.
Sobre el amplio perjuicio que genera en la sociedad el desfinanciamiento del plan ENIA, Diana es tajante: volver al oscurantismo y al silenciamiento es mucho más costoso que sostener el puesto de sus trabajadores. El desguace de este plan implica un retroceso atroz y deja desamparadas especialmente a las y los adolescentes de menores recursos que no podrán acceder a la información ni a los métodos anticonceptivos de otras maneras. “El costo es que vuelvan a resurgir los embarazos forzados, que volvamos a transitar maternidades donde se ejerza violencia obstétrica, que se vuelva a retroceder en materia de respeto al paciente y muchas otras áreas que la comunidad va a resentir”. En Argentina la tasa de fecundidad adolescente es de 25 cada 1000, algo en lo cual parece pionera si se tiene en cuenta que en la región la tasa es de 67 por 1000 adolescentes. Además, basado en el informe UNICEF-SAP. “Situación de la población adolescente en Argentina”, 2022 la baja de la tasa de fecundidad adolescente total ha sido mayor en las provincias que tienen el Plan ENIA.
“El costo en calidad de servicio y la tasa de natalidad es mucho más que el gasto real del Plan ENIA”, asegura la trabajadora. En base a al estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Estado Argentino invierte $7.597 millones anuales en atención sanitaria de embarazos adolescentes en el subsistema público de salud -el equivalente a U$D 200 millones-, cifra que supera en casi siete veces los $1.150 millones que se «ahorrarían» con la desvinculación de 619 trabajadores del programa. El mismo informe aseguró que las adolescentes que se convierten en madres enfrentan desafíos significativos en su trayectoria educativa y laboral. La tasa de desempleo que enfrentan es de 21,4%. Esto representa una pérdida estimada de ingresos de $1.151 millones anuales.
“A través de la red provincial de trabajadores del ENIA, queremos dejar en claro que el costo del cierre es devastador para la sociedad y tiene un impacto negativo en la mortalidad materna e infantil”, plantea Diana. Para ella, los políticos deben entender que las vidas de las adolescentes son más valiosas que el presupuesto del Estado. “Ellos hablan de una reestructuración pero esto significa que no vuelvan todos los trabajadores, que ya éramos pocos para la tarea que hacíamos. El recorte oficiado por el Gobierno implica la pérdida de un rol enorme en la vida de los adolescentes y significa que el plan no se pueda aplicar de la manera de élite en la que se venía haciendo”, concluye.
