Mientras una parte de la dirigencia político-partidaria se encuentra abocada a la gestión gubernamental y otra debate en el Poder Legislativo los alcances de la Ley Ómnibus, por debajo se están tejiendo una serie de acuerdos entre distintos actores sociales -organizaciones sindicales, políticas, sociales, empresariales, etc.- que buscan organizar a las bases de cara al paro nacional del próximo 24 de enero que además incluirá una movilización masiva al Congreso de la Nación.
Hasta el momento, una de las iniciativas más interesantes es la conformación de multisectoriales en la provincia de Buenos Aires. Allí se mezclan militantes de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, referentes de la UTEP, gremios de la CGT, organizaciones sociales, concejales de Unión por la Patria e inclusive intendentes. De acuerdo con los organizadores de este espacio, se busca construir el «consenso necesario» para la derrota de la Ley Ómnibus y el DNU de Milei así como lograr la defensa de «los recursos naturales, la industria nacional, las economías regionales y los derechos laborales de millones de trabajadoras y trabajadores».
La Multisectorial PBA, además de ser un ámbito de resistencia a las medidas del gobierno nacional, cuenta con el aval del gobernador Axel Kicillof, en un contexto de falta de liderazgos al interior del PJ (que aún tiene a Alberto Fernández como presidente). El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, pidió «una renovación en general» del peronismo y señaló que «más allá de las críticas a la CGT, hoy somos el muro de contención contra el avasallamiento a los trabajadores».
En los últimos días, también se destacaron las acciones realizadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Por un lado, una jornada de asambleas con ollas populares en todo el país sirvió para debatir sobre el contexto crítico así como reforzar la convocatoria al paro y movilización convocado por la CGT. Por el otro, se entregó un petitorio a la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) para plantearle la problemática alimentaria que están sufriendo los barrios populares y la necesidad de políticas orientadas a su sector, vinculadas al mejoramiento de las unidades productivas, el Potenciar Trabajo y las obras de integración socio-habitacional.
Quien también se viene manifestando con dureza contra la Ley Ómnibus -así como el DNU 70/2023 de desregulación económica- es el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien expuso en la Cámara de Diputados y pidió a los legisladores nacionales que voten en contra del proyecto parlamentario. Respecto al DNU, el sindicalista dijo que «no ataca privilegios» sino que «ataca derechos individuales y colectivos, limita la acción sindical en el momento de mayor desigualdad de nuestro país y debilita a los sindicatos».
El paro general tendrá además la participación activa de los partidos de izquierda y de Unión por la Patria (UP). La diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, Myriam Bregman, pidió que «el paro del 24 dé inicio a un plan de lucha contra el plan de guerra del Gobierno». En tanto, bajo el lema «la patria no se vende», desde UP expresaron su apoyo al paro nacional convocado por el movimiento obrero y aseguraron que «el DNU y la Ley Ómnibus «suponen la instauración de un régimen político sin funcionamiento del Congreso de la Nación, sin pluralidad democrática y con un creciente y peligroso aumento de mecanismos represivos y de criminalización de la protesta social».
