La convocatoria a un segundo paro general de la CGT de cara al próximo 9 de mayo tiene como principal premisa frenar el ajuste económico y los despidos de los empleados estatales, en un contexto en que el Ejecutivo nacional busca aprobar una nueva versión de la Ley de Bases.
Al interior del sindicalismo, el diagnóstico es común: el gobierno de Javier Milei está llevando a una pulverización del poder adquisitivo y a un aumento exponencial de la desocupación. El sector privado tampoco se salva de esta avalancha, puesto que en la UOCRA contabilizan 80 mil despidos en la construcción desde que el Gobierno dispuso frenar la obra pública allá por diciembre de 2023. Por su parte, desde la UOM registran unas 4000 suspensiones en el primer trimestre de este año.
Algunos personajes políticos se jactan de ser expertos en hablar de la «lentitud» con que la CGT define sus medidas. Sin embargo, ignoran la diversidad de actores que conviven en la central obrera: desde camioneros hasta bancarios y ferroviarios o laburantes de fábricas automotrices. Las realidades y tiempos de cada sector son diferentes, así como la impronta combativa de sus cúpulas dirigenciales o militancias de base. Si bien la magnitud de los ataques a los trabajadores viene siendo mayor que en el gobierno de Mauricio Macri, hoy la CGT también se encuentra más rápida de reflejos. Vale la pena recordar que el famoso «poné la fecha» se dio en marzo de 2017, cuando ya había transcurrido un año y tres meses de la gestión de Cambiemos.
El llamado al paro general también sepulta los rumores de acercamiento entre el Gobierno y algunos referentes sindicales, con supuestos guiños a la reforma laboral que introdujo la UCR en la nueva ley de Bases. Esta iniciativa elimina el aporte sindical de los trabajadores, declara «servicio esencial» a la educación y obliga a los docentes a cubrir el 75 por ciento de los puestos de trabajo en caso de huelga. Además, extiende la restricción a casi todas las ramas de la industria y los servicios. En paralelo, extiende el período de prueba a seis meses sin indemnización.
La CTA de los Trabajadores, con Hugo Yasky a la cabeza, también se sumará a la huelga. Otros gremios valoraron el paro de la CGT, aunque reclamaron una medida previa al 9 de mayo. Es el caso de ATE Nacional, que señaló: «La decisión de la CGT de anunciar una nueva huelga general es absolutamente acertada, aunque en el caso de los estatales tal vez necesitemos una escala previa al 9 de mayo. Es que los derechos en el sector público están siendo brutalmente vulnerados. No solo enfrentamos despidos, sino también el congelamiento de salarios y una grave desinversión que pone en riesgo el funcionamiento de organismos y áreas estatales. En el Estado, el plan de lucha no se puede detener».
Más allá del ajuste estatal y los despidos, otro aspecto fundamental para entender el actual escenario conflictivo es la falta de homologación del incremento salarial del 45% que el gremio Camioneros acordó con el sector empresarial. «Ningún acuerdo puede estar por encima de la inflación», planteó el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo. Precisamente, Pablo Moyano viene siendo uno de los referentes sindicales más activos al plantear la necesidad de que la CGT retome la iniciativa. «Es lo que piden los sectores que están siendo afectados por la recesión y la provocación permanente del Gobierno contra el salario de los trabajadores», argumentó.
La lectura que se impone en el movimiento obrero organizado es que, frente al «salvaje» ajuste de precios, tarifas y salarios, la pasividad no es la decisión correcta porque puede acabar con derechos conquistados hace décadas. Es importante actuar antes que sea tarde. En ese marco, deben ignorarse las encuestas que asignan una (todavía) alta imagen positiva a la figura presidencial. El plan de acción de la CGT no se reduce al paro general de actividades del 9 de mayo, sino que contempla también una movilización al Monumento del Trabajo en el marco del 1 de mayo y la participación en la Gran Marcha Universitaria el 23 de abril. Esta última definición implica más que un acto de solidaridad: da un mensaje de que a la universidad pública tiene que acceder toda la clase trabajadora para seguir construyendo movilidad social ascendente, sin lugar a dudas una de las grandes carencias del último decenio.
