Si hay algo que resaltar de los primeros 70 días de gestión del gobierno ultraderechista de Javier Milei, no es solo la velocidad con la que ha reflotado el ortodoxo repertorio de medidas de ajuste de la economía liberal de la que ya conocemos sus trágicos efectos (despidos, licuación salarial, reducción de las jubilaciones, achicamiento del Estado, privatizaciones, etc.), sino la voracidad con la que intenta impulsar un cambio de rumbo económico y, al mismo tiempo, provocar una profunda transformación subjetiva que ponga en tensión hasta su fractura – si lo logra – el tipo de sociedad hasta ahora conocido.
El DNU 70/23 de desregulación económica, anunciado a pocos días de apoltronarse en el sillón de Rivadavia y que sigue vigente -a excepción del Capítulo Laboral, y la fallida “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, proyecto que fue retirado por el Ejecutivo ante la imposibilidad de lograr su aprobación-, resulta un ejemplo de ese intento por generar velozmente efectos estructurales (irreversibles a mediano plazo), que pongan patas para arriba las relaciones entre el capital y el trabajo.
En este contexto sombrío para la mayoría de los argentinos y argentinas, no resulta casual que la CGT y el resto de las organizaciones sindicales hayan cobrado centralidad y un inusual protagonismo político. Aunque muchos señalan todavía que es una manera de “marcarle la cancha” al recién llegado, lo cierto es que la central obrera está asumiendo un rol inédito, actuando no sólo como un obstáculo efectivo para la avanzada neoliberal sino también como un dispositivo que ha podido condensar a los distintos sectores afectados por las políticas de shock que vienen llevando adelante el exótico presidente argentino y su no menos extravagante ministro de Economía, Luis Caputo.
Este “nuevo” papel del sindicalismo argentino quedó plasmado en la rápida reacción que tuvo la cúpula cegetista al convocar a movilizarse a Tribunales el pasado 27 de diciembre (a solo dos semanas de la asunción de Milei!) para acompañar la presentación judicial que, hasta ahora, dio por tierra la aplicación de la reforma laboral, y cuya resolución definitiva quedó en manos de la Corte Suprema, y sobre todo en el paro general con movilización del 24 de enero, que tuvo a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la calle. Lo que vino inmediatamente después ya es historia, dado que la llamada Ley Ómnibus tuvo los días contados y un solo destino: su rechazo y la retirada del proyecto por parte del Ejecutivo.
No resulta sorpresiva entonces la ofensiva que con el DNU ya había emprendido el Gobierno contra las organizaciones gremiales y sociales, con su pretensión por limitar el derecho de huelga, la declaración de ciertas actividades como esenciales para reducir las medidas de acción directa, o la eliminación de los aportes solidarios, como así también con la aplicación parcial, pero no menos intimidatoria, de un protocolo anti protestas que funcionó hasta el momento como un instrumento de disciplinamiento social, garante del aparato represivo. La relación entre el Gobierno y los trabajadores se resquebraja día tras día, sin encontrar un punto de equilibrio. Aunque tampoco parece hallarlo en el futuro inmediato. Todo lo contrario.
Hace unos días el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, había manifestado que “vamos camino a un gran paro nacional. La CGT va a hacer las medidas que sean necesarias”. En la misma sintonía, también había señalado otro de los referentes de la central obrera, Héctor Daer, que “el Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida”.
Lo cierto es que, desde la semana pasada, luego del fracaso de la reunión del Consejo del Salario, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente -creado y abonado desde el año 1998 ininterrumpidamente-, y el reciente decreto 170/24 de desregulación de las obras sociales, se han dificultado los puentes entre las organizaciones gremiales y el Gobierno.
La respuesta unificada, aseguran desde el entorno de los popes cegetistas, va a llegar. Algunos, por fuera de la “mesa chica”, apuestan fuerte en este sentido. Es el caso del líder de La Fraternidad, Omar Maturano, quien insiste que “tenemos que hacer un paro general por nosotros, pero también por los jubilados, por el trabajo y contra la reforma laboral del DNU”.
Los dirigentes intentan ecualizar el malestar social que aún no ha alcanzado su clímax, las respuestas político-parlamentarias de una oposición todavía desordenada y fragmentada, y la lucha puramente corporativa, que hasta ahora es la que más frutos les ha dado.
La situación de los salarios, incapaces de trepar por encima del incremento abrumador de precios luego de una histórica devaluación del 118% y con un 46,1% de inflación acumulada en el primer bimestre del año -según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)- es un caldo de cultivo para una multitud de nuevos conflictos de corte sectorial.
En este otoño no florecerá ni una sola flor, pero brotarán las luchas. A los paros de maquinistas y del personal de sanidad, se sumarán el próximo lunes el de los estatales de ATE, y el de los docentes de todo el país nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), situación que no pudo evitarse a pesar de la convocatoria de último momento a la paritaria nacional que el propio Gobierno pretendía desconocer. “Se nos está sometiendo a un ajuste que nos afecta la vida”, planteaba Sonia Alesso en la conferencia de prensa que ratificaba el no inicio de clases.
La tragedia social que está propagando la “motosierra y la licuadora” de Milei mostrará su peor rostro en los próximos meses. El plan económico y cultural que diseñan necesita para su reproducción -además de empobrecer a los sectores medios y bajos- liquidar a las organizaciones populares. Para ello, paradójicamente, deberán tratar de convertirlas en enemigas del pueblo al que representan.
El movimiento obrero argentino, quizás uno de los más poderosos del planeta, tendrá esta vez en sus manos, como nunca antes, la oportunidad de reconciliarse simbólicamente con una gran parte de la sociedad, y darle voz a los millones de ajustados que seguramente encontrarán a su lado y en las calles su único remedio.
