Dato quizá no mata relato. La inflación del 13,2% anunciada recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y recibida por la Casa Rosada como un “numerazo”, aún no logra ubicarse por debajo del 8,3% que se registró en octubre del año pasado ni del 12,8% de noviembre, al que la oposición por ese entonces le adjudicaba al supuesto “plan platita” del por ahora esquivo ex Ministro de Economía, Sergio Massa.
A juzgar por la velocidad del ajuste que implementó el actual gobierno y sus medidas económicas ultra ortodoxas, lo único que se “desplomó como un piano” fueron los ingresos de sectores medios y populares. La inflación está allí, indemne, con altas chances de seguir subiendo, según anticipó el propio Presidente: «Marzo va a ser muy complicado en materia de inflación». Sin embargo, el plan económico parece proyectarse sin sobresaltos, salvo los provocados por la lucha en las calles, y la resistencia del movimiento obrero que ya impuso obstáculos con algunos triunfos parciales que amenaza multiplicarlos.
Las luchas sectoriales en ascenso están reconfigurando las acciones típicas de las patronales para enfrentar un nuevo escenario de conflictividad que va a dejar atrás la puja distributiva y va a poner en el centro la conservación de los puestos de trabajo. El “modus operandi” (cierre, con dispensa laboral) que se inauguró en Télam y se extendió rápidamente a América TV, más allá del resultado que finalmente obtengan, parece constituirse en un ensayo de laboratorio de las formas bajo las cuales las patronales pueden emplazar una ola de despidos masivos y encarar procesos de desguace o privatización que, en apariencia, se perciben con un menor nivel de conflictividad al aislar la acción sindical fuera del sector de trabajo, limitando su capacidad de daño y desplazando la potencia del delegado fuera de su ámbito natural.
El conflicto en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), cuyo desfinanciamiento denunció el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) José Luis Lingeri, al afirmar esta semana que “el Gobierno desde diciembre a la fecha no ha realizado ninguna transferencia del Tesoro para cubrir gastos operativos, frenando todas las obras que estaban en marcha y ocasionando la desvinculación de más de 2.000 trabajadores de cooperativas”. La empresa estatal podría convertirse así en el próximo blanco de la administración libertaria para aplicar el “método Télam” y extenderlo a las 41 empresas de capitales mayoritariamente estatales que todavía se encuentran nomencladas en el DNU 70/23 declaradas “sujetas a privatización”.
Algo similar está sucediendo en las 4 plantas de ACINDAR de Villa Constitución, que paralizaron su producción durante este mes a raíz de la caída abrupta de las ventas (en torno al 40%) y que ya tiene consecuencias concretas: despidos y suspensiones. Pablo González, secretario general del Sindicato Metalúrgico local (UOM), señaló que “la compañía en forma unilateral y sin ponerse de acuerdo con nosotros anuncia que hará tomar todos los francos compensatorios y todas las vacaciones juntas” y agregó que “se cancelaron los contratos de 100 personas, 70 en la acería y 30 en trenes de laminación”.
La situación en el sector público se tensa. El cierre de los CDR (Centros de Referencia) del ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora dependiente de la ministra Sandra Pettovello, ya se cobró 600 despidos. A esto se le suma el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que el actual presidente del organismo Carlos Luis Pirovano resolvió con la desvinculación de 170 contratados, y el despido de unos 165 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo titular Diego Spagnuolo ya le manifestó a los gremios la necesidad de una “reducción del 30% del personal”.
Esto solo es un botón de muestra de lo que los liberales prevén hacer en la Administración Pública Nacional a partir del 31 de marzo. En esta fecha concluye la renovación de las contrataciones (un universo de más de 79.000 trabajadores) y, tal como lo estableció la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo a través del decreto 84/2023, “no podrán ser renovadas por un periodo mayor de NOVENTA (90) días corridos”. La respuesta de las y los trabajadores no se hizo esperar: este viernes habrá una movilización al Ministerio de Capital Humano por parte de los estatales enrolados en ATE.
A pesar del altísimo impacto social que tienen las actuales medidas económicas, la reacción social todavía no se encuentra en sintonía con la gravedad de los hechos que desatan. La narrativa del Gobierno evidentemente se impone momentáneamente por sobre las condiciones materiales. No obstante -quizá más tarde de lo esperable-, las trágicas consecuencias del neoliberalismo harán estallar, sin dudas, la adrenalina popular. Mientras tanto, la clase trabajadora deberá forjar la más amplia unidad para obtener pequeñas victorias. Es importante ganar las peleas. Una derrota en el conflicto de la Agencia Télam podría allanar el camino de la gestión libertaria sobre el sector público, convertirlo en un hecho ejemplificador y exportar a otras locaciones un método de disciplinamiento sindical al que habrá que sortear con creatividad y nuevas –o en desuso- formas de organización y resistencia.
