Esta semana, el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Mariano Cúneo Libarona despidió a 120 trabajadores y trabajadoras que se desempeñaban en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, las desvinculaciones alcanzaron a más de 20 personas, entre contratados y en relación de dependencia, que trabajaban en barrios como Constitución, Soldati, Floresta, Caballito, Villas 15 / 31 / 1-11-14 / 21-24, La Boca y Once. «Lo que hacen directamente es no renovar los contratos e impedir que tengamos acceso a los usuarios del sistema de los CAJ», explicó a El Grito del Sur uno de los trabajadores afectados.
Los Centros de Acceso a la Justicia son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros. Tienen presencia en todo el país y cuentan con equipos interdisciplinarios de profesionales: abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo. Sin explicaciones ni contactos personales, estos trabajadores y trabajadoras -algunos con más de 15 años de servicio- fueron despedidos sin criterio ni justificación.
«Esta situación es preocupante, ya que deja en evidencia la falta de consideración hacia los trabajadores y la comunidad en general. Los Centros de Acceso a la Justicia cumplen un papel fundamental en la sociedad al brindar asistencia legal y social a quienes más lo necesitan, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad», señalaron los coordinadores del CAJ.
«Están despidiendo profesionales de calidad en los CAJs por orden de @m_cuneolibarona. La chantada siempre sobrevive en la oficina, porque eso quieren: malos profesionales en un Estado lumpenizado para atender a un pueblo dormido. La descapitalización de las instituciones es brutal», planteó por su parte la abogada Gabriela Carpineti -ex directora nacional de Acceso a la Justicia- a través de la red social X.
En la Villa 31, por ejemplo, el miércoles desactivaron los usuarios de gestión de la sede Galpón (sector bajo autopista) de una administrativa y mediadora comunitaria y de una trabajadora social. Lo mismo sucedió con la oficina del CAJ del barrio Güemes, en la cual uno de los laburantes no pudo acceder a la herramienta de gestión por tener el usuario desactivado. Con esta decisión, los Centros de Acceso a la Justicia se quedaron sin trabajadores sociales que puedan firmar los informes sociales y sin una persona que realiza las mediaciones comunitarias, que ya tienen demora fruto de la alta demanda.
«Quieren vaciar la política pública de acceso a la justicia en los barrios vulnerables de todo el país», agregaron los trabajadores. En CABA, los afectados pertenecen a distintos rubros: 10 administrativos, 5 abogados, 4 trabajadores sociales y 2 psicólogos. Un total de 21 laburantes desvinculados.
