Este martes 20 de febrero se reunió el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), máxima instancia de gobierno de la casa de estudios más grande del país. En este marco y con el apoyo de las distintas fuerzas que componen la vida política universitaria, se aprobó una resolución que ya en su nombre da cuenta de la gravísima situación que atraviesa la educación superior: «Preocupación de la comunidad universitaria respecto de la situación presupuestaria de esta Universidad».
La declaración surge en el marco de la prórroga presupuestaria dispuesta por el gobierno nacional que prevé que las universidades nacionales deban funcionar con el presupuesto congelado de 2023, pese al importante proceso inflacionario que registra nuestro país.
La declaración fue votada de forma unánime y encomienda al rector Ricardo Gelpi a realizar todas las gestiones disponibles para que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable del área, disponga del presupuesto necesario para garantizar el normal funcionamiento de la UBA.
“Es gravísimo lo que estamos viviendo en el sistema universitario, este año tendremos un 70% menos de presupuesto en términos reales. Los que pagan el ajuste son los argentinos que estudian y trabajan. Los estudiantes vamos a tener que destinar 5 veces más de presupuesto que el año pasado para poder ir a cursar», expresó Pablo Centeno, consejero superior por la Minoría Estudiantil e integrante del Frente UBA de Todxs. «El gobierno nacional cortó los fondos fiduciarios para garantizar el Programa Progresar. El transporte es cada vez más caro y tampoco tenemos Boleto Educativo en la Ciudad como sí lo hay en la Provincia de Buenos Aires. Lo que está en juego acá es la permanencia de cientos de estudiantes».
Además de contar con 13 facultades en donde se estudian un promedio de 90 carreras de grado y una cantidad equivalente de carreras de posgrado, la Universidad de Buenos Aires cuenta además con más de 10 sedes del Ciclo Básico Común (CBC) distribuidos en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, 6 escuelas pre-universitarias, 7 hospitales universitarios, 16 museos, campos de deporte y de recreación y un sinnúmero de actividades de investigación y extensión. La comunidad universitaria se estima en torno a las 500.000 personas entre estudiantes, docentes y no docentes.
Con este ajuste corren riesgo también los procesos de inversión en investigación, salud y extensión, así como todo lo vinculado con infraestructura y mantenimiento de los edificios universitarios. «Lamentablemente este mismo consejo superior ya había advertido que esta era la situación a la que íbamos si ganaba un gobierno como el de Javier Milei. Todas las instituciones universitarias se habían pronunciado», explicó Catalina Kaplan, consejera superior de la Minoría Estudiantil. en diálogo con este medio. «Este es el primer hecho de un ciclo lectivo que está comenzando y no sabemos hasta cuándo se va a poder desarrollar. La situación presupuestaria es de ahogo total».
Kaplan señala la preocupación que existe por los hospitales universitarios, que cuentan con gastos y aumentos superiores incluso a la de las unidades académicas. «Asimismo hay que marcar el punto de la paritaria docente y no docente: hay una situación absolutamente crítica y se les ofreció incorporar solo 6% al 10% que tenían acordado», apuntó y destacó la unidad alcanzada por las diferentes fuerzas para emitir una posición conjunta.
