El 8 de enero de 2023 simpatizantes del ex presidente Bolsonaro hicieron un asalto al Congreso, Casa de Gobierno y Tribunal Supremo de Brasil exigiendo una intervención militar que termine con el gobierno de Lula con la excusa de un supuesto fraude en las elecciones de 2022. Este hecho fue muy similar al que protagonizaron los seguidores de Trump en enero de 2021 y en los dos casos las redes sociales, las fake news y todo el entramado digital de la ultraderecha tuvo una gran responsabilidad en la instigación del movimiento que encabezó esos ataques contra la democracia.
Uno de los protagonistas de esta pelea es el presidente del Tribunal Supremo Electoral Alexandre de Moraes, una persona de muy alto perfil en la política brasileña que tuvo una importante intervención en las elecciones de 2022 en la suspensión de cuentas que difundieron información falsa o incitaban a la violencia y en la inhabilitación para ejercer por 8 años cargos electorales de Jair Bolsonaro. Musk le dedicó en los últimos días varios tweets y lo acusó de dictador, pero también le dedicó varios posteos a Lula.
Brasil se planta
El Estado brasilero está yendo en particular contra X por su participación o complicidad en lo que llaman “milicias digitales”. Existe una causa judicial abierta por este tema donde está implicado uno de los principales estrategas de la comunicación de Milei, Fernando Cerimedo, y recientemente se incluyó a Musk dentro de la investigación judicial. La denuncia plantea una estrategia sistemática para difundir información falsa acerca del sistema electoral brasilero, difundir discursos de odio y así favorecer la estrategia golpista de Bolsonaro.
El presidente Lula se refirió a Musk sin nombrarlo y dijo: “El extremismo de derecha permite que un empresario extranjero, que nunca ha producido un tallo de hierba en Brasil, se atreva a hablar mal de la Corte brasileña, de sus ministros y del pueblo brasileño”. En el marco de esta disputa, el y otros referentes del PT crearon sus cuentas en Bluesky, una plataforma similar a X impulsada por ex empleados que se fueron después del desembarco de Musk en la empresa y funciona con un sistema de código abierto y es sostenida por una fundación en vez de una corporación, como sucede con Wikipedia.
La última novedad -después de que Musk amenazara no cumplir con la Justicia brasileña y recomiende usar un VPN para eludir la censuras que puedan existir- es que la empresa X Corp informó a la Justicia que finalmente iba a cumplir sus órdenes y suspender las cuentas solicitadas. ¿Esto significa que definitivamente Brasil ganó la disputa? ¿Es posible entonces que un gobierno democrático pueda ponerle límites a estas grandes plataformas?
Una batalla desigual
Las tensiones entre las plataformas y los Estados no son nuevas, pero se están recrudeciendo con el crecimiento de las mismas y el nivel de acceso cada vez más alto que tiene la población. Algunos países tienen fuertes restricciones y control estatal en la utilización de internet como Arabia Saudita, Irán, China o Corea del Norte. En las democracias occidentales la regulación de las redes sociales es un desafío complejo, ya que muchas pretensiones de intervención estatal o de sanción a las plataformas son denunciados como intentos de censura, repudiados socialmente y/o no acatados por las empresas.
La riqueza personal de Musk es de 195 miles de millones de dólares según Forbes. Ese valor es mayor al PBI de 153 países del mundo, o sea sólo 57 países tienen un PBI mayor a la fortuna del dueño de X. No es tan simple para un Estado enfrentar el poder de las plataformas y sus dueños, más teniendo en cuenta que ellos no se someten a elecciones. Por eso, para dar estas disputas es necesaria una coordinación global o continental y también que esté implicado no solamente el Poder Ejecutivo y Legislativo sino también implicado el Poder Judicial.
En Europa entró en vigor en febrero de este año la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las empresas dar más herramientas para denunciar contenido ilícito, explicar el funcionamiento de sus algoritmos, limitar publicidad a menores, entre otras medidas. Todavía es muy pronto para analizar su aplicación, pero es un dato a tener en cuenta que recién en 2024 pudo sancionarse una ley integral sobre este tema y que en Estados Unidos -a pesar de múltiples causas judiciales y amenazas de prohibir una plataforma como TikTok- todavía no se pudo aprobar ningún proyecto integral de regulación de las redes a nivel nacional. El poder de lobby y también la legitimidad social que tienen muchas de estas plataformas no son menores.
¿Y qué hacemos en Argentina?
La persona más rica del mundo, que es además aliado de nuestro presidente que fue a visitarlo la semana pasada, se está enfrentando directamente contra la Justicia brasileña y Lula. En ese país, por ahora, se plantaron y lograron que la empresa cumpliera con las resoluciones judiciales. Al mismo tiempo, en Brasil se está investigando a uno de los principales estrategas de Milei, Cerimedo, por armar “milicias digitales” que protagonizaron el intento del golpe de Estado de 2023. Es decir que las balas pican cerca.
Tenemos que estar atentos al funcionamiento de las “milicias digitales” libertarias y avanzar mucho más en el plano judicial y legislativo para por lo menos tener una estrategia. El ex presidente Alberto Fernandez anunció varias veces la intención de regular las redes, pero esto quedó en una declaración de intenciones. El espejo invertido que tenemos con nuestro país vecino, que ya se convirtió en un meme, no tiene que funcionar sólo para lamentarnos sino para aprender. Para evitar un ataque a la democracia como el que se vivió en Brasil necesitamos una estrategia judicial, política y comunicacional que no puede improvisarse cuando las papas quemen.
