Los gobiernos nacional y porteño se pusieron de acuerdo para poner a las y los migrantes como uno de sus principales enemigos. Tras ganar la elección, Javier Milei y Jorge Macri no sólo pusieron en marcha la operación de la propaganda xenófoba para distraer a sus electores del ajuste propio de la «motosierra», pero además empezaron a manipular la Justicia para concretar sus políticas de exclusión.
El jefe de Gobierno Jorge Macri dijo recientemente a través de la red social X: «Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar en el que se cometen delitos«. De esta forma se refirió al DNU 138/2021, el cual derogó el decreto xenófobo gracias a la lucha incansable de los migrantes y refugiados en Argentina.
La operación político-judicial discriminatoria tiene su origen en la presidencia de su primo, Mauricio Macri, quien impulsó el decreto 70/2017 fundamentado en base a un veredicto de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el “Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana” Sentencia de 28 de Agosto de 2014, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
A pesar del repudio que provocó esta decisión tanto a nivel nacional como regional, el Juzgado Cont. Adm. 1 -en el fallo de primera instancia «Cels»- lo declaró constitucional, usando la Ley de Residencia 4144 de 1902, como uno de sus argumentos. Una ley arcaica sancionada con fines de expulsar a los trabajadores migrantes, quienes se han organizado a través de sindicatos, organizaciones políticas y/o movimientos obreros en contra de la explotación laboral.
«Por cuestiones estrictamente relacionadas a la ¨seguridad nacional¨ (se temía el ingreso de comunistas y socialistas, etc.), en 1902 se sancionó la Ley Nº 4144 conocida como Ley de Residencia, que autorizaba a expulsar a extranjeros por causas de seguridad nacional o perturbación del orden público. En este sentido vale reseñar por ejemplo lo sucedido en tiempos de las huelgas obreras ocurridas en la provincia de Santa Cruz durante los años 1920 y 1921, las cuales finalizaron con los fusilamientos de cientos de obreros por parte del Ejército argentino (Regimiento 10º de Caballería al mando del Tte. Héctor B. Varela). Dicha masacre ocurrió durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen y tanto el Ejército como la Policía, además de asesinar a los huelguistas y detenerlos sin comunicación a juez alguno -entre otras prácticas despojadas de las garantías de defensa y debido proceso, derecho a la integridad física y psíquica-, aplicaron recurrentemente la «Ley de Residencia» para expulsar del país a aquellos extranjeros considerados ¨bandoleros¨ o elementos con ideas extranjerizantes», explicó el abogado y funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Ivan Posternak.
Cabe recordar que el artículo 2º de está ley estipula que “el Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Basta observar el famoso “protocolo antipiquete” de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para concluir que es un “copy-paste” de esta política arcaica. En su artículo 11, el protocolo define una medida para las personas extranjeras que se encuentren en las movilizaciones sociales. “… En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviarán sus datos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES”.
Según Oscar Bermeo Ocaña, los datos oficiales desmienten los discursos que atribuyen a la inmigración el incremento de la inseguridad. “Si la población migrante en la Argentina asciende a 3.033.786 de personas, según la Dirección Nacional de Población en agosto 2022 (a la espera de los datos del último Censo Nacional), entonces sólo aproximadamente el 0,2% está en conflicto con la ley penal (…) el SNEEP 2022 indica que el 52% de personas extranjeras recluidas se encuentran en prisión preventiva (sin condena) (…) el incremento de las prisiones preventivas se atribuye la Ley de Estupefacientes 23.737. (…) A diciembre de 2022, el 29% de las personas extranjeras detenidas presentaban imputaciones en causas vinculadas a la ley de drogas y contrabando de estupefacientes”.
De hecho, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación -creada mediante Resolución DGN N° 1858/2008 a los fines de promover “actividades orientadas a la defensa y protección de los derechos de los migrantes”- realizó un Boletín de Jurisprudencia (2024) titulado «Expulsión de personas migrantes. El trabajo de la Defensa Pública en la Protección de sus derechos». Allí presentó los 51 casos procesados administrativos y judiciales en contra de las personas extranjeras que se enfrentan a procedimientos de expulsión entre 2023 y 2024. “Son mayormente personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza”, aseguraron.
El Director Nacional de Migraciones (DNM), Sebastián Seoane, y el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, firmaron también un convenio especialmente para expulsar del país a los migrantes. ¡La instrumentalización de la justicia avanza! ¡Viva la xenofobia y el clasismo Carajo!
