Las audiencias públicas convocadas por los entes reguladores del gas y de la luz llegaron esta semana a su fin, un paso formal y obligatorio antes de que el Gobierno defina los nuevos cuadros tarifarios “de transición” del gas a nivel nacional y de la luz en el AMBA. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) llevan adelante el proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del período 2017-2022. En ese marco, el Ejecutivo viene proponiendo una “adecuación tarifaria transitoria”, con incrementos que tendrán un impacto mucho menor que los contemplados hasta 2022 en la RTI diseñada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Esta semana fue el turno de las audiencias convocadas por el ENRE. Su interventora, María Soledad Manin, abrió la primera jornada afirmando que el objetivo de la política tarifaria de cara al futuro es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y “no sobrecargar a los usuarios con facturas exorbitantes”. También criticó la política de reducción de subsidios y “dolarización de la energía” del período anterior y defendió el “sentido social” de las tarifas bajas en tanto subsidio indirecto a los comercios e industrias y mejora de los ingresos reales de la población.
En una línea similar se expresó el interventor del ENARGAS, Federico Bernal, en las audiencias del gas de hace dos semanas. En ellas, Bernal planteó el derecho constitucional y humano del acceso a tarifas asequibles. También criticó que en los análisis del sector energético “lo único que se pretende discutir es sobre su relación o impacto en la balanza comercial, con el déficit o superávit fiscal, con los niveles de producción de hidrocarburos, con los muchos, pocos o nulos subsidios”.
Manin y Bernal expusieron el pensamiento de un sector del Gobierno que no ve margen para que los usuarios residenciales reciban fuertes incrementos en las boletas de gas. Lo mismo para los usuarios de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por otro lado, no hay tiempo para otras alternativas, como la mentada segmentación tarifaria. Se espera que los aumentos sean anunciados en los próximos días y que se vean reflejados en las boletas de mayo.
En el caso de la electricidad en el AMBA, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, afirmó que el Ejecutivo no convalidará los aumentos que Edenor y Edesur piden y que la política tarifaria acompañará la recuperación de la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. “Obviamente no puedo decir un número, lo que quiero decir es que puede ser un 7%, un 9% o un 15%. Es un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios”, dijo Basualdo en una entrevista a Radio Con Vos.
El congelamiento de tarifas eléctricas en la región metropolitana de Buenos Aires rige desde marzo de 2019. Edenor y Edesur, las empresas concesionarias del servicio, explicaron en las audiencias que están pidiendo recomposiciones del 28 y 31% en las boletas de sus clientes residenciales, respectivamente. Alegan que por el desfasaje entre ingresos y costos sólo pueden cubrir sus costos operativos mínimos para poder brindar el servicio y dejaron de afrontar otras obligaciones como el pago de la energía a CAMMESA, de los impuestos y recortaron las inversiones.
La problemática del sector de distribución fue explicada en la audiencia del miércoles por Claudio Bulacio, gerente de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera). “Existe un atraso de dos años en el ajuste del VAD, única fuente de ingresos de las distribuidoras, quienes privilegiaron la prestación del servicio frente a otras obligaciones”, explicó Bulacio. El Valor Agregado de Distribución representa el 29% del valor de la factura de luz. Generación de electricidad (39%), transporte (2%) e impuestos (30%) representan el valor restante.
No obstante, Basualdo advirtió que las recomposiciones solicitadas esconden incrementos fuertes en los segmentos mayoritarios. “Edenor plantea recomponer sus ingresos en un 100% y esto se logra con un aumento promedio en la factura del 34%, pero si uno observa en detalle la propuesta de Edenor a los Residenciales 1 y 2, que explican cerca del 80% de la demanda residencial, se le aumenta al Residencial 1 un 157% y al Residencial 2 un 65%”, explicó el subsecretario de Energía Eléctrica. Por el lado del gas, habría un fuerte aumento para los clientes industriales y más moderado para los residenciales. Para estos últimos, el interventor del ENARGAS habría cerrado con las empresas distribuidoras un tope de incremento del 9% en las facturas, según reveló el portal EconoJournal.
Así planteados, los ajustes van en el sentido contrario de la pauta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, plasmó en el presupuesto 2021. Guzmán busca que la partida de subsidios energéticos se mantenga sin modificaciones sustanciales. Para eso, los aumentos en las tarifas deberían estar en línea con la inflación del 29% prevista para el presente año.
El presupuesto votado el año pasado contempla subsidios por 7.380 millones de dólares, distribuidos en 4.848 millones para generación de energía eléctrica y 2.270 millones para producción de hidrocarburos. Los primeros serán destinados a CAMMESA para que pague a los generadores por la energía de 2021. También fueron reservados 100.000 millones de pesos para levantar las deudas remanentes de distribuidoras y cooperativas eléctricas. Edesur y Edenor mantienen deudas con CAMMESA por $20.800 millones y $18.000 millones, respectivamente.
“Que el Estado nos subsidie a nosotros buena parte de la tarifa significa que se paga de alguna forma, con impuestos, o tomando deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio”, afirmó Guzmán hace un tiempo atrás.
