El Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta desvió más de la mitad de los fondos asignados originalmente al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo a otros gastos que poco y nada tienen que ver con ese fin. Se trata de unos dos mil millones de pesos que la administración porteña hizo pasar ante la ACUMAR, en 2019, como inversión destinada a la descontaminación del Riachuelo y el Camino de Sirga, pero que a la postre sirvieron para financiar otras áreas de gestión, en una suerte de ajuste encubierto. La campaña publicitaria oficial “Buenos Aires Verde”, obras sobre el Arroyo Medrano, y los sueldos y proyectos de ese año del Instituto de Vivienda (IVC) fueron disfrazados como ítems del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Ciudad.
La trampa administrativa forma parte de un informe de la Auditoría Porteña difundido ayer, que describe que el 54,58% de la inversión supuestamente destinada al PISA ese año (2.288 millones de pesos sobre un total de $5.277 millones) fueron desviados a “acciones no identificadas el saneamiento” de la Cuenca.
“Son fondos del presupuesto 2019 que el gobierno porteño había proyectado ante la ACUMAR como inversión en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, pero que terminó gastando, por ejemplo, en publicidad. O en obras hídricas que no están relacionadas con ese fin. Es decir, hace como que amplía el presupuesto ambiental, pero en realidad hace todo lo contrario. Lo cual es gravísimo, porque se trata de quitarle recursos al saneamiento del principal foco de contaminación del AMBA”, describió el auditor por el Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz, que firma el informe.
El gasto del Ejecutivo porteño destinado al saneamiento del Riachuelo está concentrado en el punto 60 del presupuesto, a través del programa PISA, que todos los años pasa por el filtro de la ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), que regula las acciones en ese sentido de tres patas: Ciudad, Provincia y Nación. A partir de 2015, y por primera vez, los tres Ejecutivos y la propia ACUMAR fueron controlados por la misma fuerza política, el Pro. El informe de Auditoría describe que, por lo menos a partir de 2017 en adelante, la ACUMAR aflojó los controles de esas partidas presupuestarias. Si bien se incrementaban a ritmo considerable todos los años, ese aumento en los montos no se destinaba precisamente al saneamiento en sí.
Una parte importante de ese presupuesto, por orden del fallo Mendoza de la Corte (que creó, además, la ACUMAR) debe ser destinado a la relocalización de familias del Camino de Sirga en nuevas viviendas populares construidas por el Estado. La razón es que están expuestas a la contaminación de las empresas, que continúan desechando residuos tóxicos a la Cuenca, sin controles suficientes. En ese ítem, dice el informe, si bien la Ciudad rindió ante ACUMAR incrementos presupuestarios, “los mayores montos se corresponden con obras que no están relacionadas con las relocalizaciones pendientes de ejecución en la ribera del Riachuelo”.
Para colmo, hacia fines de 2019 el Jefe de Gobierno porteño disolvió la Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR), que tenía como finalidad articular toda la política de licitaciones de obras para la Cuenca, en dos subsecretarías menores, lo que ”da cuenta de la falta de planificación en general en política ambiental del Gobierno de la Ciudad”, dice Teszkiewicz.
Como contracara del desfinanciamiento, el informe de la Auditoría da cuenta del nulo avance tanto en el plan de viviendas para las más de mil familias del Camino de Sirga que esperan ser relocalizadas hace más de una década y de la descontinuación de los testeos del nivel de plomo en sangre de quienes viven en la zona crítica, cercana a la contaminación.
“Se verificaron retrasos en la ejecución de viviendas para cumplir con las entregas del plan de urbanización previsto para relocalizar a los vecinos que se encuentran viviendo en áreas contaminadas. Tomando como base el Convenio Marco, todavía se encuentran pendientes de relocalización 1029 familias. Si se toma como referencia el Censo realizado por el IVC, faltan relocalizar 719 familias. El IVC informó que las viviendas faltantes son 1151”, precisa el informe.
Además, agrega, “no consta que el Ministerio de Salud haya efectuado evaluaciones toxicológicas para determinar el dosaje de plomo en sangre durante el período auditado”, es decir, durante todo el 2019. De hecho, la última información pública disponible al respecto data de 2018.
