Este jueves, la Legislatura porteña debatirá la aprobación de 16 convenios urbanísticos que permitirían la construcción de nuevas torres en más de la mitad de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho sienta un precedente peligroso que desde la oposición denuncian hace meses: la «compra de norma», una posibilidad (cada vez más real) de que las empresas constructoras acuerden con el Gobierno de la Ciudad convenios que permitan burlar los parámetros urbanísticos y adaptarlos a su medida. Aumentar alturas, construir al lado de edificios históricos o incrementar la superficie permitida, son solo algunas de las ventajas que sacarían las empresas al realizar convenios con el oficialismo porteño.
«Se trata de claras excepciones al Código Urbanístico. Nuestra ciudad tiene una triste historia en ese sentido, que queríamos olvidar. Parece que han vuelto», explicó el legislador Javier Andrade (Frente de Todos) en diálogo con este medio. «De acuerdo con nuestros cálculos, los convenios llegan a aumentar un 100 o 200% la capacidad constructiva de cada lote. A esto se suma la autorización de usos no permitidos en el sector, para no hablar del cambio en las tipologías, ya que permitir la construcción de torres eleva la rentabilidad de cada metro porque se cotiza mejor en el mercado».
Desde la oposición al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denunciaron el doble rasero del macrismo. «Nos habían dicho que con este Código se terminaban las torres sorpresa, pero ahora son más sorpresa que nunca, porque gracias a estas excepciones nadie sabe dónde pueden aparecer», agregó Andrade, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. «Queda a decisión del Poder Ejecutivo, que gracias a la mayoría automática que Juntos tiene en la Legislatura, los puede autorizar donde les guste sin discusión parlamentaria ni participación real de las y los vecinos».
Los nuevos convenios urbanísticos no solo aumentan las alturas permitidas sino que, en muchos casos, afectan las identidades barriales. Uno de los casos más resonantes en este sentido es el de la calle Campichuelo al 600, en el barrio de Caballito, donde las modificaciones del código «on demand» permitirán construir un edificio de 34 metros en un terreno donde el Código habilita solo nueve. Otro de los casos emblema del mal uso de los convenios es la parcela lindera a la histórica Iglesia Santa Catalina, ubicada en la Avenida Córdoba y San Martín, donde el GCBA busca habilitar la construcción de una torre de 72 metros.
«Los requisitos son prácticamente nulos y las contraprestaciones son tan amplias que resulta imposible hacer un seguimiento. Ni una palabra sobre planes de vivienda, espacios verdes ni urbanización de barrios populares», señaló Andrade. «Tampoco existe un plan de infraestructura que acompañe el crecimiento propuesto por Rodríguez Larreta. Se trata simplemente de facilitar escenarios de rentabilidad a los grandes desarrolladores inmobiliarios, una auténtica subasta al mejor postor de metros cuadrados construibles», concluyó.
