Este martes 1º de febrero organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y asociaciones judiciales convocan a movilizarse al Palacio de Justicia y a otras 30 plazas de todo el país, en reclamo por la independencia y la democratización del Poder Judicial. La marcha se produce en el marco del inicio del año judicial 2022 y busca darle continuidad a la ya realizada el 28 de diciembre pasado, que tuvo entre sus objetivos visibilizar el descrédito y la desconfianza ciudadana que prevalece sobre el máximo órgano de justicia.
“Un tribunal sin legitimidad y con uno de los mayores descréditos de que se tenga memoria”, señala el documento único elaborado por les organizadores de la marcha. “El reclamo de una democratización del Poder Judicial es la principal bandera de los trabajadores judiciales, no tenemos convenio colectivo de trabajo, nos rige un reglamento de la década del 50. Hay cuestiones propias del servicio de justicia que no funcionan, que requieren transparencia, perspectiva de género y federal, cómo y qué hace la Corte, cuáles son las causas que van a tratar, cuál es el criterio que se utiliza, cómo se establecen las prioridades”, resaltó Marieta Ureño Russo, secretaria general de SITRAJU, quien se movilizará a la plaza de Tribunales de la provincia de Tucumán.
La organización busca dar cuenta del carácter federal de la participación. “La convocatoria viene por parte de los sectores sindicales, pero fundamentalmente de los destinatarios del servicio de justicia. La respuesta a los derechos del pueblo es lenta y está mal estructurada”, dijo Matilde Bruera, integrante de Justicia Legitima Santa Fe.
El disparador de la convocatoria fue el fallo del 16 de diciembre en el que la Corte declaró inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, incidiendo en el funcionamiento de un órgano que debe ser regulado por el Congreso de la Nación. “La convocatoria busca resaltar las dificultades que existen para un litigio transparente frente a un Poder Judicial viciado, parcial, lejano a lxs justiciables y alineado con los sectores de la economía concentrada nacional y trasnacional», explicó Julia Ben Ishai, consejera estudiantil por la minoría de la Facultad de Derecho de la UBA.
Esta segunda movilización al Palacio de Justicia es convocada bajo el lema «Basta de impunidad». Entre sus reclamos exige “el fin del lawfare” y tiene como destinatarios principales a los Ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes conducen un poder del Estado y se encuentran sujetos por mandato constitucional a escuchar las peticiones de sus representados sobre todo considerando que se trata de uno de los poderes constituidos que no se somete al escrutinio popular.
“Las consignas son sumamente amplias pero muy contundentes: desde la democratización del Poder Judicial hasta la incorporación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales que tienen como patrón a la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no pueden negociar colectivamente”, añadió Natalia Salvo, abogada y docente universitaria de la UBA y UNPAZ.
En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con un alto grado de rechazo en diferentes sectores del país. “En nuestra sociedad, 8 de cada 10 argentinos y argentinas no creen en el Poder Judicial”, resaltó Salvo. ¿Será la organización popular el motor que recupere la confianza en el poder del Estado encargado de impartir justicia?
