Gerardo Morales es nieto de bolivianos, pero intentó cobrarle un arancel a los migrantes de ese país hermano que se atienden en los hospitales jujeños. El Gobierno lo aplaudió y desató una escalada diplomática apelando a una falacia que casi se convierte en ley. La comunidad boliviana en le país no olvida ni perdona, y les responde.

“La salud no es gratuita: alguien la paga”, disparó en pleno conflicto diplomático con Bolivia el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, congraciado con la postura oficial de recrudecer los ataques mediáticos y políticos contra el hermano país, que casi se termina por plasmarse en una legislación xenófoba.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había sido el encargado de tirar la primer piedra un mes atrás, cuando anunció que comenzaría a cobrar un seguro en los hospitales de esa provincia a los extranjeros que se allí se atienden, en su mayoría bolivianos. El Gobierno, reavivando fantasmas como los del Parque Indoamericano y tantos otros, calificó en la voz del jefe de Gabinete, Marcos Peña, como “valiente y justa” la medida impulsada por el contador radical. La bola xenófoba, simbólica para los medios y como política pública en salud, ya estaba corriendo.

El principal argumento esgrimido por el oficialismo giró en torno al “costo” económico que tendría para los argentinos brindar los servicios de salud las personas de otros países, lo que más tarde se comprobó como una falacia. El propio Morales sostendría que “hay no residentes bolivianos que están hace dos meses en el hospital”.

Sin esperar la apertura del período de sesiones ordinarias, el oficialismo decidió presentar un proyecto de ley para establecer la “reciprocidad” entre los estados como condición para mantener la gratuidad de los servicios de salud y de la educación pública para las personas de otros países en la Argentina. El proyecto fue presentado por el diputado mendocino Luis Petri y acompañado por otros 9 legisladores del interbloque Cambiemos. Empezaron entonces a surgir cifras que pusieron en duda los falsos rumores instalados en la agenda mediática. Según datos oficiales, en 2016, sólo el 0,03% de los nacimientos en los hospitales del país fueron de madres con residencia en el exterior. Y en el caso puntual de Jujuy, fueron el 0,44%.

Luis Romero, referente de la comunidad boliviana en Argentina e integrante de la Red de Líderes Migrantes, en diálogo con El Grito Del Sur  aseguró que este tipo de medidas “generan una reacción de xenofobia en ciertos sectores de la sociedad argentina”. “Yo podría decir que yo no soy migrante, yo no vine de otro continente, yo soy de este continente, yo soy quechua, los quechuas estamos en Perú, en Ecuador, Bolivia, yo soy originario”, agregó.

Luis sostuvo, además, que “el gobernador de Jujuy es descendiente de bolivianos, eso ya lo sabemos, a veces el peor enemigo lo tenemos adentro, y en este caso, este personaje ni siquiera se hace cargo de su pasado, es muy triste. Uno puede recurrir a un montón de argumentos que tienen que ver con un pasado común así que hacer foco en estas cosas es tener una mentalidad muy estrecha”

Las organizaciones dedicadas a la cuestión de las migraciones alzaron la voz en protesta. Desde CAREF (Comisión Argentina para los Refugiados e Inmigrantes), remarcaron que “Observamos que como en ningún otro momento en la historia (…) existe la orientación a impulsar y respaldar medidas discriminatorias por motivos de nacionalidad, y los ejemplos abundan: apertura de una cárcel para migrantes en agosto de 2016; modificación de la Ley Nacional de Migraciones a través del DNU 70/2017, que lesiona el derecho de defensa y el debido proceso buscando expulsar en el lapso de tres días a personas migrantes con antecedentes penales, sean estos graves o menores, sin importar su situación familiar o su permanencia en el país, en enero del año pasado; y los cambios producidos en el programa para pequeños productores Cambio Rural -en septiembre de 2017-, excluyendo del acceso a dicho programa personas extranjeras y sus familias”.

Por su parte, la campaña “Migrar No Es Delito”, también expresó su repudio. “El proyecto presentado por el diputado Luis Petri activa la xenofobia. Desde esta perspectiva, lxs argentinxs pagan con sus impuestos los gastos de lxs migrantes. Sin embargo, lxs ciudadanxs extranjerxs pertenecemos a esta sociedad. (…) Según datos de la Universidad Tres de Febrero, lxs migrantes en la Argentina aportamos entre 1000 y 1500 millones de pesos de IVA al año. Por tanto, si nosotrxs aportamos día a día en la construcción del país, vale preguntarse entonces: ¿En qué aporta la bicicleta financiera de los grandes capitales transnacionales; el pago constante de la deuda externa; el recorte a las jubilados; las tierras regaladas en el sur a Lewis y Benneton, el gran gasto del Estado nacional en call-centers y trolls?”.

El roce internacional ya estaba desatado y pronto el presidente boliviano, Evo Morales, salió a aclarar la situación. “Los hermanos argentinos que viven en Bolivia van a tener el mismo tratamiento que los hermanos bolivianos que viven en Argentina, somos de la patria grande”, dijo. Y a partir de este momento todo serían malas noticias para el gobierno.

Tras el papelón a nivel internacional, también las autoridades de varias provincias de nuestro país -entre ellas Formosa, Chaco, Cordoba, Mendoza- sostuvieron que no marcarían diferencias en el tratamiento de salud para extranjeros y argentinos.

Y, como golpe definitivo, se desató un fuerte debate por la iniciativa dentro de la alianza gobernante. Los radicales, con fuerte interés y raigambre en el ámbito universitario, alzaban su voz en pos de parar la medida. Se encargaron de demostrar que la incidencia de los estudiantes extranjeros es muy escasa en las economías universitarias por lo que el planteo de arancelamiento peligraría la idea de la universidad pública y gratuita -costo enorme-, con ningún beneficio.

Así, con una catarata de críticas a su alrededor y con el costo político a cuestas, el presidente y su mesa chica debieron desistir y mandar al diputado a retirar el polémico proyecto.