En un panorama de recrudecimiento en las posturas anti derechos, el 8 de agosto se votará en el Senado si la interrupción legal del embarazo pasa a ser ley o no. Cuál es la situación de cara a la final del mundial de las pibas.

Luego de meses de avances, dudas, retrocesos, poroteos, indecisos, llantos, risas y una clara victoria popular en la calle, se acerca la votación final que definirá si la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) pasaría a ser ley. El martes 31 de julio se llevará a cabo la última jornada de debate y exposición en la Cámara de Senadores. Luego se deberá decidir el dictamen oficial para el 1ro de agosto, que será votado el miércoles 8 en la cámara alta.

La posibilidad de hacer tangible la ampliación de derechos para los cuerpos gestantes tensionó el debate luego de la media sanción en Diputados. Con mayores presiones, fuerte presencia de la iglesia, ataques callejeros a quienes llevaban pañuelos verdes y  amenazas a las representantes, los sectores anti derechos buscaron reafirmar su presencia luego de la multitudinaria movilización popular del 13j.

Luego del pañuelazo y la reunión que tuvieron representantes de diferentes gremios y militantes de la “Campaña por el derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito” con sus autoridades, la CGT debió aclarar que no habría tomado un posición institucional a pesar de los dichos de algunos de sus miembros.

Algunos sindicalistas, entre ellos Pablo Moyano, aprovecharon que la media sanción no daba detalles de cómo iba a quedar afectado el erario público para decir que no podrían responder económicamente el costo que tendrían las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo en las obras sociales. En el diario Página/12 la periodista Roxana Sandrá responde a este planteo: “Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no sólo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43 por ciento de lo que destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones”, contesta citando los informes de la senadora Nancy Gonzalez “El costo del aborto inseguro”.

Foto: Abril Pérez Torres

La tensión por la disparidad de opiniones del bloque oficialista recrudeció luego de la media sanción en la Cámara de Diputados. La estrella del debate fue la presidenta de la cámara de Senadores, Gabriela Michetti, quien dio declaraciones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo incluso en caso de violación. Esta situación ya había sido contemplada y legislada dentro del protocolo de interrupción legal del embarazo del 2015 que permitía el aborto por causales y era un debate saldado judicialmente en nuestro país desde el emblemático Fallo F.A.L (2012).

Mauricio Macri evadió las preguntas que se le hicieron en la última conferencia de prensa luego de las acusaciones de Elisa Carrió, quien dijo que el presidente había abierto el debate especulando en que no sería aprobado. Frente a las cámaras Macri sólo dijo “Pienso que lo importante es valorar lo que estamos logrando. Algo que era tabú, de lo que no se podía hablar, lo estamos debatiendo como corresponde”. Aunque ya difundió públicamente que no vetaría la ley en caso de que se apruebe, la presión de los antiderechos recae hoy sobre el presidente. El 30 de julio habrá una movilización de los sectores antiderechos hacia la Quinta de Olivos.

En paralelo tres senadores cordobeses Carlos Caserio (PJ), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Cambiemos), buscan impulsar una tercera posición. Con un nuevo proyecto más blando quieren “destrabar” el debate y conseguir una mayoría. Este proyecto, a diferencia del aprobado en la Cámara de Diputados, permitirla la objeción de conciencia institucional, correría el limite de la intervención hasta la semana 12 en vez de la 14  y quitaría la pena de prisión de tres meses a un año de habilitación por el doble de tiempo a los médicos que dilaten, obstaculicen o se nieguen a realizar prácticas abortivas.

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En la sesión del 18 de julio la Legisladora por Cambiemos Silvia Elías de Pérez habló insistentemente de que ciertos profesionales que expusieron a favor de la legalización estarían respaldados económicamente por una empresa estadounidense, más específicamente el IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar). Luego de preguntar uno por uno a varios expositores por sus vínculos con dicho ente la senadora reafirmó que su miedo era porque el IPPF  “trafica órganos de fetos”. En entrevista con el diario Clarín la funcionaria afirmó que “Todos sabemos que los hospitales públicos están colapsados. El negocio va a ser abrir grandes clínicas privadas y así va a empezar el tráfico”.

Los senadores María Fiore Viñuales (Partido Renovador-Salta) y Guillermo Snopek (PJ-Jujuy) vincularon al ministro de salud Adolfo Rubinstein con esta misma organización, razón por la cual intentaron impugnar su presentación en el senado el día 24 de Julio. En la carta presentada ante el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR.-Jujuy), ambos senadores reclamaron que impida la intervención de Rubistein por posibles influencias que el Poder Ejecutivo pueda pretender realizar en la toma de decisión de los legisladores. Sin embargo, el pedido fue desestimado por Fiad y el ministro de Salud participó de la sesión de este martes.

Durante su intervención, Rubinstein dijo que no se trataba de fijar “una posición personal sobre el tema”. “Es un problema de salud pública del país y por eso vine a darles datos”, aclaró y en su discurso reforzó esta idea planteando que “la ley va a bajar de manera dramática los costos de complicaciones por abortos clandestinos”, sellando un falso debate lanzado por el sector anti-derechos.

Foto: Catalina Distefano

Aunque en el debate de la cámara alta (al igual que sucedió en la cámara baja) la mayoría de los expositores fueron varones,  el periodista Mariano Obarrio -quien participó en la sesión del 18 de Julio- dijo que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo “no tiene en cuenta el derecho de los hombres, tanto que se habla de igualdad de género”. Obarrio tampoco dudó en decir que la legalización del procedimiento “crea un incentivo para que aumenten los abortos”.

Entre las intervenciones a favor de la ampliación de derechos que se escucharon durante el debate en Senadores, se destacó la alocución de la ex jueza mendocina Aída Kemelmajer, quien participó durante una hora de la sesión el miércoles 11 de julio. Kemelmajer contó su experiencia en el 2006, cuando obligó a un hospital público a interrumpir un embarazo de una joven discapacitada y abusada. Dicha institución se negaba a cumplir con lo que prevé el artículo 86 del Código Penal.

Por ahora, el poroteo estimado cuenta con 30 votos a favor con 3 indecisos posibles positivos, 27 en contra con 3 posibles ausentes, 8 indecisos con probabilidad de votar en contra y una abstención. Dejándole, en caso de empate, la definición a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti.